Niños, niñas y jóvenes en el Postconflicto: las necesidades y retos en la implementación del Acuerdo Final
Humanidad Vigente Corporación Jurídica, en el marco de su trabajo por la defensa y promoción de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Colombia, y como organización comprometida por adelantar un seguimiento al proceso transicional que está viviendo el país en virtud del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP en materia de niñez, se permite presentar la tercera de una serie de reflexiones que suscita lo acordado, y los retos que representa el postconflicto para este grupo poblacional que ha sufrido durante tanto tiempo las consecuencias nefastas de las hostilidades en nuestros territorios.
El fin de un conflicto armado tan complejo como el colombiano que ha durado más de 50 años, no puede ser indiferente al marco obligacional, tanto convencional como constitucional en materia de los deberes estatales permanentes y perentorios frente a la niñez. Si bien, el Acuerdo Final se preocupa por incluir el enfoque diferencial etario y por resaltar las necesidades y derechos de niñas, niños y jóvenes en Colombia, esta intención es bastante abstracta y corre el riesgo de tornarse marginal al momento de la implementación.
Por eso, el primer llamado que se hace es precisamente que la implementación de todo lo acordado, debe focalizarse, por un lado, en reconocer la complejidad de la vulneración histórica y estructural contra todas nuestras niñas y niños. Pero al mismo tiempo, debe concentrarse en intervenir cada uno de los escenarios que han permitido, en el marco del conflicto armado, que las hostilidades acentuaran dicha discriminación, estigmatización y vulneración histórica. Ello requiere medidas transversales sobre la base de un análisis integral y prevalente, donde la justicia restaurativa sea la plataforma que conduzca a soluciones eficaces para superar las circunstancias de desigualdad y exclusión social que por años han afectado a las niñas, niños y jóvenes colombianos.
En el marco del punto 1 de la Reforma Rural Integral, resulta fundamental que a la luz del principio convencional, legal y constitucional de participación, se garantice la voz e intervención activa de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y sus necesidades, teniendo en cuenta la superación de otros factores simultáneos de discriminación. Esta garantía debe ser por supuesto permanente y no regresiva, y debe convertirse en plataforma que permita materializar el objetivo de no repetición. Igualmente, deben tenerse en cuenta enfoques integrales que respondan a las realidades diferenciadas de los territorios, tales como los saberes, conocimientos tradicionales y prácticas locales de las diferentes comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, donde el papel de los niños, niñas y jóvenes debe ser protagonista.
En conexión con lo anterior, en cuanto a lo acordado en el Punto 2 del Acuerdo Final para la Inclusión y Transformación Política, es fundamental atender al derecho convencional, constitucional y legal de participación activa de niños, niñas y jóvenes, quienes deben ser reconocidos como agentes activos en el fortalecimiento del pluralismo político y la democracia. Sus derechos políticos, si bien son progresivos, deben ser garantizados sin discriminación ni censura. Por ello es clave, el empoderamiento de ellos a través de las organizaciones sociales en todos los niveles, pues ello permitirá espacios de conocimiento y afirmación de sus potencialidades, derechos y libertades fundamentales para que se hagan efectivas mediante su ejercicio material.
El punto del Fin del Conflicto, en lo relacionado con la expresa condena al reclutamiento y utilización de niños, niñas y jóvenes menores de edad, es fundamental tener en cuenta que las estrategias para resarcir dicho flagelo no deben limitarse a identificar la presencia de estos como parte de grupos armados; también deben ser analizados cada uno de los contextos, factores y condiciones que han permitido su vinculación directa o indirecta en tales grupos o conductas, incluyendo una especial atención a las estructuras armadas post desmovilización, cuyo fenómeno resulta en una nueva forma de afectación diferenciada a niñas, niñas y jóvenes en los territorios más vulnerables. Por ello es fundamental que exista la voluntad de las entidades del Estado para adoptar medidas eficaces para combatir y desmotar de raíz estas estructuras armadas ilegales, como materialización de la garantía de no repetición.
En cuanto al punto sobre Solución al Problema de las Drogas de uso ilícito, debe resaltarse que las medidas de apoyo por parte del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS- estarán condicionadas al cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los cultivadores y las cultivadoras en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra. En tal suerte, los niños, niñas y jóvenes, no podrían ser beneficiarios directos de dichos programas si su núcleo familiar decide no acogerse a los compromisos exigidos por el Acuerdo Final. Esta lógica constituye una evidente falencia que debe ser subsanada en la etapa de implementación, donde la prevalencia de los derechos de la niñez y el condicionamiento en la garantía de tales para la superación de situaciones estructurales de vulneración no sea un obstáculo en la etapa transicional.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición debe tener en cuenta que cada una de las formas de vulneración a los derechos de niñas, niños y jóvenes ocurridas en el marco del conflicto armado estuvieron acompañadas por múltiples factores como la marginalidad, la vulnerabilidad y la discriminación histórica, además de las múltiples formas de violencia estructural tanto explícitas e implícitas acentuadas por el conflicto armado. Estas violaciones a los derechos fundamentales deben ser reconocidas, y debe darse especial énfasis en la niñez campesina, afrodescendiente e indígena, que además de la vulneración relacionada directamente con el conflicto, han tenido que enfrentar situaciones estructurales y persistentes de discriminación por motivos de condición económica, raza, etnia, género, sexo, discapacidad, origen territorial, entre otros.
La opresión por género además de un problema estructural de nuestra sociedad, se ha visto especial y gravemente acentuada durante la guerra. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes han tenido que enfrentar múltiples formas de violencia: desde la vinculación a los grupos armados donde se han visto obligadas a responder a roles patriarcales tradicionales, hasta la violencia sexual, abortos forzados, y la marcación de sus cuerpos como campos e instrumentos de guerra por los actores que han intervenido en el conflicto.
Debe también reconocerse la doble connotación que ha caracterizado a niñas, niños y jóvenes reclutados ilícitamente por los grupos armados. Esa confluencia situacional como víctimas y victimarios (especialmente cuando han cumplido la mayoría de edad) ha significado la estigmatización de quienes, por diversas circunstancias, han sido conducidos a entrar en el conflicto como actores activos y a permanecer de manera indefinida en las hostilidades.
Es por ello, imprescindible, la aplicación de un enfoque transformador que tenga en cuenta las circunstancias históricas de desigualdad, y la forma en que ellas se han visto exacerbadas por el conflicto. Ello permitirá pensar en medidas judiciales, administrativas y políticas que realmente permitan superarlas como una forma de garantizar no sólo la reparación integral, sino también y sobre todo, la no repetición de los hechos.
Aunque el Acuerdo Final representa un hito, no solo para la historia de nuestro país sino también para el mundo, existen falencias y ausencias que deben ser advertidas y reconocidas, ello permitirá aplicar medidas materiales que permitan superar los obstáculos que estas comportan al momento de la implementación. Desconocerlo sería tanto como aplicar paños de agua fría al gran problema de desigualdad, exclusión y segmentación en materia de garantía de derechos en todo el territorio, en especial, de aquella parte que constituye el mayor valor de una sociedad, las niñas, niños, y jóvenes. En el marco de la implementación y verificación, es fundamental la participación directa y activa de ellos, y promover su protagonismo durante todas las etapas del postconflicto.
A la luz de estas reflexiones, seguiremos atentos, al proceso de post conflicto en cada una de las medidas y contextos que afecten directa o indirectamente los derechos de las niñas, niños, y jóvenes de Colombia.