Presentan balance sobre el tercer año del gobierno de Iván Duque, pasará a la historia como el peor
El pasado 21 de septiembre, día Internacional de la paz, las plataformas de derechos humanos en Colombia: Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos; la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, presentaron el informe ‘Lecciones del Aprendiz. Autoritarismo y Desigualdad’, un balance del tercer año de gobierno de Iván Duque Marquéz, cuyo hincapié está en que “Si los dos primeros años del Gobierno de Duque ya señalaban un deterioro de los derechos humanos en Colombia, este tercer año pasará a la historia como el peor (…)[1]”.
Las plataformas agrupan a más de quinientas organizaciones sociales y de derechos humanos de todo el país, las cuales en conjunto con un grupo de académicos/as, congresistas, e intelectuales, redactaron 35 artículos que componen el informe completo sobre el balance del tercer año de gobierno Duque, dando una aproximación a la situación de Colombia en términos de abuso de autoridad y represión violenta a la protesta social, escalamiento de la violencia, aumento de la pobreza y la desigualdad, hostigamiento a la administración de justicia, y unas relaciones internacionales debilitadas por la injerencia indebida en asuntos políticos de otros países.
Este balance se plasmó en cuatro grandes capítulos sobre: Paz, crisis humanitaria y situación de personas defensoras; Debilitamiento de la Democracia; Empobrecimiento y desigualdad; y Colombia, el mundo y su relacionamiento. Cada capítulo está compuesto por diferentes artículos que dan cuenta de la grave crisis humanitaria que afecta desproporcionadamente a pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades apartadas, el campesinado, mujeres rurales, niñez y juventud, y la sociedad colombiana en general, expandiéndose cada vez más por todo el país.
Y es que el tercer año de gobierno de Duque pasará a la historia -hasta ahora- como el peor, pues no en vano el informe recoge datos y cifras alarmantes en materia de Derechos Humanos. Durante el último año 41 indígenas del pueblo Awá fueron asesinados; en 2020 se presentaron 91 masacres que dejaron 381 víctimas, mientras que apenas en siete meses de 2021 se presentaron 60 masacres en las que murieron 221 personas; de igual forma, durante el último año se ha registrado presencia del Ejército de Liberación Nacional – ELN en alrededor de 140 municipios de Arauca, Catatumbo, Magdalena medio y Sur de Bolívar.
Así mismo, el informe retrata que una de las principales razones del recrudecimiento de la violencia son los pocos avances y la falta de interés del Gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Según información de la Contraloría General de la República, entre 2017 y 2019 se gastó el 12% de los recursos para implementar el acuerdo, lo que significa que se necesitan 10 años más de los 15 previstos inicialmente. Por su parte, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas reporta que para 2020 solo se han reconocido a 1’107.953 personas como víctimas, de las 8’130.447 que están inscritas, es decir, solo el 12%.
Durante el tercer año de gobierno de Duque se han producido dos grandes estallidos sociales producto de la pobreza y desigualdad, la reforma tributaria, el abuso de autoridad y brutalidad policial, y la impunidad. El primer estallido se dio el 9 y 10 de septiembre, en el que se reportaron 10 personas -en su mayoría jóvenes- asesinadas en Bogotá y 3 en Soacha, por la Policía Nacional; además de 300 personas heridas y 29 casos de tortura y/o tratos crueles, y degradantes. Mientras que durante el segundo estallido inició el 28 de abril de 2021, en el que se registraron 48 personas asesinadas y 115 heridas por armas de fuego de la Fuerza Pública, y 365 casos de detención arbitraria, tortura y/o tratos crueles y degradantes.
Producto de la permisividad del Gobierno ante el abuso de autoridad y la brutalidad policial, además de la injerencia indebida en asuntos de otros países, la imagen del país en el exterior se ha visto perjudicada, al punto de que 55 congresistas demócratas del Congreso de Estados Unidos condenaron los abusos cometidos por la fuerza pública e hicieron un llamado al secretario de Estado para suspender la ayuda directa a la policía colombiana; al mismo tiempo que, el Departamento de Estado y la Casa Blanca se pronunciaron resaltando la importancia del derecho a la protesta y el diálogo.
Olga Silva, directora de Humanidad Vigente y vocera de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, declaró sobre el informe que el Estado colombiano está en deuda con el derecho a la paz de sus habitantes. Afirmación que se constata con el incumplimiento del Acuerdo de paz, simulando que sí se cumple ante la comunidad internacional. Algo que se ha reafirmado no solo con las cifras expuestas, sino con la decisión del Gobierno para cerrar la vía del diálogo y la salida negociada al conflicto, como ha sucedido con el ELN[2].
Cada página del informe es una muestra más de cómo el gobierno Duque ha intentado hacer trizas la paz dejando a un lado el acuerdo firmado en 2016. La forma en que el presidente ha llevado al país, incluso ejerciendo presión sobre instituciones que deben tener independencia y afectando los mecanismos de participación ciudadana, han debilitado la democracia, llevando al país de nuevo a la guerra; una guerra que pretende invisibilizar con una paz superficial que permitido una profundización de la violencia en todas las regiones del país. Sin embargo, ha sido un intento fallido, porque existe un movimiento social, organizaciones sociales, defensores y defensoras, comunidades étnicas, líderes y lideresas, los firmantes de paz, han seguido trabajando en la construcción de una paz estable y duradera en los diferentes territorios de Colombia.
[1] https://humanidadvigente.net/autoritarismo-y-desigualdad-es-el-legado-que-esta-dejando-el-gobierno-de-ivan-duque-marquez-plataformas-de-derechos-humanos/
[2] https://www.youtube.com/watch?v=xsCyHLkdTyQ