El proyecto de ley 003 de 2018 “Nueva Ley de Tierras”: Un nuevo golpe contra el campesinado, los pueblos indígenas y afrocolombianos

Representantes de organizaciones sociales, campesinas, indígenas y afrocolombianas provenientes de diferentes regiones del país, nos reunimos en Bogotá los días 1 y 2 de agosto de 2018 para analizar los contenidos del proyecto de ley No. 003 de 2018, que pretende modificar la Ley 160 de 1994 conocida como la Ley de Reforma Agraria. Y partiendo de las reflexiones de nuestras jornadas de trabajo, afirmamos el rechazo contundente al articulado y exigimos que sea retirado del trámite legislativo, principalmente por las siguientes razones:

• El proyecto de Ley 003 de 2018 defiende un modelo centrado en la promoción de las grandes inversiones agroindustriales, mineras, de hidrocarburos y de mercantilización de la biodiversidad, y no en una distribución equitativa de las tierras rurales. Este modelo, abiertamente contrario a la economía campesina, indígena y afrocolombiana, ha sido rechazado a través de múltiples movilizaciones, paros agrarios, acciones judiciales y con mecanismos de participación democrática como las consultas populares.
  
• El proyecto de Ley 003 de 2018 contiene diferentes medidas que agravarán la ya extrema concentración de la propiedad rural de este país, que es el más desigual en cuanto al acceso a la tierra en toda América Latina y el tercero en el mundo, negando cada vez más el acceso a tierras a las comunidades En esa dirección apuntan figuras como la “regularización por confianza legítima”, que entrega baldíos de la nación a sujetos distintos a los de reforma agraria, sin ninguna restricción ni de explotación económica, ni de extensión.
• El proyecto de Ley 003 de 2018 impone figuras de ordenamiento territorial que se destinarían a grandes inversiones de actores ajenos al campo colombiano, como las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario, que tendrían carácter preferente respecto de cualquier otra actividad económica debido a la declaratoria de utilidad pública de la que gozarían.
• El proyecto de Ley 003 de 2018, además, clasifica como «inadjudicables» los baldíos ubicados en zonas donde se adelanten procesos de explotación a gran escala de recursos naturales. Esto queda en evidencia desde el artículo 1, en donde se incluyen como actividades del desarrollo rural los proyectos minero-energéticos, de infraestructura y agroindustriales. Esto significa que disminuyen considerablemente las tierras adjudicables disponibles para campesinos, indígenas y afrodescendientes, mientras se expande el área controlada por grandes corporaciones que en muchos casos adelantarán actividades de altísimo impacto ambiental, profundizando con ello los ya conocidos conflictos territoriales entre las distintas comunidades rurales.
  
• El proyecto de Ley 003 de 2018 establece disposiciones que ponen en riesgo el abastecimiento alimentario nacional, el trabajo de las comunidades rurales, el mantenimiento de prácticas ancestrales y el disfrute de un ambiente sano, a través de la creación de reservas para extracción de minerales e hidrocarburos e incentivando la explotación indiscriminada de tierras rurales sin considerar su función social y ecológica.
• El proyecto de Ley 003 de 2018 se radicó en el Congreso sin que hubiera culminado el proceso de Consulta Previa de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Esto constituye una clarísima violación a sus derechos al consentimiento previo, libre e informado, a la misma consulta previa y al convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado colombiano. Valga recordar que anteriores iniciativas similares (como el Estatuto de Desarrollo Rural promovido por el hoy detenido y procesado por la justicia Andrés Felipe Arias, o la ley forestal) fueron declarados inconstitucionales por este motivo.
  
• El proyecto de Ley 003 de 2018 no contiene ninguna medida para solucionar el problema de comunidades campesinas que habitan en zonas clasificadas bajo distintas figuras de protección ambiental, a quienes hoy se quiere expulsar, desconociendo su ocupación tradicional y su capacidad y deseo de permanecer allí protegiendo el ambiente. Además, precisamente los obstáculos para la garantía del acceso a la tierra, profundiza la expulsión del campesinado bien hacia ecosistemas considerados estratégicos y de especial protección, con una nula posibilidad de formalizar la tenencia, o bien hacia áreas periurbanas en las que las condiciones de vida no permiten que se preserve su identidad campesina y todo lo que ella.
• El proyecto de Ley 003 de 2018 no establece ninguna medida tendiente a resolver las inequidades de género en materia de acceso a tierras, a crédito, a incentivos y en general las situaciones desventajosas en las que están las mujeres rurales, lo cual impide a la mayoría de estas el control de sus predios, de sus proyectos de vida y les niega autonomía económica.
• El proyecto de Ley 003 de 2018 obstaculiza procedimientos que buscaban redistribuir la propiedad rural y dotar de tierra a las comunidades campesinas, como la extinción de dominio administrativa, necesaria para consolidar el Fondo de Tierras acordado en el proceso de paz con las FARC-EP. El proyecto también pretende entregar derechos de uso sobre tierras de dicho Fondo en esquemas asociativos entre campesinos y empresarios, subordinando a los primeros, lo cual profundiza el modelo agroindustrial y niega la posibilidad al campesinado de acceder a tierras y explotarlas conforme a sus prácticas tradicionales.
• El proyecto de Ley 003 de 2018 es un nuevo golpe a los acuerdos de paz y a la búsqueda de solución política del conflicto que va en contravía de tratados internacionales de derechos humanos que tienen como principio rector la progresividad y no regresividad de los derechos humanos, incluyendo los derechos al agua, a la tierra y al territorio, y a la soberanía

Por todas estas razones, las organizaciones firmantes rechazamos este proyecto y cualquier otro que profundice la concentración de la tierra, modifique de manera regresiva la Ley 160 de 1994 de Reforma Agraria, vulnere los Acuerdos de Paz, o desconozca las propuestas y aspiraciones de las comunidades rurales que han posicionado ante el país en las movilizaciones sociales de los años recientes.

Así mismo, exigimos se garantice el derecho a la Consulta Previa de las comunidades étnicas y se abra un debate amplio y vinculante, que también garantice el derecho a la participación de las comunidades campesinas en todas las regiones del país sobre este tema tan importante. Que una Reforma Agraria Integral sea producto de dichos espacios y no una profundización del modelo económico que ha generado los más graves conflictos por las tierras rurales.

Leer comunicado en PDF:  Comunicado reforma a la ley 160 Firmas(1)