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Las víctimas exigimos garantías para sobrevivir a la cuarentena en condiciones dignas

Las víctimas y las organizaciones abajo firmantes exigimos al Gobierno Nacional implementar medidas humanitarias especiales y urgentes para afrontar la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 de manera digna.

15 de abril de 2020

Según el Registro Único de Víctimas (RUV) en Colombia somos 8’989.570, de las cuales 7’261.998[1] cumplimos con los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación que el Estado debe garantizar. Cabe mencionar que dentro de esta cifra se estima un subregistro de 25,8%, posiblemente por la falta de información (51,3% de las personas), las amenazas o el miedo (35,1%) o la decisión de no declarar (12,4%).

Somos madres cabeza de hogar, adultos de la tercera edad, algunos en edad avanzada y en abandono, campesinos y campesinas, personas que viven solas, pertenecientes al sector de trabajadores informales (empleadas del servicio doméstico, ventas al menudeo, alimentos, frutas a menor escala).  Pagamos alquiler del lugar habitacional, servicios públicos y el sostenimiento alimenticio de nuestro núcleo familiar. Personas desempleadas y empleadas, pero sin garantías laborales, con grupos de familias extensas, con adultos mayores, personas con discapacidad y condiciones de salud complejas, entre otras.

Hasta el momento, de las acciones anunciadas por el Gobierno, no existe ningún decreto o medida diferencial para las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, desconociendo que somos una población que históricamente se ha visto obligada a vivir en condiciones de pobreza extrema.

El 12% de la población colombiana ha sido desplazada, esto quiere decir que de cada 8 colombianos 1 ha tenido que abandonar su territorio a causa de la violencia, despojándoles de su derecho a vivir del trabajo en el campo y obligándoles a sostenerse con empleos informales en las ciudades.

En Colombia, la proporción de población pobre es superior dentro de los hogares víctimas de desplazamiento forzado (63,8%) en relación con la población en general (25,0%). Esta situación es similar en materia de línea de pobreza extrema pues el 33% de la población víctima de desplazamiento forzado se encuentra en pobreza extrema, mientras que en el escenario colombiano el porcentaje en esa materia es de 7,4%[2].

Estas cifras son una muestra de que las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica somos la población más pobre del país, por ello es inconcebible que no existan medidas especiales para tratar de manera efectiva e inmediata la situación de vulnerabilidad en la que llevamos viviendo más de seis décadas y que con este contexto se agudiza.

Por otra parte, cabe resaltar que de todas las personas que el Estado reconoce como víctimas, el 81% no contamos con una vivienda en condiciones dignas y   aproximadamente el 52% de los hogares desplazados habitamos viviendas en zona de riesgo, con hacinamiento, asentamientos ilegales, sin algún servicio público básico o con materiales inadecuados[3].

Sin techo, sin trabajo, sin tierra y sin condiciones de vida digna, somos también la población más propensa a contraer el coronavirus.  De todas las víctimas que el Estado reconoce 978.560 somos adultos y adultas mayores de 61 años.

Además, la prolongación del aislamiento preventivo hasta el 27 de abril pone en riesgo nuestra vida, pues gran parte de las víctimas de este país nos hemos convertido también en defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas en nuestras comunidades y por esta labor hemos sido objeto de amenazas y estigmatizaciones.

Durante la cuarentena hemos tenido que confinarnos, en muchos casos sin garantías de seguridad, exponiéndonos a que las estructuras paramilitares, en complicidad con el Estado, atenten contra nuestras vidas para sembrar el miedo en nuestras comunidades y procesos organizativos.

Por estas razones solicitamos al Gobierno Nacional que diseñe y aplique de manera articulada con las autoridades regionales (gobernadores/as y asambleas departamentales) y municipales (alcaldes y concejos municipales), políticas de priorización donde las ayudas, subsidios y apoyos se dirijan de manera urgente a las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, con el propósito de evitar situaciones de revictimización.

Cabe mencionar que gran parte de las víctimas de crímenes de Estado nos encontramos en el subregistro del RUV, por tanto, se hace necesario ampliar los criterios de priorización de las personas y comunidades víctimas en condición de vulnerabilidad e implementar una estrategia para disminuir este subregistro.

A su vez, consideramos urgente que, en cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas[4] y de las obligaciones legales[5] del Gobierno Nacional, se convoque a la mesa de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que debe encargarse de diseñar una política pública para desmontar el paramilitarismo y así preservar la vida de quienes defendemos los derechos humanos.

Exigimos que el gobierno de Iván Duque reconozca las condiciones a la que las víctimas estamos expuestas actualmente y asimismo actúe para garantizar que sobrevivamos a la cuarentena nacional.

 

Suscriben:

  1. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice
  2. Ancianos desplazados y asesinatos de sus hijos dentro del conflicto armado – Asoadean
  3. Anthoc seccional Tolima
  4. Asoagros, Valle del Cauca
  5. Asociación Agroambiental Colombiana – Asacol
  6. Asociación de Hombres y Mujeres de Triana
  7. Asociación de víctimas de Altamira, corregimiento de Betulia Antioquia – Asamalt
  8. Asociación de Víctimas de la violencia Santa Fe de Antioquia – Asovisan
  9. Asociación de Víctimas de Venecia – Aviven
  10. Asociación de Víctimas municipio de Itagui Asonuevorenacer
  11. Asociación de Víctimas por la paz – Aspaz
  12. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS
  13. Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indigenas – Anmucic, Nariño
  14. Asociación Nomadesc
  15. Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria de Medellín
  16. Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, Nariño
  17. Colectivo 16 de mayo, Barrancabermeja.
  18. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar
  19. Colectivo socioambiental juvenil de Cajamarca – Cosajuca
  20. Comité de Mujeres Corteras de la Caña
  21. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – Cceeu
  22. Corporación Ágora Club de Pasto (Nariño)
  23. Corporación Colombia Visión Sur
  24. Corporación Jurídica Libertad – CJL
  25. Corporación Jurídica Yira Castro
  26. Corporación Memoria y Paz de Buenaventura
  27. Corporación para el Desarrollo Regional, Valle del Cauca
  28. Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana – CEAC
  29. Corporación Plural de Cali
  30. CPDH Caldas
  31. CPDH Valle del Cauca
  32. El Toldado Mencolde, Tolima
  33. Fundación comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Fcspp
  34. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Fcspp, Tolima
  35. Fundación del Sur Occidente y macizo colombiano – Fundesuma
  36. Fundación Guagua
  37. Fundación Muru
  38. Fundación para el Desarrollo y el Bienestar Social
  39. Fundación Pasos
  40. Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad
    Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
  41. Humanidad Vigente Corporación Jurídica
  42. JUCO Caldas
  43. Juventud Comunista – JUCO, Nariño
  44. Memorias de Fuego
  45. Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas de Antioquia
  46. Movice Capítulo Antioquia
  47. Movice Capítulo Atlántico
  48. Movice Capítulo Bogotá
  49. Movice Capítulo Boyacá
  50. Movice Capítulo Caldas
  51. Movice Capítulo Caldas
  52. Movice Capítulo Casanare
  53. Movice Capítulo Catatumbo
  54. Movice Capítulo Cauca
  55. Movice Capítulo Córdoba
  56. Movice Capítulo Madrid (España)
  57. Movice Capítulo Magdalena Medio
  58. Movice Capítulo Meta
  59. Movice Capítulo Nariño
  60. Movice Capítulo Norte de Santander
  61. Movice Capítulo Sucre
  62. Movice Capítulo Sur de Bolívar
  63. Movice Capítulo Tolima
  64. Movice Capítulo Valle del Cauca
  65. Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – Modep
  66. Organización Palermita de Víctimas – Orpavi
  67. Panambi Diversa
  68. Partido Comunista Colombiano – PCC regional Nariño
  69. Partido Comunista Colombiano – PCC, seccional Tolima
  70. PCC Caldas
  71. Por la defensa de los derechos de las víctimas municipio de Jardín, Antioquia
  72. Resguardos Santa Rita, Tolima
  73. Santamaría Fundación
  74. Sintragritol, Tolima
  75. Tienda comunitaria Vereda La Esmeralda, municipio del Líbano, Tolima
  76. Vida Memoria y Dignidad

Yondo Consciente

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