Las víctimas exigimos garantías para sobrevivir a la cuarentena en condiciones dignas
Las víctimas y las organizaciones abajo firmantes exigimos al Gobierno Nacional implementar medidas humanitarias especiales y urgentes para afrontar la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 de manera digna.
15 de abril de 2020
Según el Registro Único de Víctimas (RUV) en Colombia somos 8’989.570, de las cuales 7’261.998[1] cumplimos con los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación que el Estado debe garantizar. Cabe mencionar que dentro de esta cifra se estima un subregistro de 25,8%, posiblemente por la falta de información (51,3% de las personas), las amenazas o el miedo (35,1%) o la decisión de no declarar (12,4%).
Somos madres cabeza de hogar, adultos de la tercera edad, algunos en edad avanzada y en abandono, campesinos y campesinas, personas que viven solas, pertenecientes al sector de trabajadores informales (empleadas del servicio doméstico, ventas al menudeo, alimentos, frutas a menor escala). Pagamos alquiler del lugar habitacional, servicios públicos y el sostenimiento alimenticio de nuestro núcleo familiar. Personas desempleadas y empleadas, pero sin garantías laborales, con grupos de familias extensas, con adultos mayores, personas con discapacidad y condiciones de salud complejas, entre otras.
Hasta el momento, de las acciones anunciadas por el Gobierno, no existe ningún decreto o medida diferencial para las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, desconociendo que somos una población que históricamente se ha visto obligada a vivir en condiciones de pobreza extrema.
El 12% de la población colombiana ha sido desplazada, esto quiere decir que de cada 8 colombianos 1 ha tenido que abandonar su territorio a causa de la violencia, despojándoles de su derecho a vivir del trabajo en el campo y obligándoles a sostenerse con empleos informales en las ciudades.
En Colombia, la proporción de población pobre es superior dentro de los hogares víctimas de desplazamiento forzado (63,8%) en relación con la población en general (25,0%). Esta situación es similar en materia de línea de pobreza extrema pues el 33% de la población víctima de desplazamiento forzado se encuentra en pobreza extrema, mientras que en el escenario colombiano el porcentaje en esa materia es de 7,4%[2].
Estas cifras son una muestra de que las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica somos la población más pobre del país, por ello es inconcebible que no existan medidas especiales para tratar de manera efectiva e inmediata la situación de vulnerabilidad en la que llevamos viviendo más de seis décadas y que con este contexto se agudiza.
Por otra parte, cabe resaltar que de todas las personas que el Estado reconoce como víctimas, el 81% no contamos con una vivienda en condiciones dignas y aproximadamente el 52% de los hogares desplazados habitamos viviendas en zona de riesgo, con hacinamiento, asentamientos ilegales, sin algún servicio público básico o con materiales inadecuados[3].
Sin techo, sin trabajo, sin tierra y sin condiciones de vida digna, somos también la población más propensa a contraer el coronavirus. De todas las víctimas que el Estado reconoce 978.560 somos adultos y adultas mayores de 61 años.
Además, la prolongación del aislamiento preventivo hasta el 27 de abril pone en riesgo nuestra vida, pues gran parte de las víctimas de este país nos hemos convertido también en defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas en nuestras comunidades y por esta labor hemos sido objeto de amenazas y estigmatizaciones.
Durante la cuarentena hemos tenido que confinarnos, en muchos casos sin garantías de seguridad, exponiéndonos a que las estructuras paramilitares, en complicidad con el Estado, atenten contra nuestras vidas para sembrar el miedo en nuestras comunidades y procesos organizativos.
Por estas razones solicitamos al Gobierno Nacional que diseñe y aplique de manera articulada con las autoridades regionales (gobernadores/as y asambleas departamentales) y municipales (alcaldes y concejos municipales), políticas de priorización donde las ayudas, subsidios y apoyos se dirijan de manera urgente a las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, con el propósito de evitar situaciones de revictimización.
Cabe mencionar que gran parte de las víctimas de crímenes de Estado nos encontramos en el subregistro del RUV, por tanto, se hace necesario ampliar los criterios de priorización de las personas y comunidades víctimas en condición de vulnerabilidad e implementar una estrategia para disminuir este subregistro.
A su vez, consideramos urgente que, en cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas[4] y de las obligaciones legales[5] del Gobierno Nacional, se convoque a la mesa de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que debe encargarse de diseñar una política pública para desmontar el paramilitarismo y así preservar la vida de quienes defendemos los derechos humanos.
Exigimos que el gobierno de Iván Duque reconozca las condiciones a la que las víctimas estamos expuestas actualmente y asimismo actúe para garantizar que sobrevivamos a la cuarentena nacional.
Suscriben:
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice
- Ancianos desplazados y asesinatos de sus hijos dentro del conflicto armado – Asoadean
- Anthoc seccional Tolima
- Asoagros, Valle del Cauca
- Asociación Agroambiental Colombiana – Asacol
- Asociación de Hombres y Mujeres de Triana
- Asociación de víctimas de Altamira, corregimiento de Betulia Antioquia – Asamalt
- Asociación de Víctimas de la violencia Santa Fe de Antioquia – Asovisan
- Asociación de Víctimas de Venecia – Aviven
- Asociación de Víctimas municipio de Itagui Asonuevorenacer
- Asociación de Víctimas por la paz – Aspaz
- Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS
- Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indigenas – Anmucic, Nariño
- Asociación Nomadesc
- Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria de Medellín
- Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, Nariño
- Colectivo 16 de mayo, Barrancabermeja.
- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar
- Colectivo socioambiental juvenil de Cajamarca – Cosajuca
- Comité de Mujeres Corteras de la Caña
- Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – Cceeu
- Corporación Ágora Club de Pasto (Nariño)
- Corporación Colombia Visión Sur
- Corporación Jurídica Libertad – CJL
- Corporación Jurídica Yira Castro
- Corporación Memoria y Paz de Buenaventura
- Corporación para el Desarrollo Regional, Valle del Cauca
- Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana – CEAC
- Corporación Plural de Cali
- CPDH Caldas
- CPDH Valle del Cauca
- El Toldado Mencolde, Tolima
- Fundación comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Fcspp
- Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Fcspp, Tolima
- Fundación del Sur Occidente y macizo colombiano – Fundesuma
- Fundación Guagua
- Fundación Muru
- Fundación para el Desarrollo y el Bienestar Social
- Fundación Pasos
- Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH - Humanidad Vigente Corporación Jurídica
- JUCO Caldas
- Juventud Comunista – JUCO, Nariño
- Memorias de Fuego
- Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas de Antioquia
- Movice Capítulo Antioquia
- Movice Capítulo Atlántico
- Movice Capítulo Bogotá
- Movice Capítulo Boyacá
- Movice Capítulo Caldas
- Movice Capítulo Caldas
- Movice Capítulo Casanare
- Movice Capítulo Catatumbo
- Movice Capítulo Cauca
- Movice Capítulo Córdoba
- Movice Capítulo Madrid (España)
- Movice Capítulo Magdalena Medio
- Movice Capítulo Meta
- Movice Capítulo Nariño
- Movice Capítulo Norte de Santander
- Movice Capítulo Sucre
- Movice Capítulo Sur de Bolívar
- Movice Capítulo Tolima
- Movice Capítulo Valle del Cauca
- Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – Modep
- Organización Palermita de Víctimas – Orpavi
- Panambi Diversa
- Partido Comunista Colombiano – PCC regional Nariño
- Partido Comunista Colombiano – PCC, seccional Tolima
- PCC Caldas
- Por la defensa de los derechos de las víctimas municipio de Jardín, Antioquia
- Resguardos Santa Rita, Tolima
- Santamaría Fundación
- Sintragritol, Tolima
- Tienda comunitaria Vereda La Esmeralda, municipio del Líbano, Tolima
- Vida Memoria y Dignidad
Yondo Consciente