Ordenamiento territorial participativo en el proceso de construcción de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra

Palabras Clave: Identidad, Desarrollo, Zona de Reserva Campesina, Ordenamiento Territorial.

Abstract

The Peasant Association Cimitarra River Valley brings together 120 community action boards of the paths of Yondó and Remedios (Antioquia) and San Pablo and Cantagallo (Sur de Bolívar) in the Middle Magdalena Colombia. As a result of a particular process of colonization of the agricultural frontier is the result of a single peasant organization. The ACVC contains all requirements, stories, wishes and proposals of a peasantry with its own identity distinct from other farmers in the country. It is therefore able to propose a vision of cultural and territorial self-development, different from modern development economist. For this, it proposes and defends a model of participatory land use, based on a better distribution of land and food sovereignty for all. First of all we propose a method or a plan to ensure decent living conditions to all its inhabitants. This proposal is made in the construction of the Peasant Reserve Area Cimitarra River Valley. Show how how to built this Peasant Reserve Zone and how it proposes a land through a participatory development plan itself is the end of this article.

Keywords: Identity, Development, Zona de Reserva Campesina, Order Land.

«Imagínese 14 años atrás. Se da cuenta en la situación en que vivimos. Imagínese antes de haber una organización comunitaria que hiciera planteamientos de fondo al gobierno. Si no tenemos luz hoy, si no hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay vivienda, no hay carreteras, no hay puestos de salud, no hay telefonía, muy pocas escuelas, ¿imagínese antes que había?1».

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (En adelante ACVC) surge de un proceso de organización campesina, en un contexto histórico de colonización de la frontera agrícola gracias a la desigual distribución de la propiedad rural en el país y a diferentes procesos migratorios internos. Al ubicarse en el Magdalena Medio colombiano la región del Valle del Río Cimitarra ha sufrido tres grande etapas de colonización, la primera causada por la explotación del petrolera y maderera a principios del Siglo XX, la segunda gracias a los desplazamientos que originó «La Violencia» desde mediados de la década de los cuarenta y una tercera migración causada por el fenómeno paramilitar desde finales de los años 70s. Estas diferentes migraciones y el retiro de la Shell de puerto «Casabe» en Yondó, conformaron un campesinado particular, con una organización política y social diferente a los generados en otras regiones de Colombia. ACVC surgió en un contexto nacional y regional de movilización campesina a mediados de la década de 1990. En este contexto, las múltiples asambleas veredales que conforman la asociación deciden sumarse a la movilización con el fin de pedir protección para sus vidas y sus cultivos, pero también para negociar reivindicaciones como vías, salud y educación. «Uno de los resultados de las negociaciones fue la creación del Movimiento Regional por la Paz, expresión del campesinado que esperaba ser interlocutor ante el cuestionado gobierno de Ernesto Samper (1994 – 1998)» (Molano Frank, 2009).

ÉXODO DE 1996

«Con el presidente Samper por allá en 1996, se hicieron unos acuerdos en un éxodo, porque nos tocó salir varias veces de la región, tocó por necesidad de ir acosados por el atropello, la persecución, estamos hablando de persecución por parte del Estado, porque entonces, con la influencia que había de la guerrilla en la región se prestaba para decir que venían persiguiendo la guerrilla pero los perseguidos éramos nosotros los campesinos. (…) 2». El éxodo de 1996 se produjo entre los meses de Septiembre y Octubre, la mayoría de los campesinos de la región marcharon unos a San Pablo (Sur de Bolívar) y otros a Barrancabermeja (Santander), marcha que se denominó «marcha de los parques».

«Primero nos reunimos 9 Juntas de Acción Comunal en el Tamar y empezamos a plantear que hacer frente a la situación porque ya se veía una crisis en la región, una crisis en lo que tiene que ver con lo de las escuelas, puentes, puestos de salud, que el gobierno empezara a ayudarnos, los alcaldes nunca nos han ayudado en eso. Hacemos una reunión de 9 juntas y una de las propuestas es hacer una marcha para reclamar nuestros derechos. 9 juntas de a 4; cada junta se encargaba de reunir 4 juntas más. 9 x 4, 36, unos hablaron con otros, y ya! terminamos 36 juntas. Hicimos una convocatoria y se hizo un comité de impulso para hablar con la gente. Al que le decíamos decía que listo, que iba a hablar con la comunidad y la comunidad: listo, porque la gente estaba asfixiada y organizamos la marcha y nos fuimos pa Barranca!3».

Lo anterior nos muestra cómo las diferentes JAC se aglutinaron en un solo proceso gracias a que comparten las mismas necesidades, entonces buscaron la forma de satisfacerlas, en este caso exigiendo la intervención del Estado, a través de una protesta, de una movilización de carácter regional. «Esa marcha del 96 se llamó la marcha de los parques, nos ubicamos en un parque. Ya no cabía más gente en ese parque, entonces movimos un grupo de personas para otro parque, para el parque Palmira, era un parquecito más grandecito. Nos quedamos a la intemperie, al sol y al agua, nadie llevaba caucho y la gente de Barranca se solidarizaron y nos prestaron algunas carpas, algunas cosas y los campesinos que se quedaron nos mandaban tablas para improvisar unas camitas altas del piso porque cuando llovía se nos mojaba todo. Ahí nos estuvimos un mes, nos dio una enfermedad que se llamó el «abrazo del pato», como una gripa aviar hoy4″.

En el éxodo se «integraron 17 municipios que, representados por sus líderes comunitarios, llegaron a formar 3 mesas de diálogo en torno a los ejes siguientes: salud, educación y derechos humanos; infraestructura y saneamiento básico; producción agrícola, pesquera, minera y medio ambiente. Ya no fue un listado de reclamos sino un principio de plan de desarrollo. Aunque en esta marcha se pidió respetar la vida de todos los líderes campesinos, mineros y pescadores, a finales de octubre y luego en el mes de noviembre de 1996, comenzaron los primeros asesinatos» (Molano Frank, 2009)

El gobierno de Ernesto Samper escucha las demandas del campesinado de la región y se compromete a atender algunas de las necesidades de los campesinos. Con esta respuesta el campesinado se repliega y crea comités de seguimiento que supervisen la labor de las entidades del Estado comprometidas en el compromiso adquirido.

«Se hacen los acuerdos, queda un grupo de voceros que son los que firman los acuerdos. Entonces cómo se hace cuando unos campesinos son del Nordeste Antioqueño otros del Sur de Bolívar y otros de esta parte aquí pa bajo y hay voceros de todas partes, el vocero es el líder ¿no? No habían celulares cuando eso, o si habían no los teníamos los pobres, entonces poníamos fechas, de hoy pongamos fecha para dentro de 2 meses y nos reunimos, nos reuníamos en Barranca un grupo de campesinos lideres para hacerle seguimiento a los acuerdos. Y cada mes o dos meses nos encontrábamos, que en 20 días una reunión con el gobierno y en 20 días bajábamos. Hasta que nos hicimos amigos, y ¿qué tal? ¿Qué cuénteme de la gente de allá? Nos conocimos, éramos como 3000 personas; que yo soy de esa junta y yo de la otra y empezamos esa amistad. Entre líderes y comunidades, entonces surge la idea: bueno, si somos voceros de la marcha y hacemos parte del comité de seguimiento de los acuerdos de la marcha, entonces hicimos el planteamiento; ya vimos que con el gobierno no era suave, que incumplía. Entonces hacemos la propuesta de hacer una asamblea muy grande, invitar muchas juntas para conformar una asociación de campesinos. Porque ya teníamos la base, con la movilización vimos que éramos artos, una cosa es estar en una vereda con 20 familias y que somos los mismos y que de ahí no salgo, y ahora 2000 o 3000 en los parques, la vaina esta buena, hacemos una asamblea de delegados, cada JAC saca 2 delegados, presidente y delegado y se hace una asamblea. Y conformamos la ACVC el 22 de Diciembre del año 96. Y le colocamos el nombre ACVC5» La respuesta inmediata a la conformación de la ACVC fue de carácter violento, la incursión paramilitar en la región se agravó6. En otras regiones del país, sobre todo en aquellas donde existieron movilizaciones campesinas, la respuesta fue similar.

Ocho días después de que la primera Junta de la ACVC, los paramilitares incursionan en la región y queman la vereda de la cooperativa (Puerto Nuevo Ité). «El 29 del diciembre queman la cooperativa del Ité. Cómo llegar a, dios no lo quiera, que hay tiendas negocios, gente y echarle candela a todo. Que la gente le valieron las paticas pa ́ correr o hubiese sido la masacre más grande de la historia del paramilitarismo aquí. Porque llegaron de día con plomo, nosotros decimos que el «burro con candela no es lerdo». Entonces empezaron a matar gente tan pronto fue la marcha, y mate gente y mate gente; nosotros veíamos que venía el proyecto el proyecto paramilitar bajando, y subiendo por todas partes. Lo único sanito era Barranca, San pablo y Cantagallo. Y pasan dos años y la gente ya con rabia, y empezó a preguntarse ¿y los acuerdos?, ¿ Y la mojada de nosotros en ese parque?, ¿la enfermedad y eso qué? Que nada, nada, la gente misma fue la que empezó a plantear, toca volver a salir, pero ya no éramos 9 juntas, éramos 120 JACs convocando, ahí se mueven 13.000 campesinos a Barranca en el 987″.

ÉXODO DE 1998

Cansados de su difícil situación y viendo el incumplimiento del Estado a sus demandas, 10.000 campesinos del valle del río Cimitarra se movilizaron de nuevo hacia la ciudad de Barrancabermeja donde se establecieron por tres meses. El resultado de la protesta provocó que el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998 – 2002) firmara unos nuevos acuerdos donde se comprometía, entre otras cosas, a la creación de una Zona de Reserva Campesina (En adelante ZRC), financiar el plan de desarrollo y protección integral de derechos humanos del Magdalena Medio y crear un bloque de búsqueda contra el paramilitarismo.

«Y eso empeoró porque el primer punto de la marcha del 96 era escuelitas, puestos de salud, carreteritas, el primer punto de los acuerdos del 98 fue el respeto a la vida, el tema de DDHH, porque era que ya en el 96 planteamos que nos iban a matar y en el 98 que nos estaban matando8».

Los éxodos del 96 y 98 fueron movilizaciones del campesinado del VRC de carácter autónomo, motivados siempre por superar, en primera instancia, sus necesidades básicas: vida, salud, educación, alimentación. En estas marchas se observa un alto grado de cohesión social, desde la organización de la actividad como tal, hasta el regreso a sus viviendas. El trabajo para superar las dificultades en una movilización de tal magnitud es alta; porque el hecho de «abandonar» por un periodo de tiempo, así sea reducido, sus hogares, cultivos, animales y actividades cotidianas, es de un costo económico por familia elevado; de otra parte las dificultades en el cuidado de los menores de edad; las dificultades climáticas, de albergue, de alimentación tienen como consecuencia un desgaste físico y sicológico en el individuo evidente.

Sin embargo, en lo referente a lo colectivo se evidencias crecimientos importantes, crecimiento en el sentido del incremento de la cohesión social, se refuerzan y crean lazos sociales entre vecinos9, se amplía la visión y conocimiento de la región al compartir experiencias con campesinos de otras veredas, generando situaciones de empatía e identificación con las situaciones de otros, al entender que no son muy diferentes y que comparten tanto necesidades como anhelos, aumentando lazos de solidaridad y compañerismo. En otras palabras, se observa que en los éxodos se evidencian como Melucci lo entiende, las maneras en que las formas de acción colectiva, entre ellas las organizaciones, constituyen su identidad: «1) la producción de la solidaridad entendida como la capacidad de sus miembros para definir y reconocer un sentido del nosotros, y desde ahí compartir y construir unos referentes de cohesión social; 2) la capacidad de movilización para explicitar los conflictos sociales, en la medida en que los participantes perciben las condiciones problemáticas como injusticias, configurando marcos de interpretación compartidos desde donde también justifican y legitiman sus propuestas; 3) la acción como vehículo que permite romper los límites del orden que tiende a la naturalización de la vida social, ruptura que posibilita el despliegue de las capacidades políticas de los actores.»(Melucci, 1994:120 citado en Molano, Mendoza, 2008: 5).

Entonces, se entiende que los éxodos fueron instrumentos vitales para reforzar la identidad campesina en los pobladores de la región, ya que, como lo explica Ingrid Bolívar: «la identidad más que herramienta de identificación, presupone actuar sobre un orden, sobre un orden social establecido» (Bolívar: 2006). La idea del éxodo es ejercer presión al gobierno estatal para que facilite la solución de las necesidades colectivas. Pero el campesinado no sólo se exige una solución de necesidades, sino que proponen la forma en que deben ser solucionadas, en este caso los éxodos, a fin de cuentas, lo que buscan es que el Estado, respete, apoye (política y financieramente) un plan de desarrollo autónomo, integral y regional.

De otra parte, otra razón que pesó mucho en la decisión de la movilización «fue la prevención sobre el tipo de inversiones que piensan poner en marcha algunas empresas multinacionales en la región. Se hablaba de megaproyectos para la extracción del oro en la Serranía de San Lucas, del descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en Bolívar, de las grandes haciendas para la cría de búfalos en las tierras bajas e inundables de Yondó y Cantagallo, de la construcción de una gran transversal sobre la depresión Momposina y del interés de los grupos paramilitares por controlar el comercio de la coca en la región para enriquecerse e intensificar la guerra contra el movimiento popular. El temor a la muerte y el deseo de recuperar sus propiedades es un factor determinante en la movilización de las comunidades»10. Acá observamos cómo la región también es importante para otros grupos sociales que pretenden imponer su dominio territorial en la región a través de imponer modelos de desarrollo que se acoplen a sus necesidades.

En el proceso de negociación y firma de los acuerdos del éxodo de 1998, «la Mesa Regional permanente de trabajo por la paz del Magdalena Medio se convirtió en la instancia de representatividad de las comunidades campesinas y mineras del sur de Bolívar y el Valle del Río Cimitarra y de sectores populares de Barrancabermeja, o en otras palabras, en la expresión que aglutinó a diferentes formas organizativas de las comunidades de esta zona del país. El carácter de la «Mesa» fue el trabajo permanente orientado bajo el diálogo y la concertación constructiva. Los objetivos se centraron en dinamizar el proceso de trabajo de la Mesa por medio de la implementación de áreas del Plan Integral» (Becerra, 2005: 15). La Mesa regional integrada por la ACVC y la Federación Agro-minera del sur de Bolívar fue la instancia que coordinó a las organizaciones para la creación del Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio.

PLAN DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Para los representantes del éxodo del 98, era necesario mantener vigentes las exigencias y presionar al estado para que las cumpliera, por ello consideraron necesario que el Plan Integral de Desarrollo sea ejecutado y controlado principalmente por las organizaciones de base y en general todas sus organizaciones representativas.

El Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio se creó de la siguiente manera:

«Se hizo un estudio basado en la realidad de la región con unos expertos. Pero ese estudio no lo hicieron expertos, porque aquí pueden venir mil expertos y si la comunidad no dice nada, pues son expertos pero no sabios, aquí los que tienen la sabiduría, con todo el respeto de los técnicos y de la gente de las personas que son muy preparadas, la información la tenemos cada uno de los habitantes de la región. Entonces se hizo un foro en Cantagallo, donde participaron más de 700 personas más de 700 delegados de los municipios de Yondó, Cantagallo, Remedios, San Pablo, Simití y, Puerto Wilches. Se hizo un trabajo de 4 días, foros, para que la gente planteara desde la necesidad más grande hasta la más pequeñita y que plantearan el tema. Los tipos recogieron todas las ponencias, lo que la gente planteaba, eso lo recogieron hicieron un arrume de carpetas. Los tipos se fueron para Bogotá e hicieron un libro así de gordo. Era gente particular, no era del gobierno, si hubiera sido del gobierno pues maravilloso, pues ni maravilloso, porque eso lo hicimos nosotros, de eso el gobierno no se untó, más bien se han copiado, porque los planes de desarrollo que hacen en el municipio lo hacen en una oficina basado en estudios, pero el plan de desarrollo lo hicimos los campesinos de aquí, los campesinos del montón y los que dicen que hay que hacer 5 o 4 puentes en la vía Yondó- San Francisco y los que dicen que el paso malo es allá o acá. Ese plan de desarrollo integral es la carta de navegación. ¿Qué protestan? ¿Qué es lo que plantean? En la protesta llevamos basados en estudios, y en acuerdos incumplidos y firmados por el gobierno. Entonces, acá estamos porque ustedes no cumplieron, pero no solamente a plantearlo así porque queremos, éste es un estudio de 700 municipios con el aval de la alcaldía, con el aval del consejo, eso lo hicimos en los cascos urbanos, el plan de desarrollo integral del Magdalena Medio, no es poca cosa11».

El inicio de la ACVC como aglutinador de los diferentes procesos históricos de la organización social de la comunidad campesina del Valle del río Cimitarra y como expresión de una identidad política específica, se expresa de forma clara y contundente con éste Plan de Desarrollo, es su «carta de navegación». Como ya se mencionó, en el «Plan» no sólo aparecen una serie de exigencias y demandas para satisfacer necesidades, sino una propuesta de cómo sería la vía más eficaz, es decir, que métodos y de qué forma se deben aplicar ciertos programas o proyectos en la región que ayuden a la comunidad a superar estas necesidades. En otras palabras el «Plan» muestra la visión de Desarrollo que construyeron los campesinos del valle del río Cimitarra. Esta visión es diferente a la visión que maneja el Estado sobre el desarrollo de las poblaciones campesinas en Colombia.

Es una visión diferente porque maneja un enfoque cultural, territorial y regional, no sólo económico, dentro del «Plan». Es decir, explican que un Plan de desarrollo que se aplica a la población campesina en general, y al campesinado en zona de frontera agraria, de la misma manera, es ineficaz ya que no acata las condiciones particulares históricas y organizativas de los diferentes campesinados del país. También son conscientes que dentro de la misma región existen diferencias en las necesidades que no se pueden resolver por la misma vía. Por tal motivo proponen un Plan de desarrollo de acuerdo a su visión y entendimiento de la realidad y no a la visión que se tienen desde afuera de la comunidad De otra parte, las políticas públicas que se refieren a lo rural, tienen un fundamento y una influencia externa, impulsadas por organismos internacionales como la Cepal, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

Sin embargo, la colonización del Magdalena Medio y por tanto la colonización del Valle del Río Cimitarra, nunca contó con la dirección, apoyo o presencia del Estado. El Ordenamiento Territorial de la región lo efectuaron, de alguna manera, empresas extranjeras explotadoras de recursos primarios (Shell Company) y los colonos, luego campesinos de la región. Esta falta de un proyecto de Ordenamiento Territorial desde el Estado, provocó y provoca que los diferentes actores sociales de la región disputen la implantación de su propio modelo, disputa que ha llegado al punto de ser violenta. Ganaderos, petroleras, guerrillas, paramilitares, multinacionales extranjeras, fuerzas militares y el campesinado en general buscan de diferentes maneras ejercer control territorial en la zona.

Entonces, el campesinado de la región del Valle del río Cimitarra, como heredero de las diferentes luchas sociales que han disputado desde sus inicios los colonos de la región, como mayoría poblacional en la región y como comunidad comprometida con la preservación no sólo de sí mismos, sino del ecosistema, pretenden de forma pacífica y dialogada que se respete y defienda su modelo de Ordenamiento Territorial a través de la implantación de su propuesta de Plan de Desarrollo Integral. Pero, para que éste Plan pueda ser ejecutado, se debe comenzar primero por el respeto a la vida al colectivo que lo propone, en segundo lugar se debe respetar el ejercicio de dominio de su territorio específico. Es decir, se debe respetar su derecho a la posesión de la tierra. Porque se entiende que la identidad campesina no depende solamente de su territorio, sino que el territorio es determinado por esta identidad construida históricamente (Zambrano, 2001), de allí, que a la par de proponer un Plan de Desarrollo especifico, se propone que este sea implantado dentro de la región delimitada bajo el nombre de Zona de Reserva Campesina.

Según lo postulado en el «Plan», éste tiene que «redefinir el desarrollo como concepto convencional y apropiarlo regionalmente, entenderlo como un proceso resultante de un proyecto político y cultural, que no se puede imponer desde los tradicionales centros de poder o asimilarlo como el buen regalo de las agencias de desarrollo capitalista»12. El concepto de región «se asume desde la perspectiva de las comunidades, en tanto existen imaginarios, realidades, identidades y una propuesta política reivindicativa de la población asentada en los municipios de la región» (ACVC, 2009).

El Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio plantea un nuevo paradigma de «desarrollo» al desligar su puesta en marcha y sus resultados del punto de vista económico. Es decir, se entiende que se necesita la inversión de recursos económicos en la región para que puedan ponerse en marcha ciertos proyectos que dé como resultado la mejora de las condiciones de vida de los campesinos del valle del río Cimitarra, pero esto no quiere decir que los resultados deben siempre manifestarse en su «superávit» fiscal de lo que se invirtió. Un resultado positivo de la implantación eficaz del plan, es el de superar la necesidades que tiene el campesinado a través de garantizar condiciones de derecho a la vida digna. Pero, el derecho a la vida digna no es sólo el respeto a la vida como tal, sino es el respeto al territorio, el respeto de una forma de producción campesina, es el derecho a la soberanía alimentaria, es el derecho a reunirse y organizarse, el derecho a preservar el ambiente, etc.

El Plan cuenta en esencia, con un diagnostico que pone en evidencia las grandes problemáticas del la región y con 7 programas, entre los que se encuentran: el programa de desarrollo rural y forestal, un segundo programa de servicios, uno tercero de educación, el cuarto es el de protección del medio ambiente, uno quinto es el de redistribución y asesoramiento de la tenencia de la tierra, que es importantísimo porque le da vida a este desafío histórico a esta lucha del campesinado por el acceso de la tierra, un sexto programa es el programa de difusión del estado local, y el séptimo es el de afianzar el proceso organizativo en derechos humanos. Todos estos programas se encuentran bajo el marco de un territorio definido, bajo una Zona de Reserva Campesina, con el fundamento de proporcionar condiciones de vida digna a los pobladores de la región, así como una propuesta eficaz de sustitución de cultivos ilícitos.

A continuación mostraré los programas más importantes que han influido en una nueva propuesta de ordenamiento territorial y de pertenencia a un territorio que ha ayudado a mantener y reforzar la identidad campesina en la región.

«Considero el programa de desarrollo rural y forestal, afortunadamente para la asociación campesina y el campesinado de la ZRC, es el que ha logrado avanzar más contra amenazas latentes y adversidades principalmente desde el mismo Estado y su accionar legal y el accionar ilegitimo del paramilitarismo. Porque ustedes saben que han avanzado en procesos como en el de la caña, el arroz, los búfalos y eso es importantísimo porque me parece que esto materializa la necesidad de territorio, sino que la primera necesidad para defender la tierra es permanecer en ella y la convicción de permanecer en ella. Respetar esta tierra, convivir con ese territorio, sacarle comida a esa tierra y en ese sentido es muy importante mantener estos programas pese a la situación de suspensión13».

Este programa ha salido adelante gracias al apoyo financiero extranjero, que ha aportado y supervisado la ejecución de proyectos productivos de arroz, caña, búfalos, así como proyectos de vivienda, salud y educación. Entre estas organizaciones se encuentran el Banco Mundial a través de del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que financió algunos proyectos por medio del Plan de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM). Sin embargo en todas las circunstancias se ha respetado la autonomía del campesinado en la ejecución de estos recursos, recursos que siempre se han usado para el fin presupuestado. Provocando que su imagen a nivel internacional sea de responsabilidad, compromiso y resultados positivos. Un programa clave en el Plan Integral es el programa que materializa todo el tema del uso del territorio (ordenamiento territorial, consiste en delimitar cuales son las zonas productivas, agrícolas, pecuarias, forestales, plantea la forma de titularidad de la tierra que genera dos figuras muy importantes que son: una la titulación en hogares o unidades agrícolas familiares y las unidades agrícolas forestales, como formalización de tenencia de la tierra y ligadas a involucrarse en procesos productivos concretos. Entre estos procesos productivos se encuentran, proyectos ya mencionados de producción de arroz, de caña, proyectos de ganado blando y búfalos, así como proyectos de vivienda y huertas comunitarias.

El programa de tenencia de la tierra, explica porque es necesaria la implantación de la Zona de Reserva Campesina en la región, que garantice la autonomía de la organización territorial.

ZONA DE RESERVA CAMPESINA14

La zona de reserva campesina se propone en el mismo marco de la construcción del Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio.

Estas zonas de reserva campesina fueron impulsadas por las peticiones de movimientos campesinos y avaladas por el gobierno en la ley 160 de 1994. En esta ley se resaltó la importancia de las reservas campesinas dentro de la dinámica de los procesos de colonización en Colombia. «Las reservas campesinas aparecen como un instrumento que le permite al Estado realizar el ordenamiento de las zonas de colonización, proteger los espacios de reserva forestal y de recursos naturales estratégicos y regular la tenencia de propiedades privadas en dichas áreas. El interés de la política radica en la consolidación y estabilización de las comunidades campesinas y de los colonos, con base en la definición de los derechos de propiedad sobre los territorios, el desarrollo de actividades productivas sostenibles y el apoyo a procesos de autogestión comunitaria» (Fajardo, 2002). Literalmente, el objeto del decreto antes mencionado es: «Fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que la afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas15».

Sin embargo las ZRC no fueron concebidas propiamente por el Estado. Fueron ideas recogieron algunos académicos, de las propuestas hechas por campesinos de otras zonas de colonización. «Entre 1985 y 1987 las regiones en donde se habían afianzado los cultivos campesinos de coca vivieron la «destorcida» de esta economía, producida por la sobreoferta de producción. Una de estas regiones fue la extensa zona de colonización que se extiende a lo largo de las márgenes de los ríos Duda, Losada, Guayabero y Guaviare, en el suroccidente del Meta y noroccidente del Guaviare, en donde las economías locales habían hecho de este cultivo el principal renglón productivo, en términos económicos» (Fajardo, 2000). La caída de precios y el alejamiento de compradores dejaron a merced del desabastecimiento a la comunidad, lo que desembocó en el abandono de fincas y «chagras». A este fenómeno se le suma la radicalización de la guerra «sucia» contra la oposición política y el aumento de ataques por parte de narcotraficantes. Lo anterior provocó que la comunidad reclamara ante el Estado la ausencia de inversiones sociales en la región.

Una expresión de estas movilizaciones fue la marcha sobre San José del Guaviare en 1987, narrada por Alfredo Molano16 en la cual tomaron parte colonos del Parque Natural de La Serranía de la Macarena. «Una de las reivindicaciones de estas comunidades era la titulación de las tierras que venían trabajando como requisito para recibir la atención del Estado en créditos, asistencia técnica y demás componentes del llamado «desarrollo rural», particularmente ausente en las regiones de colonización. La demanda de los colonos implicaba el realinderamiento del Parque Natural, determinación que finalmente tomó el Estado, expresa en el Decreto ley de 1 de septiembre de 1989. Esta figura contempla una zonificación del área en la cual se distinguen el Parque, propiamente, una zona de protección y una zona para la producción; pese a las condiciones conflictivas en las que se tomó esta decisión, el decreto no ha sido aplicado» (Fajardo, 2000). Entonces, propusieron al Gerente general del INCORA, Carlos Ossa que se les titulara la tierra en medianas extensiones a cambio de su compromiso de preservar los bosques y demás recursos naturales aún existentes.

No fue coincidencia el que los campesinos del Duda hicieran esta propuesta. «Muchos de ellos provenían de otras regiones del país, desplazados por la violencia de años anteriores; en particular, tuvo influencia sobre ellos la corta experiencia de las que se llamaron en los años 50 y 60 «zonas de autodefensa campesina» (Fajardo, 2000).

Ante la magnitud del movimiento y lo interesante de la propuesta como posible solución a los efectos de una colonización no dirigida que desencadena maltrato al medio ambiente y generara el espacio propicio para la promoción de los cultivos ilícitos, Abdón Cortés y Darío Fajardo plantearon una propuesta «de ocupación de la Amazonia basada en un tipo de agricultura alternativo a la coca, más amigable ́, con las condiciones ecológicas de la región y que permitiera estabilizar la colonización» (Ortiz, 2004) Por su parte Alfredo Molano, a partir de sus charlas con campesinos del sur del país, y recogiendo las ideas de Fajardo y Cortés, concretó entonces la idea de «constituir unas zonas especiales, con las que se buscaba consolidar la propiedad de los campesinos y colonos y estabilizar la frontera agrícola mediante una política específica» (Ibídem). Esta idea se transmitió al Ministerio de Agricultura y al INCORA y se incluyo en la ley antes mencionada que estaba en trámite.

Sin embargo como figura jurídica, la ley fue introducida en el Decreto 1777 de 1996, decreto 024, que fue rescatada a partir de las marchas campesinas del sur del país a mediados de 1996. Dada la magnitud de la movilización, el Estado se vio obligado a negociar y conceder el punto que contenía la declaratoria de las ZRC en algunas de estas zonas. La ley tiene como objeto: «fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones necesarias para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas17».

A partir de la consolidación de la ley se establecieron las primeras cuatro ZRC, en Guaviare, El Pato, San Vicente del Caguán Caquetá, Putumayo y Sur de Bolívar. «El decreto reglamentario estableció como ámbito de aplicación de las ZRC, además de las áreas de colonización y de predominio de baldíos «las áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural», abriendo la posibilidad de establecer ZRC en el interior de la frontera agrícola» (…). El sector gremial manifestó su rechazo a este alcance del decreto básicamente por temor a las organizaciones campesinas referido a la oposición histórica de élites nacionales a una reforma agraria efectiva» (Fajardo, 2000).

ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA (ZRCVRC)

Mediante la resolución 028 del 10 de diciembre de 2002, donde el Ministerio de Agricultura decretó la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra (En adelante ZRCVRC), en un territorio de cerca de 184 mil hectáreas. Sin embargo un conjunto de intereses regionales opuestos a la ZRC lograron en marzo de 2003 su suspensión. «Esta medida, según la organización campesina, expresa los intereses de sectores de grandes empresarios rurales contra la existencia de la ACVC y sus iniciativas políticas regionales18». La ZRC a demás de buscar la forma de legalizar la posesión de la tierra para los campesinos, lo que procura es sentar una voz de respeto a su autonomía política, económica y organizativa.

Desde la autonomía del campesinado y su proceso organizativo se ha construido una forma de Ordenamiento Territorial; sin embargo, hace falta el elemento de formalización de tenencia de la tierra es decir acceder a los títulos en las partes donde no hay.

«la ZRC puede dar el paso a la titularidad de la tierra en las zonas donde no se tiene acceso a los títulos. Eso es muy importante porque la titularidad de la tierra ligada a todo el tema del plan de desarrollo y de proyectos productivos son los que garantizan el permanecer en el territorio de manera segura, en condiciones de seguridad, con condiciones de continuidad, entonces es un punto muy importante, y sobre todo es importante dar la lucha por toda las razones que se han mencionado, pero a través de la ZRC es posible acceder a la titularidad de la tierra de manera más armónica y de manera autónoma por el campesinado. Esa es otra de las razones por la que hay que seguir esta lucha por la ZRC» (Méndez, 2009).

La ZRCVRC propuesta con su respectivo Plan de Desarrollo que tiene por fundamento el Plan Integral del 98, es una figura que más allá de proponer un modelo de desarrollo autónomo y regional, es una propuesta para evitar la desaparición del campesinado en Colombia, así como de los ecosistemas en los que habitan. Además, es una forma de expresar su importancia en el orden mundial, no sólo como comunidad histórica, sino como los primeros en la cadena de producción de alimentos a nivel mundial. «Se nos hace una iniciativa que la tomamos en vista de lo que hemos visto en otras partes en Colombia, mirando que día a día el terreno se va achicando, que los recursos muy aceleradamente los están explotando o los están saqueando, los minerales, que el petróleo se acaba, que las tierras donde hay oro se las quieren entregar a las concesiones multinacionales para que lo exploten a cielo abierto , donde hay el carbón, donde están las aguas, el potencial de aguas de flora y fauna, pues si no se hace nada serán terrenos escarpados dentro de un tiempo, como campesino pienso y me preocupa, que si no se nos tiene en cuenta y se nos respeta una parte de una subregión o un territorio para un trabajo, de trabajo sano agropecuario, para el desarrollo del campesino y donde hacer y producir a su manera, de acuerdo a su cultura y a sus capacidades, estamos llamados a desaparecer sobre la faz de la tierra los indígenas, los campesinos, y los afro descendientes, porque las tierras ya se lo dije, no por ser reiterativo sino porque así es, donde hay riqueza hay codicia para ver como se hacen ahí19».

Entonces, las Reservas Campesinas son una respuesta a «los limitados alcances de un desarrollo económico sin mercado interno, consecuencia de una elevada concentración de los ingresos y la propiedad, sin redistribución de los ingresos y políticas laborales regresivas que generaron una extendida marginalidad social» (Fajardo, 2006).

Así pues, la lucha por una Zona de Reserva Campesina en el VRC ha permitido que el campesinado de la región busque ejercer una forma de territorialidad particular, que estabilice la colonización y evite el acaparamiento de tierras en manos de unos pocos, porque como expliqué anteriormente: La territorialidad estaría definida por la «movilización de la pertenencia a un territorio, con intención de dominio, constituye un factor fundamental en la construcción espacial de territorio, pues produce un fenómeno similar al de la comunidad imaginada, es una conexión simbólica con el territorio que es capaz de generar identificación entre las distintas percepciones que se ponen en juego y que tienen por objeto el ordenamiento territorial, es decir, la ordenación de relaciones sociales y producción del poder que ejercerá el dominio en el» (Zambrano, 2001).

Desde sus inicios la ACVC se preocupó por llevar a cabo todos los métodos legales necesarios para que fueran reconocidos dentro de la ZRCVRC. Para ello han llevado un continuo proceso de seguimiento y actualización de su Plan Integral de Desarrollo, así como han procurado por todos los medios mantener y expandir los proyectos productivos en las tres zonas de la región (Sur de Bolívar, Parte media y Nordeste antioqueño)20.

La ACVC cumplió todos los procedimientos que exige la ley colombiana para que se declarara la ZRC, «dentro de los que se destaca la construcción participativa de un Plan de Desarrollo, luego de lo cual el 10 de diciembre del 2002, el entonces INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria), mediante resolución 028 de 2002, declaró la ZRC del Valle del río Cimitarra. La resolución 046 de abril 10 de 2003 proferida por la Junta Directiva del Incora suspendió los efectos jurídicos de la resolución 028 del 10 de diciembre de 2002 del mismo Incora, basándose en «los motivos de inconformidad expresados por sectores de la comunidad», plasmados éstos en un comunicado público suscrito por autoridades que manifestaban su descontento con la declaración de la ZRC» (ACVC, 2009)21.

A pesar de la suspensión jurídica de la ZRC, y el ataque sistemático a sus dirigentes, acusándolos injustamente de vínculos con las guerrillas de las FARC Y el ELN, situación que a pesar de innumerables capturas y desapariciones forzadas no se ha comprobado. el proceso organizativo nunca se ha detenido. Las Juntas de Acción Comunal de cada vereda no han parado su oficio, y a pesar de contar con bajos recursos económicos, procuran mantener sus reuniones periódicas dónde deliberan, hacen balances y proponen el futuro de la comunidad.

Las JAC, avaladas por el mismo gobierno, cumplen una función vital en el seno de la ACVC, recordemos que esta última es la conglomeración de más de 120 JACs de la región. Cumplen una función política y administrativa de la cual dependen todas las actividades de la comunidad. El acceso a los diferentes proyectos productivos dependen de si el campesino está o no vinculado a la JAC. La vinculación también acarrea ciertos beneficios que seducen al campesinado a participar de sus actividades. Las JACs también cumplen la función de regular y conciliar los conflictos naturales dentro de la comunidad.

Es decir, es el estamento que, por ejemplo, media entre conflictos de delimitación de tierras, disputas personales, establece horarios para el uso de altos volúmenes en el sonido provocado desde algunas tiendas, sanciona con multas o con llamados de atención a quienes cacen o trafiquen especies protegidas por ellos mismos. También se encargan de informar a la comunidad acerca de cómo trascurre el proceso de levantamiento de suspensión de la ZRC. De otra parte a partir de una forma de «presupuesto participativo» definen el cómo se deben invertir los recursos económicos de una vereda.

En otras palabras las JAC son el pilar del movimiento campesino, son quienes viven, construyen y mantienen la identidad campesina a pesar del cambio generacional. Son el centro de la autonomía política de la asociación, son la figura que reúne las voces del los campesinos de la región. También son las que determinan, a fin de cuentas, el ordenamiento territorial de cada vereda, porque en ellas se definen los lugares, las formas y las aplicaciones de los proyectos productivos en sus territorios, pero siempre con la motivación de impulsar un desarrollo regional que esté presto a mejorar las condiciones de vida de los campesinos de la ZRC desde un enfoque regional, territorial, comunal, que vela por la primacía de la soberanía alimentaria sobre el desarrollo económico.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Caso Puerto Matilde

En este segmento me permito comentar los aspectos más relevantes del proyecto de vivienda en la vereda de Puerto Matilde y del proyecto de Búfalos, que dejan entrever las formas en las cuales se produce una forma de territorialidad particular a través del planteamiento y aplicación de un Ordenamiento Territorial regional y autónomo.

Puerto Matilde era el punto de salida de la vereda Santo Domingo (a dos horas y media de camino a pie) al río Cimitarra. Estas tierras eran de un señor llamado Juan Rincón, él dejó construir una casona para que la gente guardara su productos para luego sacarlos por el río. Con el paso del tiempo, y por la necesidad de sacar productos agrícolas al mercado, la vereda de Santo Domingo fue creciendo, así como las personas que vivían a lo largo del camino. Así, crearon una JAC. La JAC planteó la necesidad de construir un caserío en el lugar. Entonces, el dueño Juan Rincón vende a la ACVC sus terrenos. Así comienza la construcción de los pueblos más nuevos de la región.

«La asociación empieza un proceso, contrata el buldócer, dice que hay que hacer un terraplén, un acueducto. En todo caso se negoció y se hizo la explanación y la gente que sí. No había plan de vivienda, el plan estaba para Cuatro Bocas, la Cooperativa, El Tamar, San Francisco y Campo Vijao. Hubo un desplazamiento forzado del 2000 al 2002 y un diseño para hacer 30 viviendas en 4 bocas y la gente se fue y aparecieron los recursos para hacer estas casas y el proyecto no deja que el beneficiario se le hace la casa donde sea, no, las casa ya no eran eran para cuatro bocas, sino es para otra zona de Yondó y aquí ya teníamos la explanación y nos dieron el proyecto22». Así comienza el proyecto, la JAC construye el TELECOM que es un sistema de comunicación que solo recibe llamadas desde un teléfono celular, para acceder a la llamada se cuenta con un altoparlante que avisa al beneficiario de una llamada en espera. La JAC también construye una verdulería, una carnicería y un matadero de ganado veredal. La ACVC se encarga de hacer un terraplén para las viviendas. La construcción del acueducto y la escuela se hace con la colaboración de ECHO (Oficina Humanitaria de la Unión Europea), la cruz roja internacional y la cruz roja colombiana «Primero compramos el lote a Juan Rincón de 1 hectárea, pero la asociación, dice, cierra los ojos, y comienza a meditar; porque el campesino por su tierra, porque el campesino sin tierra no es nada, entonces la asociación dice: tenemos que conseguir más tierras para producir pero vamos a ver si en Puerto Matilde nos venden unas tierras; le dijimos a Juan Rincón y dijo listo y nos vende esa tierra; pero enseguida le decimos a Ebelardo Uribe que es de allá donde es hoy la bufalera, que porque no nos vende esta finca y dijo: listo. Entonces ya con las fincas, y la señora que vivía allá en el corral, una viejita, que porque no vende esta tierra a la asociación y dijo: listo23».

Así se accedieron a los predios para hacer funcionar los proyectos de vivienda y búfalos. El proyecto de búfalos fue aprobado y financiado por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) y el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Con asesoramiento de la ACVC, los campesinos se organizan conformando el Comité bufalero, eligen una junta directiva e inician el proyecto. «El proyecto es sencillo y muy práctico: se hace entrega de una «compañía» a la familia beneficiada, cada compañía se conforma de 10 búfalas y un macho reproductor, los animales son pesados; esta misma cantidad -en peso- debe ser devuelto a la finca de recría después de pasados de 3 a 5 años y a los 7 años, para quedar a paz y salvo con la empresa bufalera, se debe hacer entrega de una búfala parida a la finca de recría y comprometerse a asistir a una asamblea semestral para seguir apoyando este proyecto comunitario24″.

Cuentan algunos pobladores que la idea de traer búfalos se les ocurrió al ver que en algunas planicies a orillas del río Magdalena las gentes criaban búfalos. La comunidad discutió varias veces ésta posibilidad debido a lo inusual de esta especie no sólo en la región sino en el país, al final el proyecto se aprobó. Para participar en el proyecto es necesario pertenecer a una JAC, también un aval de la comunidad que certifique que la persona es honesta y trabajadora y que posea (o sus familiares) predios aptos para el mantenimiento de las bestias, de otra parte se hace necesario que la persona no tenga cultivos ilícitos en sus predios, esto último como campaña para sustituir los cultivos ilícitos de la región.

Existe otro proyecto como el de ganado blanco que funciona de manera similar, procurando que cada vez más familias campesinas sean beneficiadas, sin procurar que la ACVC o las JAC tengan una ganancia económica directa. A su vez se ejecutan en la actualidad otros proyectos productivos como el del arroz, que busca que los pobladores que siembren el cereal tengan acceso a una trilladora comunal que les ayude a disminuir los costos en la venta; también existe el proyecto de caña de azúcar que cuenta con unos cuantos trapiches, la idea es autoabastecer la región con panela y miel para consumo humano y animal.

Los proyectos productivos brevemente descritos, no son más que la aplicación de un Plan de Desarrollo Integral de carácter regional, que establece que para que exista un desarrollo de las condiciones de vida de los campesinos del valle del río Cimitarra es necesario, en primer lugar, que se respete la vida, y en segundo lugar, que se garantice la soberanía alimentaria. Antes que buscar unas formas que doten de recursos económicos a la comunidad, lo que se busca es que las familias sean capaces de garantizarse su propio sustento, evitando los altos costos de traer productos alimenticios desde otros lugares del país. Ahora bien, el desarrollo regional no puede ser un su totalidad autónomo, requiere de la presencia del Estado, no sólo para que estos proyectos productivos se mantengan, recordando que fueron financiados por organizamos internacionales, sino que el apoyo también debe existir en cuanto a garantizar otros derechos como la educación, la salud, servicios básicos e infraestructura que ayude a los campesinos a involucrarse a las redes del mercado de forma equitativa, protegiéndolos de los altos costos de la comercialización de estos productos. Estos altos costos de comercialización de los productos campesinos son, a fin de cuentas, la causa de que el campesino opte por el cultivo ilícito del cual puede sacar más provecho económico, al ser una mercancía proveniente de una planta de fácil producción y mantenimiento, y de fácil trasporte y distribución en cuanto a su producto.

RESERVA AMBIENTAL (MINERIA, MADERAS, PRESERVACIÓN ESPECIES)

Las ZRC, como lo propone la ACVC, no sólo están destinadas a salvaguardar las economías campesinas y a impedir la concentración de tierras en unas pocas manos, también pretende la preservación de todo el ecosistema del valle del río Cimitarra. Entiende, que así como se deben proteger las UAF (Unidades Agrícolas Familiares), también se deben proteger las UFF (unidades Forestales Familiares). «En las aproximadamente 500.000 Hectáreas que comprende el Valle del Río Cimitarra, se pueden ejercer funciones de Producción y de Preservación (Dévia, 2003).

Ahora bien, si no se levanta la suspensión de la ZRCVRC, se corre el peligro de que se vulneren estas unidades forestales y se usen de acuerdo a los modelos de desarrollo transnacional, que ven en la minería a gran escala y en el monocultivo extensivo de agro combustibles, las formas básicas para generar altos ingresos vía acumulación primitiva y acumulación por desposesión, modelo que atenta con la preservación de las economías campesinas, pilar de la producción de alimentos del país.

Entonces la ACVC propone un modelo de desarrollo no economista, no extractivo, ni mono modal, proponen un desarrollo integral, solidario, sustentable, territorial y regional, que preserve el medio ambiente y que garantiza la soberanía alimentaria.

Por tal motivo, rechazan cualquier tipo de intervención de empresas multinacionales en la región que se dediquen a la minería intensiva; fenómeno que ocurre en las cabeceras de los ríos afluentes del Cimitarra, hecho que está generando que el nivel del río aumente en épocas de verano ya que los sedimentos que genera la gran minería los recibe el lecho del río, aumentando su caudal perjudicando a habitantes de las orillas, así como a sus animales y cultivos.

La extracción del oro es, y ha sido, factor vital para el sostenimiento de las familias en el valle del río Cimitarra, actividad que aparate de difícil y peligrosa es poco lucrativa debido a su sistema rústico y artesanal. La ACVC entiende que su posición geográfica es codiciada por estas grandes empresas que ven en la Serranía de San Lucas una de las mayores minas de oro de Sur América. Sin embargo, los campesinos de la región ven a la Serranía como reserva incalculable de vida y agua, que al desaparecer los llevaría al mismo destino.

En cuanto al cuidado del medio ambiente, la ACVC también incentiva campañas de preservación de especies animales, evitando la caza indiscriminada, por medio de campañas ecológicas25 que concientizan a los habitantes de los porqués del cuidado de estas especies, y a través de sanciones por parte de las JACs a las personas que se encuentran cazado o comercializando estas variedades animales. Lo similar está sucediendo con algunas especies de especímenes vegetales, evitando su tala. Ésta última es de las campañas más difíciles debido a que la extracción de maderas ha sido pilar fundamental de la económica campesina, primero porque es en ocasiones más lucrativa que la agricultura y segundo porque su cercanía a la frontera agrícola hace fácil el acceso a gran variedad de especies arbóreas, que ofrecen diversos tipos de maderas para la comercialización.

CONCLUSIONES

El campesinado del valle del río Cimitarra es un campesinado único. Único, porque tuvo un proceso histórico diferente al de otros campesinados de frontera agrícola del país. Aún cuando su formación dependió de un tipo de colonización impulsada por el desplazamiento que genera la violencia de distintas formas y distintas épocas, que repitió el ciclo «migración, colonización, conflicto, migración», su conformación y lucha social tuvo unos matices que lo hicieron particular. Comparte similitudes con otros campesinados del Magdalena Medio como la diversidad social y cultural de sus gentes, provocado por las diferentes migraciones; generando un incalculable cruce de tradiciones religiosas, culinarias, agrícolas etc. Hacen parte de una comunidad diferenciada, una comunidad del Magdalena Medio que es indiferente de las divisiones administrativas nacionales (departamentos), hecho que por su ubicación geográfica los aleja de los centros de poder, llevándolos e enfatizar el poder local en sus relaciones de poder.

Este campesinado comparte con otros campesinado del Magdalena Medio una profunda relación con el río Magdalena y sus afluentes haciéndolos una comunidad «anfibia» que aprovecha al máximo sus ventajas geográficas para solventar otras dificultades, haciéndolos conocedores maestros de su entorno físico. Comparten una historia de violencia y dolor, pero también una historia de lucha, resistencia y esperanza.

Como lo demostré anteriormente, el campesinado del valle del Río Cimitarra, viene de una tradición migratoria y colonizadora provocada por la violencia, hecho que ha fortalecido los lazos sociales de los habitantes de la región, construyendo así una organización campesina fuerte, unida, con un discurso propio.

En este sentido, éste campesinado tiene una identidad campesina particular, al ser una comunidad agrupada en una organización territorial especifica, en una región delimitada histórica y socialmente, en la cual se ha desarrollado un sentimiento de pertenecía, un sentimiento de arraigo con la región a pesar de no ser, en la mayoría de los casos, oriundos de la región.

Además, de este sentido de pertenencia, la identidad campesina está enmarcada en un proceso de lucha política determinada en diferentes contextos históricos, con unos intereses y fines particulares que han generado un movimiento social que busca actuar sobre su propia realidad, buscan cambiar el orden establecido. Para tal, han ejercido diferentes formas de movilización, organización y protesta (Éxodos, marchas, cooperativas, JAC, Asociaciones, etc) que también buscan, no solo el satisfacer las necesidades básicas a través de la intervención del Estado, sino ser parte en la construcción del mismo Estado colombiano.

Cómo expliqué a lo largo de la investigación, cada proceso histórico de acumulación de capital ha generado un propio campesinado; así, las reformas o acuerdos políticos nacionales y extranjeros influyen directamente en la formación de campesinados según sus impactos a nivel regional. En Colombia este fenómeno es acompañado de la violencia que ha establecido los diferentes conflictos de poder en las diferentes regiones del país. Así, la conformación histórica del magdalena Medio y del Valle de Río Cimitarra ha estado influenciada por los diferentes acuerdos y fenómenos políticos y económicos internos y externos. La región siempre ha sido foco de un régimen primario explotador (Petróleo, Oro, Maderas etc.); ha sido «victima» de los intentos fallidos de reforma agraria y colonización dirigida; se ha querido convertir a la región como punto clave para la diversificación de la exportación buscando la explotación y expansión de monocultivos y actividad ganadera como ejes, apartando la viabilidad de las economías campesinas.

Todas estas particularidades han creado un campesinado aunque diverso y heterogéneo en su seno, particular ante otros campesinados con contextos históricos similares. Posee «capacidades» diferentes y «necesidades» diferentes, por tal ha establecido su propia forma de «ser» y «estar» en el territorio; para tal, ha creado un proyecto propio, un proyecto de Zona de Reserva Campesina particular para la región.

Para defender y aplicar este proyecto de ZRC ha ejercido una forma particular de «territorialidad», donde el territorio mismo hace parte de la configuración histórica de su propia identidad; por ello, como comunidad, han gestionado una movilización de pertenencia en el territorio con intensión de dominio, con la idea de aplicar una forma de Ordenamiento Territorial autónomo en la región, un Ordenamiento Participativo del Territorio.

Sin embargo, el proponer esta nueva forma de Ordenamiento Territorial entra en contradicción con los ordenamientos territoriales propuestos por los gobiernos de turno, o por los diferentes actores sociales que buscan alguna forma de control territorial en la región (Ganaderos, palmeros, petroleras, multinacionales, paramilitares, guerrillas, fuerzas militares y Estado). Aun así, el contexto histórico antes mencionado muestra el derecho de permanencia de los habitantes, colonos y campesinos del valle del río Cimitarra en la región.

Ahora bien, esta propuesta de Ordenamiento Territorial tiene en su discurso una idea de «desarrollo» particular. En ella, se pretende el desligar la eficacia y el rendimiento económico de una comunidad para su real desarrollo, en cambio, proponen un «desarrollo regional», no sólo local, con un enfoque territorial, que tenga en cuenta al territorio como factor activo del desarrollo, así como a las organizaciones sociales y las tradiciones culturales, teniendo como eje principal el desarrollo de la participación y decisión comunitaria, que es un factor de cohesión de la identidad campesina. En este sentido, el campesinado busca proponer y decidir un modelo de desarrollo, integral, cooperativo, sostenible, que sustente todas las necesidades de la población y garantice condiciones de vida digna para todos los pobladores de la ZRCVRC.

Este desarrollo integral se vislumbra en el Plan de Desarrollo Integral y Derechos Humanos del Magdalena Medio, como también en el Plan de Desarrollo Integral de la ZRCVRC y en la ejecución de todos sus programas de educación, salud, divulgación, servicios, vivienda, ZRC, tenencia de tierra, proyectos productivos etc. Todos estos programas debidamente concertados por toda la comunidad, producen un Ordenamiento del Territorio, es decir se proponen espacios para la ejecución de estos programas, para ello debe haber un conocimiento milimétrico del territorio geográfico, cuestión sustentada por su permanencia y experiencia histórica. Pero todos estos programas están enfocados en proporcionar condiciones de seguridad y soberanía alimentaria a la comunidad, así como condiciones de vida digna y respeto a los derechos humanos, entendiendo que el desarrollo económico por sí sólo no garantiza estas demandas, es un desarrollo Integral, no economicista.

En este sentido, la aplicación de este modelo de desarrollo participativo también es el canal ideal para frenar el desplazamiento, no solo de los campesinos del valle del Cimitarra, sino de todos los campesinos y colonos ubicados en la frontera agrícola; también es la vía para frenar la acumulación de grandes cantidades de tierra en manos de unos pocos, hecho que ha demostrado ser una de las causas principales del conflicto armado colombiano; también es una propuesta, comprobada y eficaz en contra de los cultivos ilícitos, al ser la sustitución la mejor forma de erradicar de forma no violenta y definitiva esta actividad que empobrece cada vez más al campesinado y atenta de forma directa con su economía tradicional.

Este enfoque de desarrollo integral es la herramienta que usan los campesinos de la región para expresar y vivir su realidad social e histórica; es el vehículo por el cual muestran al resto del mundo, su visión, su ideología, su cultura, es decir, es la ventana que muestra su identidad, su identidad campesina como campesinado del Valle del río Cimitarra.

Pero el Ordenamiento Territorial no afecta simplemente el ámbito económico, de uso de sistemas de veredal, tomando como eje las Juntas de Acción Comunal (JAC), todas representadas en la Asociación campesina. Las JAC, aparte de ser centros de decisión política, son centros de difusión y concertación acerca de que se quiere ser como campesinos y del rumbo que debe llevar la comunidad.

La política o cultura política (representativa, administrativa) se cambia por una política cultural de participación, de cuestionamiento continuo de conceptos como: democracia, desarrollo, progreso, derechos humanos etc. Entonces su estructura política pretende que lo que suceda en la comunidad lo decida la comunidad y que no se decida por parte de terceros en otros estamentos como el municipio, la gobernación, el poder ejecutivo o por otros actores legales o ilegales. Es decir, quieren dejar de ser receptores de políticas (asistencialismo) a ser gestores de sus propias políticas públicas.

Sin embargo, esta autonomía económica y política que pretenden, no puede alejar la intervención positiva del Estado. Como mencioné anteriormente la lucha campesina ha buscado que el Estado sea actor activo en la solución de las necesidades de la comunidad. Como se demostró anteriormente, cuando el Estado ha respondido negativamente a estas demandas el conflicto se torna violento (Caso repúblicas independientes, creación de las guerrillas comunistas etc.) Por tal motivo la ACVC por medio de su plan de desarrollo busca ser agente propositivo del desarrollo integral nacional.

Por tal motivo, para que organizaciones como la ACVC y los proyectos de ZRC sean una herramienta eficaz para frenar el desplazamiento forzado en el país, sirvan de canal para controlar la desproporcionada concentración de la tierra, sean concebidas como una propuesta real para sustituir los cultivos ilícitos y sean gestores de modelos sensatos de desarrollo integral, debe existir una intervención positiva del Estado. No sería suficiente que se levantara la suspensión de las ZRC para que estas puedan desarrollarse, sino que el Estado debe, como protector de los intereses de todos los ciudadanos, velar primero por la seguridad de los miembros de estas organizaciones campesinas, para ello no sólo basta con la presencia militar en la región, sino recurrir a todos los medios para acabar la estigmatización a la que han sido sometidas estas asociaciones campesinas al vincularlas de forma irresponsable con las guerrillas; también es necesario que estas fuerzas militares sean constantemente vigiladas y se obligue a que su accionar sea de absoluto respeto de los derechos humanos. En segundo lugar el Estado debe colaborar con la solución del conflicto legal por la tierra en la región al titular la posesión de la tierra a los pobladores históricos de lugar de tal forma que se evite la concentración de la tierra en unas pocas manos. Como tercera medida el Estado debe apoyar económicamente los proyectos productivos en la zona, así como garantizar el acceso a todos los servicios públicos. Finalmente el Estado debe reconocer a las organizaciones campesinas como las gestoras de estas zonas, respetando su idea de desarrollo y su autonomía política, que contribuya a estabilizar la frontera agrícola. El cumplir las anteriores demandas, seguridad y apoyo, garantiza el sano desarrollo integral de las ZRC y ellas mismas se encargarán de seguir dando ejemplo en términos de paz y desarrollo campesino.

Finalmente, y teniendo en cuenta la lucha histórica de los campesinos del valle del río Cimitarra por alcanzar condiciones de vida digna y en paz, las ZRC son el instrumento ideal para equilibrar la tenencia de la tierra y así mitigar el desplazamiento forzado de miles de campesinos hacía las ciudades, por tal motivo no sólo deberían implementarse en la frontera agrícola sino también al interior de ella. También son una propuesta de paz real al proponer una sustitución eficaz de cultivos ilícitos. Son la mejor manera de proteger una comunidad, de proteger su forma de relacionarse con un territorio determinado y sus formas de organización particulares. De otra parte, las ZRC no solo son una forma de desarrollo integral campesino, son un referente de análisis para el estudio no solo de la cultura e identidad campesina sino que son un referente para el estudio de la cultura e identidad nacional. También son la mejor manera de preservar y garantizar la soberanía alimentaria de todos los colombianos.

NOTAS

1Entrevista a Luis Carlos Ariza. Puerto Matilde. 2010.

2 Entrevista a Carlos Martínez. Puerto Matilde 2010.

3 Entrevista a Luis Carlos Ariza. Puerto Matilde, 2010.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 El fenómeno paramilitar empieza en la región del Magdalena Medio desde finales de la década de los 70s y se comienza a extender desde el sur de la región hasta el norte.

7 Entrevista a Luis Carlos Ariza. Puerto Matilde, 2010.

8 Diario de campo, puerto Matilde 2010.

9 Hay que anotar que toda la población no reside en veredas nucleadas, como en el caso de algunos puertos sobre el río, sino que viven dispersas en toda la región, y donde una vivienda puede quedar a varias horas de camino de otra.

10 Plan de Desarrollo y Protección Integral de los derechos Humanos, Barrancabermeja. 1999.

11 Entrevista a Luis Carlos Ariza. Puerto Matilde. 2010.

12 Plan de Desarrollo y Protección Integral de los derechos Humanos, Barrancabermeja. 1999. Página 60.

13 Intervención de la Abogada de la corporación «humanidad Vigente» en el marco de «La mesa regional por la vida digna y los derechos humanos» que se celebró en Barrancabermeja el 14 de Noviembre de 2009 (http://www.prensarural.org/spip/IMG…).

14 Los antecedentes de las reservas campesinas datan de «larga historia que hunde sus raíces en la formación de primeras comunidades campesinas dentro de la sociedad colonial. La prolija investigación de Martha Herrera sobre el ordenamiento político y territorial de la Nueva Granada da cuenta de cómo se registra en la historia de diferentes lugares de nuestras sabanas costeras, nuestros llanos y los venezolanos la existencia de «rochelas», nombre que se daba a lugares en los que se refugiaban los indígenas tributarios que querían eludir tanto el pago del tributo como cualquier otro tipo de control por parte de los blancos y donde muchas veces convivían con gentes de otras etnias también fugitivos del control colonial. Igualmente figuran en esta tradición de resistencia al orden colonial los «palenques» (o «quilombos», como se les denominara en el Brasil colonial), nombre que se diera a los asentamientos de esclavos fugitivos y en donde se refugiaran igualmente indios y otros insumisos.

En la historia republicana de nuestra costa Caribe, Orlando Fals Borda recoge las expresiones de la resistencia campesina contra el régimen de tributos impuesto por los hacendados, consolidadas en los «baluartes» del Sinú. Unos años más tarde, durante los años de «la violencia» de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, algunas comunidades campesinas asediadas por las tropas gubernamentales y las bandas que las auxiliaban, debieron buscar refugio en aisladas localidades cordilleranas para reorganizar sus economías; poco después sus adversarios las calificaron como «repúblicas independientes» y luego como «colonizaciones armadas», con lo cual se pretendió y ha pretendido justificar su arrasamiento por parte de fuerzas oficiales. Algunas de las comunidades supervivientes de estas experiencias habrían de trasladarse luego a las colonizaciones espontáneas o a las dirigidas por el estado para afrontar las condiciones que habrían de precipitar la implantación de los cultivos ilícitos y los conflictos que se manifestarían a mediados del decenio de 1990″ (Fajardo, 2006).

15 Ley 160 de 1994. Capitulo XIII.

16 Molano Alfredo 1984 «Selva adentro» editorial» El Áncora.

17 Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, decreto 1777 de octubre 1 de 1996 por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo XIII de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a Zonas de reserva Campesina.

18 Gobierno suspende Zona de Reserva Campesina de Valle del Río Cimitarra. http://colombia.indymedia.org/news/…

19 Entrevista a Carlos Martínez. Puerto Matilde. 2010.

20 Veredas por sectores: Alto cimitarra (Nordeste Antioqueño) abarca desde los nacimientos los ríos Tamar e Ité hasta crear el cimitarra y comprende las veredas de Yondó, Remedios y Cantagallo: Carrizal, El Carmen, Santa Marta, El piñal, Altos de Manila, Tamar Alto, Panamá 9, Cañaveral, Lejanías, Puerto Nuevo Ité, Ojos claros, Dos Quebradas, Camelias, Caño tigre, Anacoreto, La cristalina. Cimitarra Medio (Parte media): Don Juan, Caño Blanco, El Bagre, El Campo, El Descanso, La Poza, Las Lomas, Las Nutrias, Notepases, Puerto Matilde, Sanfrancisco, Tamar, La concha.

21 Mesa regional por la vida digna y los derechos humanos» en Barrancabermeja, noviembre, 2009. 22 Entrevista a Luis Carlos Ariza. Puerto Matilde. 2010.

23 Ibídem.

24 http://www.prensarural.org/spip/spi…

25 A la fecha se han celebrado 2 campamentos ecológicos anuales en la región, donde han colaborado Universidades, ONGs, Estudiantes y varios organismos interesados en la preservación del medio ambiente del Magdalena Medio.

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