Las mujeres participan en las decisiones democráticas, una posición sin reversa

Las mujeres se organizan y participan de diferentes maneras en la vida democrática del país, y una de las formas de participar, es acceder a un diálogo permanente con las autoridades, sostener la interlocución de manera que se les garantice que sus propuestas sean tenidas en cuenta, específicamente como grupo poblacional; se trata de poder ejercer el derecho fundamental de acceso a la información, con el fin de tener claridad sobre las decisiones que se tomen en la administración pública, que puedan afectar sus vidas de manera positiva o negativa. Es esta una importante razón por la que cada vez más mujeres y organizaciones de la sociedad civil hacen uso de un mecanismo de participación ciudadana como las Veedurías.

REVECOMCA, es el resultado de la inconformidad de las comunidades de la localidad de la Virgen y Turística, como de los municipios de San Jacinto y San Juan, ante la poca o nula respuesta estatal a los problemas de violencias contra las mujeres, además del desconocimiento de instrumentos internacionales como las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujeres1, paz y seguridad, un ejemplo de ellas es la Resolución 1325 de 2000.

A través de REVECOMCA se busca tener un acercamiento de las autoridades a las mujeres, para que la participación como derecho fundamental se les garantice en todo tiempo, y que este seguimiento que la Red ejerce de manera activa, contribuya con el mejor desempeño de la administración, evitando que se cometan actos violatorios que afecten la convivencia, la denegación de justicia, los derechos fundamentales, y de manera general la prevalencia de un orden justo.

Cabe destacar que REVECOMCA, está conformada por un grupo heterogéneo, de mujeres y hombres, que tienen en común buscar una respuesta efectiva del Estado a las diferentes situaciones que afectan la vida de las mujeres, promoviendo a través de acciones colectivas, que estos asuntos tengan la importancia suficiente, para ser incluidos en los planes de desarrollo, por ejemplo.

Además de REVECOMCA, existen otras organizaciones de la sociedad civil, especialmente de mujeres, como las que se reúnen en la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar. Las organizaciones que hacen parte de la Mesa, entre ellas Limpal Colombia, dedican gran parte de sus actividades al empoderamiento de las mujeres, y al acercamiento con las autoridades, con el objetivo de sensibilizar, incidir y modificar conductas para minimizar las brechas y desigualdades que han perpetuado modelos patriarcales, en detrimento de la calidad de vida de las mujeres.

PALABRAS CLAVES:

Participación política: Toda actividad de la ciudadanía dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en la formación de la política estatal. (Diccionario de la Real Academia española)

Participación ciudadana: Se denomina así a la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad o país. (Diccionario de la Real Academia española)

Veeduría: son grupos organizados por personas elegidas por la comunidad o que se constituyen libremente para ejercer el control social en el lugar donde habitan, con el fin de vigilar el diseño y la ejecución de los programas, proyectos y servicios ofrecidos por las entidades públicas para cumplir con las responsabilidades asignadas por la Constitución política. (Ley 850 de 2003)

Introducción

Después de siglos de historia de sometimiento y un total desconocimiento de sus derechos como seres de la especie humana, las mujeres han incursionado en procesos organizativos y han avanzado en la conquista, posicionamiento y goce de sus derechos.

En América Latina, las mujeres organizadas han logrado avances significativos, como la creación de instituciones rectoras de políticas públicas de mujeres; es el caso de Argentina que después de la dictadura, las mujeres lograron incluir en la agenda pública, una agenda de mujeres; esto precedió a la creación de un programa específico dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. (Bonder 1999).

En Colombia, después de la Constitución de 1991, se logró la inclusión de los asuntos de las mujeres, que permitió la creación de la Consejería para la Equidad de la Mujer CEPEM, ahora Alta Consejería. El trabajo permanente de las mujeres y organizaciones ha permitido a avanzar en la inclusión y la participación política de las mujeres, en la erradicación de problemas estructurales como la violencia de género y la incidencia en escenarios de toma de decisiones en las ramas del poder público, dando como resultado en Colombia normas jurídicas como la Ley de cuotas (ley 581 de 2000), y la Ley de la no violencia contra las mujeres (ley 1257 de 2008).

El logro de la inclusión de los derechos de las mujeres en las agendas públicas, la elaboración e implementación de políticas para favorecer con acciones positivas a las mujeres, es una demostración de lo que se logra con un ejercicio de incidencia política efectivo. Complemento del ejercicio de incidencia, es el desarrollo de ejercicios de control social; es esta una práctica que se está implementando en los regímenes democráticos, como una forma de participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, que permite dimensionar y verificar los alcances y efectos de la ejecución u omisión de la obligación que tiene el Estado de garantizar, proteger y propiciar los derechos.

Como es bien sabido Bolívar ha sido una de las regiones más azotadas por la violencia y el conflicto armado, siendo Cartagena una de las ciudades receptora de población en situación de desplazamiento, también es cierto que es una de las ciudades donde el movimiento y las organizaciones de mujeres, han desarrollado mejores estrategias y han alcanzado mayor nivel de organización. Un ejemplo de ello es la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar que cuenta con 18 organizaciones de mujeres en todo el departamento. Esta Mesa, tiene como principal objetivo lograr mayor impacto en el trabajo de Incidencia Política, la sensibilización social respecto a la situación de las mujeres y el seguimiento a la ejecución de programas que están dirigidos a las mujeres. El control se hace de manera discriminada por ejes como el de la violencia basada en género, la participación política de las mujeres, derechos económicos sociales y culturales, y derechos sexuales y reproductivos.

En Cartagena, las mujeres han elaborado sus agendas a través de este ejercicio, que con la constante incidencia se ha venido haciendo ante las diferentes instancias. En esta oportunidad, y contando con una mujer alcaldesa, Judith Pinedo, se incluye el diseño y la implementación de una Política Pública de mujeres; documento elaborado con el acompañamiento de la agencia de cooperación AECID. Durante el proceso de elaboración, se contó con la participación de las diferentes organizaciones de mujeres de la ciudad, que vieron en esta política la oportunidad de que sus expectativas de una sociedad más justa con las mujeres, fuera una realidad.

Al momento que la alcaldesa adopta la política pública a través del Decreto 1350 de 2009, las mujeres deciden activar los ejercicios de control social, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de esa política. El diseño de la política se pudo concluir de manera exitosa, pero la implementación ha sido un arduo trabajo; la propuesta de las mujeres desde el inicio de esta administración (año 2008), ha sido la creación de una instancia rectora, que posibilite la implementación real de dicha política. Lamentablemente, en este punto hubo un quiebre con la administración, y por mas ejercicios de incidencia política no solo ante la mandataria sino también frente al Concejo Distrital, no se ha podido lograr que haya la voluntad política para la creación de esta instancia rectora.

El control social se direcciona entonces en las cifras sobre la real situación de las mujeres en la ciudad, para revelar con ello la necesidad de implementar esta política de mujeres, y garantizar el goce y disfrute pleno de sus derechos. Fue a través de esta estrategia que se realizaron alianzas con sectores como la academia, otras organizaciones sociales, comunales, especialmente con el proyecto «Cartagena Como Vamos».

La participación de la sociedad civil a través del control ciudadano está estructurada para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; se actúa en democracia y su base de legitimación, de tal modo que no puede existir democracia sin participación.

Si bien es cierto que la influencia crítica, visibilización, vigilancia y defensa de intereses públicos, así como la independencia de los grupos que ejercen control ciudadano, ha contribuido con una nueva actitud de la ciudadanía frente a lo público, infortunadamente, no ha habido un proceso que conlleve a hacer lo propio respecto a la implementación de instrumentos internacionales, que garanticen a las mujeres un adecuado acceso, administración y aplicación de la justicia en Cartagena y municipios como San Juan y San Jacinto.

Teniendo en cuenta que los avances legislativos tanto nacionales como internacionales, han posibilitado que las mujeres puedan contar con instrumentos que les garanticen la exigibilidad de sus derechos frente al Estado, es importante que las fuerzas vivas de la sociedad, exijan que las autoridades legítimas, den cumplimiento a las normas, y garanticen la participación de las mujeres en la elaboración de planes, programas y proyectos que se ejecuten para buscar el desarrollo justo y equitativo de la sociedad en su conjunto.

Con el fin de conocer hasta qué punto las autoridades locales y regionales tienen la voluntad política de dar cumplimiento con este ordenamiento, las mujeres de la zona sur oriental de la ciudad de Cartagena, con el apoyo de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, LIMPAL Colombia, junto con mujeres de la base social de LIMPAL en los municipios de San Juan y San Jacinto y Cartagena, trabajan en alianza en una Red de Veedurías Comunitarias REVECOMCA a fin de medir el impacto de la aplicación de la Resolución 1325 en esta parte del país, así como desarrollar un proceso de fortalecimiento organizativo que involucre especialmente a mujeres en situación de desplazamiento y organizaciones comunitarias, en el propósito de identificar una estrategia que de manera intencionada, conduzca a la exigibilidad del cumplimiento de la mencionada Resolución.

El control social adelantado busca entonces que las mujeres y organizaciones se consoliden, fortalezcan y estén sensibilizadas en veedurías ciudadanas y en el cumplimiento que dan las autoridades responsables a los instrumentos internacionales. También, evitar que las autoridades persistan en no dar el valor a los tratados y protocolos internacionales reconocidos y ratificados por Colombia, que hace parte del bloque de constitucionalidad.

Resultados iniciales

En el ejercicio del control social, aunque es muy reciente para mostrar resultados contundentes, se ha generado un acercamiento de las autoridades a las comunidades. Se espera mejorar la calidad de respuesta de la administración a los asuntos de las mujeres, así como su inclusión en los procesos de paz tanto regionales, como locales, y facilitar el acceso de las mujeres a la justicia formal.

Un valor agregado de esta intervención es la calidad del grupo de personas que conforman la Red. En su gran mayoría son líderes y lideresas populares, que han recibido capacitación en control social, Ley 850 y asuntos de género, además de los contenidos y propósitos de la Resolución 1325 de 2000 y conexas.

Se espera contar con una organización sólida, una comunidad familiarizada con el procedimiento y las rutas de acceso en caso de denuncia y/o prevención de delitos de violencias contra las mujeres y niñas, que les permita denunciar sin temor alguno cuando adviertan la ocurrencia de un hecho ilícito que atente contra la integridad de las mujeres y/o las niñas.

Esperamos:

*Que el documento de recomendaciones producido por LIMPAL y REVECOMCA, permita la revisión de lo actuado, y contribuya a la administración pública de Cartagena y San Jacinto, a modificar, corregir e implementar las medidas necesarias para que la Resolución 1325 –y conexas- se hagan realidad en la vida de las mujeres de la región.

*Que las mujeres como actoras políticas, se involucren cada vez más en ejercicios de veedurías ciudadanas con capacidad técnica y operativa para hacer la exigibilidad de la implementación de la Resolución 1325 y conexas.

*Que las autoridades locales tengan conocimiento de instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento, como estas resoluciones y que además generen mayor confianza a las mujeres, para garantizar su derecho a la participación y el pleno ejercicio del control social.

Bibliografía