Rechazamos la presencia de tropas estadounidenses en Colombia: la soberanía del territorio nacional no se negocia

Bogotá, 28 de octubre de 2026 – Las organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos firmantes rechazamos la llegada de más de 300 integrantes de las Fuerzas Armadas Estadounidenses con el objetivo de participar en el ejercicio militar multinacional Vanguardia del Sur 2026, previsto entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Defensa, el entrenamiento contempla actividades conjuntas entre el Ejército Nacional y las fuerzas militares estadounidenses en materia de lucha contra el narcotráfico, explotación ilícita de yacimientos mineros, amenazas asociadas con sistemas aéreos no tripulados y evacuaciones médicas. Aunque estas actividades se presentan como parte de la cooperación militar entre ambos países, consideramos necesario cuestionar sus implicaciones políticas, constitucionales y estratégicas para la soberanía nacional.

El entrenamiento conjunto con fuerzas militares extranjeras implica compartir conocimientos, capacidades, procedimientos y doctrinas que pueden incidir en la forma en que el Gobierno nacional concibe y ejecuta su política de seguridad. Prácticas que pueden generar dependencias estratégicas y condicionar la autonomía nacional para definir prioridades de forma autónoma, orientar capacidades militares y tomar decisiones de acuerdo con las realidades del país. Por ello, la cooperación militar con Estados Unidos debe someterse al escrutinio público, al control democrático y al cumplimiento estricto de las obligaciones constitucionales, garantizando que las decisiones sobre la defensa nacional respondan a los intereses soberanos de Colombia y no queden supeditados a agendas estratégicas externas.

La cooperación internacional no puede convertirse en una vía para subordinar las decisiones nacionales a los intereses de Estados Unidos en la región. Colombia tiene el derecho y la obligación de definir soberanamente sus prioridades de seguridad, atendiendo a las necesidades de la población y la garantía de los derechos humanos. La experiencia histórica de las relaciones militares entre Colombia y Estados Unidos exige una discusión pública seria sobre los alcances, los resultados y las consecuencias de este tipo de cooperación. La lucha contra el narcotráfico, la minería ilícita y otras economías criminales no puede reducirse a una respuesta predominantemente militar ni servir de justificación para profundizar modelos de seguridad que desconocen las realidades territoriales, las demandas de las comunidades y las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

Asimismo, la ejecución de estos ejercicios plantea interrogantes que el Gobierno nacional debe responder con claridad: ¿qué mecanismos de supervisión y rendición de cuentas se han establecido? y ¿qué garantías existen para asegurar que todas las actividades se desarrollen bajo las indicaciones Constitucionales de la ley colombiana y el respeto por los derechos humanos? El cumplimiento de los procedimientos constitucionales surge porque el artículo 173 (numeral 4) de la Constitución Política Colombiana establece que la competencia principal y exclusiva para permitir el tránsito de tropas extranjeras le corresponde al Senado de la República. Por lo tanto, cualquier intento del Ejecutivo por autorizar operaciones militares bilaterales directamente, omitiendo al Legislativo, significa una violación flagrante a la separación de poderes y a la soberanía nacional. La llegada de tropas estadounidenses exige claridad sobre las condiciones jurídicas y políticas que la autorizan, el alcance de las actividades que desarrollarán, las responsabilidades de los mandos involucrados y los mecanismos de control aplicables durante su permanencia en el país. 

Reafirmamos que la soberanía nacional no se limita al control formal del territorio, implica la capacidad efectiva de decidir sobre el destino del país, establecer prioridades en materia de seguridad autónomas y garantizar que las relaciones internacionales respondan al interés público y no a imposiciones de gobiernos externos. 

Por estas razones, exigimos al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa:

• Hacer pública la información completa sobre los acuerdos, compromisos, protocolos y condiciones que sustentan el ejercicio militar Vanguardia del Sur 2026, incluidos sus objetivos, alcances operacionales y mecanismos de seguimiento de modo que la clasificación de estas actividades como ejercicios de entrenamiento no termina excluyendo del control democrático decisiones que comprometen la soberanía nacional.
• Someter las decisiones de cooperación militar internacional al control democrático efectivo, garantizando la información oportuna al Congreso de la República y a la ciudadanía, en el marco de sus respectivas competencias.
• Abstenerse de profundizar acuerdos o actividades militares que comprometan la autonomía nacional sin deliberación pública suficiente, garantías jurídicas y evaluación de sus consecuencias para los derechos humanos y la construcción de paz.
• Reorientar las políticas de seguridad hacia la protección integral de la población, el fortalecimiento de las instituciones civiles, la prevención de las violencias y la atención de las causas estructurales del conflicto, sin subordinar las prioridades nacionales a agendas militares extranjeras.

Hacemos un llamado al Congreso de la República, a las organizaciones sociales, a los sectores académicos y a la ciudadanía al escrutinio público sobre el alcance de la cooperación militar con Estados Unidos y sus implicaciones para la soberanía nacional. También invitamos a los organismos de control a examinar, dentro de sus competencias, la legalidad y las garantías institucionales de estas actividades.

Colombia necesita garantías para la paz y los derechos, no una normalización de la dependencia militar. La soberanía nacional exige participación ciudadana, control democrático y autonomía frente a cualquier potencia extranjera.

• Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)
• La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
• Plataforma DESCA
• Asociación Minga
• Humanidad Vigente Corporación Jurídica
• Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB)
• Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
• Colectivo de abogadas y abogados Jose Alvear Restrepo (CAJAR)
• Corporación Jurídica Libertad (CJL)
• Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP)
• Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
• Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
• Corporación Jurídica Yira Castro