El 18 de enero de 2012 en la Vereda la Rochela en Simacota, Santander, se adelantará un acto de memoria por la masacre ocurrida hace 23 años cuando fueron asesinados doce de quince miembros de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desaparicione cometidos presuntamente por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agentes del estado colombiano.
La audiencia contra el subteniente Raúl Muñoz, acusado de doble acceso carnal violento y triple homicidio agravado por el caso de los niños y niñas de Tame, programada para el 1 y 2 de diciembre de 2011, fue suspendida porque el Ejército no colaboró para que los testigos militares solicitados por parte de la Fiscalía comparecieran al juicio a pesar de las reiteradas peticiones del Fiscal del caso. De 16 testigos citados solamente concurrieron cuatro.
Así lo afirmó un testigo en el proceso contra el subteniente Raúl Muñoz Linares, señalado de ser presunto responsable de la violación de dos menores en Arauca y el homicidio de una de ellas, junto a sus dos hermanitos.
El 2 de diciembre de 2011 se realizará una rueda de prensa con representantes de la misión internacional de verificación sobre la situación de la defensa de los derechos humanos en Colombia.
El juicio oral contra el subteniente Raúl Muñoz Linares se reanuda este 1 y 2 de diciembre de 2011 en los juzgados de Paloquemao en Bogotá.
La Liga Internacional de Mujeres por la paz y la libertad (Limpal) analizó las acciones del Estado para contrarrestar las violencias contra las mujeres.
Foro “Niñez Indígena: entre la exclusión y el exterminio”, organizado por los Representantes Ángela Robledo y Hernando Hernández.
La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) emitió un comunicado público donde expresa su rechazo a la extensión del fuero militar.
Humanidad Vigente reitera que la Masacre de Mapiripán sí ocurrió y no se puede eximir al Estado de su responsabilidad.
Humanidad Vigente y la Asociación Campesina del Catatumbo denuncian las sistemáticas estrategias de intimidación, abuso y violación al DIH que realiza la Brigada Móvil 23 del Ejército Nacional en la región del Catatumbo, entre las que se señalan persecución de líderes sociales, ocupación de viviendas y escuelas, empadronamientos y maltrato psicológico y verbal a los campesinos y campesinas.