Presentación de la investigación “Mercantilizar la vida: mercados de carbono en la Amazorinoquía”

La Red por la defensa del territorio y la paz –Red Llanos & Selva–, compuesta por diez organizaciones de derechos humanos^[1], realizó el pasado 12 de mayo, en la ciudad de Villavicencio, la presentación de la investigación “Mercantilizar la vida: mercados de carbono en la Amazorinoquía”. El estudio aborda los mercados voluntarios de carbono en los departamentos de: Vaupés, Guainía, Guaviare, Putumayo, Casanare, Meta, Arauca y Vichada. Este trabajo de documentación e investigación aporta a la comprensión crítica sobre lo qué son los mercados de carbono, cómo funcionan y cuál es su estado actual en Colombia, particularmente, en los departamentos referidos.

Para esta investigación se utilizaron fuentes secundarias a través de repositorios, reportajes periodísticos, y publicaciones de organizaciones sociales y ambientales. De igual forma, se accedió a fuentes primarias a través de derechos de petición, consultas a documentos oficiales y entrevistas con comunidades, investigadores y funcionarios públicos. Además, se realizó trabajo de campo orientado a examinar los principales estándares utilizados en Colombia para certificar proyectos de carbono.

El informe plantea que los mercados de carbono no son una respuesta real frente a la crisis climática, en la medida en que tienden a reducir el problema a mecanismos eminentemente técnicos, como cálculos de emisiones, modelos de medición o sistemas de certificación. En consecuencia, se dejan de lado las transformaciones estructurales necesarias en la economía, los patrones de producción y consumo, así como en las relaciones de poder que contribuyen a reproducir la crisis ambiental.

En esta misma línea, la investigación sostiene que el discurso sobre los bonos de carbono ha desplazado la atención de la responsabilidad de las grandes empresas y los países altamente contaminantes hacia los cálculos técnicos sobre cuánto carbono se emite y cuánto se captura. Bajo esta lógica, una tonelada de carbono emitida sería equivalente a una tonelada de carbono capturada. Es decir, que, si una empresa o país logra compensar sus emisiones mediante créditos de carbono, su actividad aparece como ambientalmente neutra. De esta forma, el modelo de producción queda disfrazado como un “capitalismo verde” que legitima y justifica la continuidad de prácticas de explotación y contaminación ambiental.

En efecto, según la investigación, compañías como Exxon Mobil, Shell, Chevron, Coal India o Saudi Aramco –que figuran como las mayores responsables de emisiones a nivel mundial– aparecen como las principales compradoras de créditos de carbono, algunos de ellos desarrollados en Colombia. Esto les permite continuar realizando operaciones altamente contaminantes mientras compensan parte de sus emisiones mediante este mecanismo. En consecuencia, proyectan una imagen de sostenibilidad ambiental que encubre estrategias de “greenwashing”, mediante las cuales las empresas hacen creer que sus productos, servicios o políticas corporativas son ecológicos y respetuosos con el medio ambiente cuando en realidad no lo son.

Mientras tanto, la crisis ambiental se sigue profundizando y el incremento de la temperatura global sigue aumentando. En este escenario, son las comunidades y territorios más empobrecidos quienes tienen que cargar de manera desproporcionada con los efectos devastadores del cambio climático. A ello se suman los impactos derivados de la implementación de proyectos de carbono. Informes nacionales e internacionales alertan sobre compras de tierra a precios injustos o con presiones indebidas, desplazamiento de familias campesinas o indígenas, contratos con obligaciones desproporcionadas y restricciones sobre el uso del territorio, entre otras problemáticas.

En sintonía con la investigación realizada por el Cinep en el Chocó^[2], este informe encuentra que proyectos como REDD+^[3] han replicado prácticas  asociadas a modelos de explotación de la naturaleza: opacidad en las negociaciones, acuerdos confusos y engañosos, afectaciones a la autonomía comunitaria, pérdida de control territorial y subordinación de las comunidades frente a los intereses privados. En este sentido, estos modelos se perfilan como formas de “extractivismo verde sofisticado” o “colonialismo verde”. Casos como ACATISEMA en la selva de Matavén, ilustran los conflictos que genera este tipo de proyectos, situación que derivó en la sentencia T-248 de 2024, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó proteger el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

En conjunto, el informe constituye un aporte importante para comprender la expansión de los mercados de carbono en Colombia y los conflictos que pueden surgir alrededor de ellos. Una de sus principales fortalezas radica en articular discusiones globales sobre la crisis climática con experiencias concretas de comunidades y territorios de la Amazorinoquía. Si bien privilegia una mirada crítica sobre estos mecanismos sin profundizar en las posiciones que los defienden, ofrece herramientas valiosas para reflexionar sobre los alcances, límites y consecuencias de las “soluciones” de mercado frente al cambio climático.

En un contexto en el que los mercados de carbono continúan aumentando su relevancia económica y su cobertura geográfica, resulta esencial comprender su lógica, funcionamiento e impactos. En este sentido, “Mercantilizar la vida: mercados de carbono en la Amazorinoquía”, se posiciona como una investigación relevante y situada, que permite aproximarse críticamente a la expansión de estos mecanismos en Colombia.

Gracias al esfuerzo investigativo, el informe permite identificar quiénes participan en estos mercados, cuáles son sus intereses, y de qué manera sus dinámicas afectan a las comunidades y territorios de la Amazorinoquía. Así mismo, el documento invita a reflexionar sobre las contradicciones internas de estas estrategias climáticas y sobre una pregunta de fondo ¿Los mercados de carbono son un mecanismo efectivo y eficiente para desacelerar el cambio climático, o, por el contrario, su propia lógica interna legitima y reproduce el modelo de producción y explotación capitalista que sostiene la crisis climática global?

^[1]Organizaciones que integran la Red Llanos y Selva: -Corporación vínculos; Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Corporación Jurídica Yira Castro, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Pastoral Social Diócesis de Granada en Colombia, CINEP-PP, Corporación Vida y Paz, Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y Corporación Jurídica Humanidad Vigente-

^[2] Vorágine, En Chocó los bonos de carbono esconden un “extractivismo verde sofisticado”, 13 de mayo de 2026, https://voragine.co/historias/investigacion/en-choco-los-bonos-de-carbono-esconden-un-extractivismo-verde-sofisticado/.

^[3] Los proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), es un mecanismo internacional impulsado por las Naciones Unidas que busca que comunidades de todo el mundo reciban compensaciones económicas cuando logren demostrar que están protegiendo los bosques. Luego de un proceso de verificación del trabajo de conservación, se emiten bonos de carbono para ser vendidos en el mercado global.