¿‘No es un mal menor’ y el Estado colombiano en deuda con la niñez?

2 noviembre, 2022

Actualidad, Niñas, niños, adolecentes, jóvenes y mujeres

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV -, presentó su informe final: ´Hay futuro si hay verdad’, elaborado por los once comisionados y comisionadas nombrados por el Comité de Escogencia que estableció el Acuerdo de Paz. En la presentación y entrega del informe, se conoció parte del proceso que realizaron al esclarecer la verdad de las décadas de violencia y conflicto armado que vivió el país. La construcción del informe comenzó el 29 de noviembre de 2018 con 14.000 entrevistas y conversaciones a más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas, experiencias de vida y un sin fin de factores diferenciadores para así recolectar testimonios de las víctimas^[1].

Para la elaboración del informe ‘Hay futuro si hay verdad’ la sociedad civil organizada; empresas; organizaciones defensoras de derechos humanos y sociales; personas buscadoras de desaparecidos; mujeres y población LGBTIQ+ y personas que vivieron su niñez y juventud vinculados al conflicto armado, entregaron diferentes informes con el propósito de contribuir a la construcción de un relato veraz, en el que se reconozcan responsabilidades que permitan avanzar hacia la verdad sobre lo que fue una parte del conflicto armado colombiano. Teniendo en cuenta esto, la Comisión de la Verdad dividió el informe en diferentes tomos, entre ellos ´No es un mal menor. Niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado’, el cual recopila la situación de la niñez y las afectaciones que vivieron producto del conflicto armado. Sin embargo, los diferentes testimonios analizados por la Comisión tenían la particularidad de ser compartidos por adultos que fueron víctimas de la violencia en su niñez, ahondando en el fenómeno de los efectos transgeneracionales de aquellos niños, hoy adultos. Al analizar los testimonios, se estableció que de 25.908 hechos de violencia registrados, el 16,6% lo sufrieron la niñez y/o la juventud.

La Comisión obtuvo 577 testimonios en los que cientos de adultos contaron cómo la violencia les arrebató a sus familiares durante su niñez o adolescencia, viéndose obligados a asumir responsabilidades en el hogar que los exponía a otras violencias. La niñez y la juventud fue víctima de graves violaciones de derechos humanos que atentaban en contra de su integridad y su vida; según cifras entregadas por la Comisión, se registraron 64.084 homicidios, 28.192 desapariciones forzadas y 6.496 secuestros en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. Frente a estas cifras, cabe destacar que en abril de 2021, se presentó y entregó a la Comisión de la Verdad el informe ‘Estudio de caso: Impactos psicosociales y efectos transgeneracionales del conflicto armado en la vida de las niñas y niños’ en el cual se registraron 44.349 víctimas menores de 18 años de diferentes violencias en el departamento de Arauca y 71.405 víctimas en el Meta.^[2]

A pesar de los datos entregados por la Comisión de la Verdad en este tomo, es clave entender que al tratarse del capítulo de la niñez, sujetos de especial protección, se esperaba ir más allá de establecer los derechos arrebatados por el conflicto armado. El derecho a la tranquilidad, el derecho a vivir y tener una familia, el derecho a vivir su infancia, entre otros, son de suma importancia y su garantía y goce efectivo habría permitido que la niñez y la juventud estuviese apartada de más de 50 años de violencia, no obstante, es necesario establecer quienes no permitieron esto y es que en respuesta a esta necesidad, el Comisionado Carlos Beristaín dijo previamente en la entrega del informe sobre impactos y efectos transgeneracionales que “[e]s el Estado el que ha destruido la confianza (…) son las políticas del Estado, es la guerra, es la falta de atención lo que quiebra esa confianza y es sentimiento de inseguridad”.^[3]

Así se sobreentiende que gran parte de las afectaciones son atribuibles al Estado. Inclusive, en el informe se documenta que grupos paramilitares son responsables de los mayores actos de violencia, en solo desapariciones agrupan un 45,7%, las FARC-EP 26,8% y el Estado el 9,4%^[4]. Sin embargo, en el capítulo de niñas, niños y adolescentes, se reitera que, en gran parte, esta responsabilidad es compartida entre el Estado, la familia y la sociedad. Desconociendo la responsabilidad del Estado en la protección, garantía y restablecimiento de derechos de la niñez, abriendo las puertas a una permisividad irracional como la que tuvo el gobierno de Iván Duque, el cual es el ejemplo claro de la falta de protección y garantías hacia la niñez y la juventud, quien entre 2018 y 2022 vio como se les llegó a considerar como ´máquinas de guerra´^[5] y declarar ´blancos legítimos´^[6] en el marco del conflicto armado.

Si bien, en el tomo ‘Hay futuro si hay verdad’ se presentan los testimonios de algunas personas que retratan las historias de miles de colombianos que siendo niños tuvieron que vivir la violencia del conflicto armado interno, no se profundiza en los impactos psicosociales y efectos transgeneracionales en la vida de esas niñas, niños y jóvenes, que no solo sufrieron la perdida de sus familiares o fueron víctimas directas de alguna forma de violencia, sino también de aquellos y aquellas que víctimas de desplazamiento forzado continuaron con el estigma, expuestos a más peligros y responsabilidades. El dolor, el sentimiento de culpa, la impotencia e indignación, sumándole las preguntas que quedan al vacío durante las siguientes generaciones como: ¿por qué no tengo padres? o ¿por qué no tengo abuelos?, ¿por qué no puedo jugar libremente? o ¿por qué tengo que trabajar en lugar de estudiar?.

Los impactos emocionales del conflicto armado son difíciles de sanar, especialmente los transgeneracionales, más aún cuando las víctimas del conflicto armado repiten un patrón de violencia constante en sus vidas, desde que son desplazadas de su territorio hasta la ruptura de su cultura. Algunas de las víctimas han presentado comportamientos violentos y nunca han logrado sobrellevar su vida a causa del impacto que los años de vida en medio de la guerra han dejado y siguen dejando. La entrega del informe de la Comisión, trae una serie de recomendaciones que el Estado Colombiano debería materializar para el restablecimiento de derechos, inclusión social y reparación de las víctimas, con el fin de amortiguar el impacto que el conflicto armado ha dejado en millones de niños, niñas y jóvenes, tanto en los que ya crecieron, como los que hoy en día siguen en medio de la violencia, siendo blancos de amenazas, hostigamientos y estigmatizaciones por exigir justicia, una lucha que se ha librado durante décadas.

Para conocer más, a continuación se puede encontrar el conversatorio ‘El Estado Colombiano en deuda con la niñez, recomendaciones incumplidas”, un espacio en el que desde Humanidad Vigente, hablamos con jóvenes de la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niños, niñas y jóvenes, y con Diana Britto, directora del tomo “No es un mal menor”, del informe final de la Comisión de la Verdad, para hablar sobre la percepción que tienen los jóvenes sobre dicho informe y sobre las recomendaciones que entregan, relacionadas a las recomendaciones que dio el Comité de los Derechos del Niño a Colombia en 2015: