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Crímenes contra la niñez. El no futuro

Foto de: Revista Sur[1]

En lo transcurrido del presente año, en Colombia se han incrementado las agresiones y especialmente los asesinatos contra personas líderes, lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos en varias regiones del país, y con ello también, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes -hijos e hijas, familiares-, que han tenido que presenciar tales crímenes, ocasionándoles tortura, terror y dolor. En algunos casos, han sido víctimas directas de asesinato junto a sus familiares. Todo ello además de las afectaciones que tienen que sufrir en el marco del conflicto armado.

Asesinar a un líder, lideresa, defensor o defensora frente a su familia o con ella, constituye un patrón del modus operandí con el que se está perpetrando el  genocidio al liderazgo social en Colombia. Con estos hecho deleznables se pretende dejar un mensaje de miedo, terror y angustia, sobre lo que le puede llegar a pasar a quienes buscan el bien de la comunidad, la defensa de los derechos humanos y la paz, causando graves afectaciones psicológicas a los sobrevivientes, quienes casi nunca son atendidos y menos cuando la sufren niñas y niños.

El asesinato de líderes, lideresas, defensores y defensoras tiene un alto impacto en sus comunidades, por lo que representan y hacen en favor de la colectividad, los derechos humanos, la paz y la búsqueda de condiciones de vida digna. Pero el impacto y la afectación que sufren las familias y en especial las niñas y los niños, es mayor, porque no significa solamente perder a un ser querido, sino que representa vivir bajo amenazas, en constante riesgo de ser despojado y desplazado, de resultar herido o ser asesinado, además de los trastornos psicológicos producto de la violencia estructural.

Aquí recordamos algunos de esos casos en donde niños y niñas han sido victimizados ante la mirada indolente de las autoridades, en hechos que se repiten a lo largo de nuestra geografía amparados por la impunidad.  Por ejemplo el asesinato de la lideresa social María del Pilar Hurtado, ocurrido el 21 de junio de 2019 en Tierralta, Córdoba, quien además era reconocida como una líder comunitaria y la vocera de un asentamiento de familias –entre  ellas la suya–  en un lote propiedad del padre del alcalde del municipio, en el que buscaban poder vivir[2]. Antes de ser asesinada, apareció un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el que se declaraba objetivo militar a quien no saliese del lote; días más tarde la mujer recibió tres disparos frente a dos de sus hijos, dejando a cuatro niños de 5, 12 (mellizos) y 14 años de edad[3].  Un caso similar se presentó en el municipio de El Copey, Cesar, el 3 de julio de 2019, cuando la lideresa Tatiana Paola Posso fue asesinada frente a su hija de 12 años y de su madre[4].

Los casos más recientes se han reportado en el departamento del Cauca, el 4 de abril del presente año, durante la madrugada y en plena cuarentena, en la vereda La Consolata del municipio de Piamonte, el líder social Hamilton Gasca Ortega, quien hacia parte de la Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos, fue asesinado junto a dos de sus hijos de 11 y 14 años en su lugar de vivienda; su esposa,  presidenta de la Junta de Acción Comunal –JAC– de la vereda, logró escapar con su tercer hijo de 7 años[5].  En Mercaderes, Cauca, el día 29 de abril, el presidente de la JAC de la vereda El Vado de ese municipio, Álvaro Narváez fue asesinado junto con su esposa María Daza, su hijo Cristian y su nieta Yeni de 15 años, mientras que al parecer otro hijo del líder resultó herido[6]. Un caso más reciente se presentó el 9 de mayo en la vereda Dos Aguas en Suarez, Cauca, cuando hombres armados dispararon contra un hombre, su esposa y sus dos hijas, mientras estos iban camino a su casa, causando la muerte del hombre, una bebé de 9 meses y posteriormente la de la niña de 5 años[7].

Importa relievar que las medidas de aislamiento social y cuarentena obligatoria por cuenta de la pandemia del Covid 19, han sido aprovechadas por los victimarios para  llegar hasta los lugares de habitación de las víctimas y desplegar toda una estrategia de terror que incluye la agresión a las niñas y niños, no obstante, a la alta presencia de la fuerza pública que hay en departamentos como el Cauca.

Desde el mes de enero, hasta el mes de mayo del año en curso, han sido asesinadas 115 personas líderes sociales y defensoras, además de 25 firmantes del acuerdo de paz y excombatientes de las FARC-EP, según el registro actualizado permanente de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2020 del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – Indepaz[8].

De la suma total de estos 140 asesinatos, 47 hechos se han dado desde el 24 de marzo, día en que inicio la cuarentena nacional obligatoria, según el mismo registro. Esto permite suponer que si los hechos se han producido durante la cuarentena obligatoria, los asesinatos se han perpetrado en las viviendas de las personas. Los casos expuestos del año en curso ejemplifican y constatan que los hechos se han producido en las viviendas y que solo en los 3 casos presentados –de los tantos que hay–, la vida de las niñas y niños ha estado en alto riesgo, al punto que tan solo en estos casos, 5 menores fueron asesinados.

Las cifras registradas en lo que va del 2020 reflejan un aumento de 30 personas asesinadas por ejercer el liderazgo social o promover la defensa de derechos humanos, esto respecto a las 85 personas líderes sociales y defensoras que fueron víctimas durante los mismos 5 meses del año anterior y que se registraron en el informe parcial de Indepaz  sobre líderes y defensores asesinados a julio de 2019[9]. Según el monitoreo del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, durante los tres primeros meses de este año hubo 73 eventos asociados al conflicto armado en los cuales hubo 48 casos de afectación directa a 6.370 niños, niñas y adolescentes[10].

Es urgente que el Estado Colombiano y el Gobierno Nacional, cumplan con las obligaciones legales, constitucionales y convencionales relativas a la garantía de los derechos de los niños y niñas como sujetos de protección especial y reforzada, adoptando medidas concretas y efectivas  de prevención, protección, reparación y garantías de no repetición en las que prime el interés superior de esta población que ha permanecido en el medio del conflicto y ha sido víctima de múltiples formas de violencia que incluye la violencia estructural que causa el abandono social del Estado, y que se agudizan en el contexto de la pandemia.

[1] https://www.sur.org.co/los-ninos-la-violencia-colombia/

[2] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48732381

[3] https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/hijos-de-maria-del-pilar-hurtado-estaran-con-su-familia-extensa-379434

[4] https://www.pulzo.com/nacion/sicarios-asesinan-lider-social-cesar-PP726515

[5] https://www.justiciaypazcolombia.com/masacre-en-piamonte-cauca/

[6] https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-familia-de-lider-social-en-mercaderes-cauca-articulo-917225

[7] https://www.semana.com/nacion/articulo/murio-otra-hija-de-hombre-asesinado-en-suarez-cauca/670656

[8] http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/

[9] http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/07/Informe-parcial-Julio-26-2019.pdf

[10] http://coalico.org/comunicado-publico-urge-la-garantia-de-derechos-de-la-ninez-y-la-adolescencia-que-les-proteja-de-todas-las-violencias-en-especial-las-propias-del-conflicto-armado-y-las-que-se-desprenden-de-la-emer/#_ftn3

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