Amenazas de muerte e intimidaciones a los-as defensores-as de derechos humanos en el Magdalena Medio colombiano
ACCIÓN URGENTE
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), la Corporación Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA), la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (ASODESAMUBA) y la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (ASORVIMM) DENUNCIAMOS yALERTAMOS sobre las sistemáticas y continúas instigaciones en contra de los-as defensores-as del Magdalena Medio.
HECHOS:
I. Amenazas de muerte a CREDHOS.
1. En horas de la mañana, aproximadamente hacia las 9:20 a.m. del día 13 de enero de 2012, ABELARDO SÁNCHEZ SERRANO -miembro de la junta directiva de la Corporación- salió de la Clínica San Nicolás donde adelantaba una diligencia médica con rumbo hacia la sede de CREDHOS, ubicada en la Av 52 No. 25-49 del barrio Galán Gómez de Barrancabermeja, Santander.
2. Cuando se desplazaba por la carrera 22 en inmediaciones del barrio Torcoroma fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una moto color azul con rayas negras en el tanque y el hombre que iba como parrillero desenfundó una pistola y le apuntó en el pecho para intimidarlo y con expresiones agresivas lo conminó: «Que dejemos de estar denigrando de la fuerza pública que ya tenemos a un hijueputa guerrillero de CREDHOS encarcelado y que si es necesario si hay quedarle al resto, pues lo haremos para acallarlos; y antes de irse, dijeron: que tenía setenta y dos horas para salir de la ciudad».
3. El compañero Abelardo Sánchez pudo observar dos personas, una quien manejaba la moto, de color trigueño con contextura corporal gruesa y vestía un pantalón jean negro con buzo blanco con rayas rojas y se cubría con un casco cerrado también negro. El otro, el parrillero, era una persona de color más morena y más alto que el conductor de la moto, de pantalón jean azul y un buzo de color negro manga larga y de masa muscular gruesa muy similar al conductor de la moto, y entonces ellos emprendieron la huida.
II. Intento de retención y hostigamientos a campesinos-as de la ACVC y CAHUCOPANA.
1. El 21 de enero de 2012, la delegación integrada por veinte campesinos-as participantes de la conmemoración de la Masacre de la Rochela, que retornaba hacia la vereda Santa Marta, jurisdicción del municipio de Remedios (departamento de Antioquia), fue interceptada por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta, cuando atravesaban la vereda Martaná, ubicada a quince minutos de la cabecera municipal de Remedios.
2. Seguidamente, los hombres reconocidos por la comunidad como paramilitares, obligaron a bajar del vehículo a dos campesinos, entre ellos a MARIO ECHEVERRÍA integrante del equipo de apoyo de la regional nordeste antioqueño de la ACVC, sin embargo, tras la intervención de los –as campesino-as acompañantes se evitó que descendieran y que fueran raptados por los individuos.
III. Amenazas de muerte a ASODESAMUBA
1. El 23 de enero de 2012 siendo las 5:40 p.m., en la sede de ASODESAMUBA, ubicada en el barrio Torcoroma, en la ciudad de Barrancabermeja, arribó un hombre quien timbró y fue atendido por MARTHA LILIANA SIERRA ABRIL (hija de la presidenta de ASODESAMUBA, MARÍA DEL SOCORRO ABRIL CEDIEL), la cual abrió la ventana ubicada al lado de la puerta de ingreso, e identificó que el sujeto se cubría su cara con un casco de color negro, vestía pantalón jean, camiseta de rayas, de contextura gruesa, piel morena, y con acento costeño.
2. Éste le preguntó por su mamá y los escoltas, MARTHA LILIANA le contestó que no se encontraban, inmediatamente el hombre le dijo: «¿y su hermano el taxista, qué?, guerrillera, dígale que se vaya de Barranca que lo vamos a matar, a usted también y a su mamá», MARTHA LILIANA considero que las anteriores afirmaciones eran una broma, y le contestó «já, me da risa», a lo cual el sujeto respondió: «más risa nos va a dar cuando estén en la funeraria», inmediatamente el hombre se retiró de la ventana y se subió a una moto que lo estaba esperando para su huida.
IV. Amenazas de muerte a ASORVIMM.
El 24 de enero de 2012, a las 03: 04 p.m., LILIA PEÑA SILVA presidenta de ASORVIMM, recibió un mensaje de texto remitido del número: 320 5414755, a través del cual la amenazan de muerte, el contenido es el siguiente: «mire vieja hp sino quiere que su foto salga al lado de esas fotos que sacan cuando realizan esos eventos de mierda es mejor que se quede quieta….porque sabemos donde se la pasa y a la próxima no le avisamos».
CONTEXTO:
La violencia en Colombia ha sido permanente, continúa, sistemática, de tal forma que la ha vivido el pueblo de generación en generación, por tal motivo nos vimos en la necesidad imperiosa de organizarnos para contrarrestar la violación de derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Haciendo uso del sentimiento humano de preservación de la vida y de los derechos fundamentales consignados en la Constitución Política colombiana, existen a lo largo y ancho de nuestro país organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
El Magdalena Medio ha sido una región fuertemente golpeada por la violencia dada su ubicación geoestratégica para el accionar de las organizaciones al margen de la ley e incluso, en muchas ocasiones de la misma fuerza pública en contra de la población civil.
Las recientes amenazas e intimidaciones hechas a las organizaciones defensoras de derechos humanos en el Magdalena Medio, se producen días antes y después de la conmemoración de la masacre de la Rochela – «Que el miedo no justifique el olvido», realizada el pasado 18 de enero de 2012 en la vereda la Rochela (municipio de Bajo Simacota, Santander), el cual contó con la asistencia de más de cuatro mil quinientas personas, autoridades y entidades de carácter regional, nacional e internacional, y en el que fueron convocantes y activos dinamizadores para su realización las organizaciones amenazadas.
El objeto de esta conmemoración no fue otro que el de la reconstrucción de la memoria colectiva para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de este crimen de lesa humanidad, pues tras 23 años de acontecidos los hechos de la masacre aún prevalece la impunidad. A pesar que existió un fallo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que condenan al Estado Colombiano por su acción y omisión en este caso y en el que se devela la presencia de grupos paramilitares en la región con la connivencia, participación y fomento del mismo Estado, a la fecha no se han castigado todos los participes de estos sucesos, ni se ha esclarecido con precisión la verdad.
Si bien la masacre de la Rochela sucedió hace 23 años, en la actualidad las estructuras paramilitares que desde los ochentas se disputan el control territorial del Magdalena Medio se mantienen vigentes en su actuar, en apariencia ha habido cambios en sus auto-denominaciones pero sus móviles e intencionalidades permanecen intactas. Es por ello que nos permitimos afirmar que el paramilitarismo es el autor y el ejecutor de las amenazas en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Asimismo, consideramos que estas amenazas no son hechos aislados sino que por el contrario, gozan de un carácter de continuidad y sistematicidad, por lo tanto inferimos que hace parte de un plan de exterminio en contra los-as defensores-as de derechos humanos del Magdalena Medio, que exige una atención inmediata del Estado Colombiano para garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
Persistimos en la firme decisión de promover y comprometernos en trabajar por la convivencia pacífica y una vida digna. Estamos convencidos-as que la RUTA ES EL DIÁLOGO, insistimos y resistimos para que se respeten las diferencias y vivamos a conciencia la pluralidad, elemento unificador, introduciendo en nuestras prácticas cotidianas de manera creativa y constructiva, pautas y reflexiones permanentes para aplicar y promover un mensaje de respeto, tolerancia, solidaridad y paz con justicia social.
PETICIONES
I. Exigimos al Estado Colombiano:
1. A la Fiscalía General de la Nación:
a) Investigar de manera exhaustiva los hechos de los que fuimos víctimas, recabando todas las evidencias necesarias que permitan identificar los autores de las violaciones cometidas.
b) Dar prioridad a la indagación e investigación penal por tratarse de un hecho que atenta contra la labor de las y los Defensores de Derechos Humanos.
c) Aplicar eficazmente el principio de celeridad y de diligencia debida en el desarrollo de la indagación penal, acorde con las recomendaciones hechas para la investigación de los patrones de vulneración a defensores-as de derechos humanos.
d) Atender especialmente, la Resolución 2517 (XXXIV-O 09) de la Organización de Estados Americanos –OEA-1 en el sentido de realizar investigaciones y procesos completos e imparciales; la adopción de medidas para que no queden impunes estos ataques; y asegurar que las denuncias sean investigadas y tramitadas de manera expedita, transparente, independiente y responsable.
2. El cumplimiento real e integral de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con miras a garantizar a CREDHOS y la ACVC su vida, integridad y el ejercicio de su labor en pro de la defensa de los derechos humanos.
3. Garantizar el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política Nacional, protocolos, tratados y convenciones ratificados por el Estado Colombiano y que gozan de carácter fundamental y vinculante.
4. Implementar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad física y el ejercicio de sus labores a todos los integrantes de CREDHOS, ACVC, CAHUCOPANA, ASODESAMUBA y ASORVIMM, así como a las demás organizaciones defensoras de derechos humanos que desarrollan trabajo en el Magdalena Medio.
5. Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae sobre el Estado Colombiano de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y convenios internacionales, al ser éste responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, y tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.
II. A la comunidad nacional e internacional:
1. Solicitamos el respaldo y acompañamiento político y solidario de las diferentes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional ante estas nuevas amenazas de muerte e instigaciones en contra de CREDHOS, ACVC, CAHUCOPANA, ASODESAMUBA y ASORVIMM.
2. Pedimos a la comunidad nacional e internacional que soliciten al Estado Colombiano, brindar las garantías políticas y materiales que permita a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos realizar su trabajo, sin que se vea amenazada la vida e integridad de sus miembros. Solicitamos enviar sus pronunciamientos de respaldo a las peticiones presentadas a las siguientes autoridades:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministro del Interior y de JusticiaCarrera 9a. No. 14-10 – Bogotá, D.C.
E-mail: german.vargas@mij.gov.co, ministro@minjusticia.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820
VIVIANE MORALES HOYOS
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
E-mail: viviane.morales@fiscalía.gov.co
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
E-mail: anticorrupción@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com,agenda@agenda.gov.co,
defensoria@defensoria.org.co
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTOCOMISIONADO DE
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637
E-mail: oacnudh@hchr.org.co
COMISIÓN INTERAMERICANA DEDDHH
E-mail: cidhoea@oas.org, apizarro@oas.org
Barrancabermeja, Enero 26 de 2011
CORPORACIÓN REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS –CREDHOSE-mail: credos@hotmail.com
ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA –ACVCE-mail: asociación.campesina@gmail.com
CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANITARIA PARA LA CONVIVENCIA Y LA
PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO –CAHUCOPANAE-mail: cahucopana.nordeste@gmail.com
ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS ASENTADOS EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA –ASODESAMUBAE-mail: asodesamuba@yahoo.es
ASOCIACIÓN REGIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO DEL
MAGDALENA MEDIO –ASORVIMME-mail: medio.asorvim@gmail.com
Notas
1 DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS: APOYO A LAS TAREAS QUE DESARROLLAN LAS PERSONAS, GRUPOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS.
ASOCIACIÓN REGIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO DEL MAGDALENA MEDIO -ASORVIMM-
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