El pretexto de la Paz para imponer la gran minería en los territorios

Imagen tomada de Crónica del Quindío

Las consultas populares contra la industria minero-energética se han convertido en una estrategia para la protección del territorio y sus recursos naturales en  múltiples municipios del país. En 2013, el municipio de Piedras (Tolima) puso en jaque al Gobierno y a la multinacional AngloGold Ashanti al movilizar a las urnas a 2.971 personas,  más de la mitad de su población para rechazar con contundencia la minería y defender la tradición agropecuaria de su territorio. Así se echó a andar por los Andes un movimiento social que ha ido recorriendo el país y canalizando la indignación de múltiples poblaciones que han visto en sus territorios las nefastas consecuencias de este modelo de “desarrollo” y no están dispuestas a repetirlo.

A la fecha, se han convocado Consultas Populares en 5 municipios (Piedras, Tauramena, Cajamarca, Cabrera y Cumaral), todas con victoria estrepitosa de las comunidades en contra de las empresas y del Gobierno que pareciera representarlas. Otras 9 Consultas[1] están en proceso o pendientes de convocatoria y se augura la continuidad de su incremento exponencial[2]. Adicionalmente, otras modalidades se han sumado a las Consultas Populares para prohibir el extractivismo. En Támesis (Antioquia), por ejemplo, fue el Concejo Municipal a través de un Acuerdo adoptado por unanimidad el pasado 28 de mayo el que prohibió la minería metálica para proteger el medio ambiente, frustrando nuevamente las aspiraciones de la AngloGold. Más recientemente, en Doncello (Caquetá) el Concejo hizo lo propio prohibiendo cualquier actividad petrolera o minera.  A sabiendas de este contexto, el Gobierno decidió darle un nuevo espaldarazo a las grandes empresas mineras y petroleras que operan en el país, ahora bajo el pretexto de la paz.

La reforma tributaria (ley 1819 de 2016) dispuso una serie de “Incentivos tributarios para cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC)”[3], incluyendo el mecanismo de obras por impuesto (Art. 238) como una forma de extinción de las obligaciones tributarias, que permite pagar hasta el 50% del impuesto sobre la renta y complementarios mediante la inversión directa en la ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de trascendencia social en los municipios definidos como ZOMAC, relacionados con el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial.

En principio, el parágrafo 1º del artículo 236 de la ley 1819 había excluido de plano a las “empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos” así como a las “grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria” de dichos incentivos tributarios. No obstante, en el último respiro de las facultades legislativas presidenciales otorgadas por el Acto Legislativo 01 de 2016 para la implementación del Acuerdo Final con las FARC-EP, se expidió el Decreto 883 de 2017. Este decreto introduce dos parágrafos al artículo 238 de la ley 1819, el primero de los cuales habilita a las empresas en mención; mineras, petroleras y grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria, a acogerse al mecanismo de obras por impuesto, dando prioridad a los proyectos a ejecutarse en municipios ubicados en ZOMAC que coincidan con aquellos en donde se adelanten Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El argumento del Gobierno es que las inversiones para la transformación estructural del campo son muy cuantiosas y se necesita involucrar al sector empresarial para lograrlo. La consecuencia implícita es que si los municipios ubicados en zonas definidas como ZOMAC y PDET quieren que avancen estos proyectos en agua potable, salud, infraestructura, entre otros, deben abrir sus puertas a las empresas mineras y petroleras.

No es gratuita la oposición de pueblos enteros a la minería a cielo abierto que hace de las montañas canteras, a las hidroeléctricas que inundan zonas agrícolas y cambian los cursos naturales de los ríos, y a la explotación del suelo que produce temblores y desangra al planeta. Imponer en los territorios estas actividades generadoras de graves conflictos sociales y ambientales con el pretexto de implementar un acuerdo orientado construir paz, es una estrategia pérfida propia del Gobierno Santos. Es inadmisible condicionar el gasto social y el bienestar de la gente al lucro privado de las grandes empresas. La paz por la que seguimos luchando será la que transforme nuestra matriz energética y trascienda la colonialidad extractivista.

[1] Pijao (Quindío), Pueblorrico (Antioquia), Ibagué (Tolima), Gachantivá (Boyacá), Arbeláez (Cundinamarca), Pasca (Cundinamarca), Orapa (Huila), Cogua (Cundinamarca), Carmen de Chucurí (Santander). Fuente: Eje de Defensa y Protección del Territorio del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

[2] Según la Asociación Colombiana de Petróleos, en total hay 44 iniciativas de consultas populares contra el sector minero energético, de las cuales 20 son contra hidrocarburos. Fuente: “Hay unas 44 consultas populares en curso contra sector minero energético”, Caracol Radio, 5 de junio de 2017, disponible en: caracol.com.co/radio/2017/06/05/nacional/1496680649_492965.html.

[3] Parte XI. Arts. 235 a 238.