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Santo Domingo, de las cenizas, a la construcción de memoria colectiva.

El acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y de perdón público que debió realizar el Estado colombiano por la masacre ocurrida el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo, Arauca, en la que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) lanzó sobre la comunidad un dispositivo cluster (granada rácimo), que ocasiono la muerte de varias personas, debió haberse realizado en el 2012, cuando fue notificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo solo hasta el pasado 31 de agosto de 2017 la población de Santo Domingo volvió a escuchar el rugir de los motores de los aviones que esta vez transportaban la delegación asignada por el Estado colombiano para pedir perdón a la comunidad, en cabeza del  Ministro de Justicia Enrique Gil Botero.

Durante el acto, se escucharon las palabras algunas víctimas y sobrevivientes entre ellas las de Alba Yaneth García, quien entre lágrimas recordaba los dolorosos hechos, y a la comitiva del gobierno el abandono en el que se encuentra la vereda, la cual de no ser por el esfuerzo de sus habitantes no hubiese renacido de las cenizas luego del bombardeo. También se escucharon las palabras de los representantes de las víctimas y organizaciones sociales de la región quienes reiteraron su solidaridad y compromiso con la comunidad de Santo Domingo.

El Ministro de Justicia Enrique Gil Botero reconoció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la masacre y pidió perdón público a las víctimas y sus familiares presentes en la vereda. Por su parte, las organizaciones acompañantes dejaron en claro al Gobierno Nacional que el acto formal de reconocimiento de responsabilidad internacional es solo una de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde también se ordena al Estado, investigar y sancionar a los responsables, no solo a los agentes estatales, cuyas investigaciones han sido dilatadas, sino también la de los ciudadanos norteamericanos que participaron en el operativo militar.

El reconocimiento de la responsabilidad del Estado en esta masacre que dejo 17 víctimas mortales, entre las que se encontraban 6 niños y niñas y que produjo el desplazamiento de más de 300 personas, se dio en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue notificada al Estado desde el año 2012, y por orden de la Corte Constitucional, quien reiteró al Estado colombiano su obligación con dicha sentencia.

 Humanidad Vigente y las organizaciones acompañantes de este proceso esperamos que este tipo de hechos crueles e inhumanos, no se vuelvan a repetir. Es necesario que cese la estigmatización y la represión en contra la población araucana como medida reparadora para esta comunidad que ha vivido por décadas en medio de la guerra.

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