Mujeres víctimas del conflicto, sin defensores ni protección
Audiencias de Justicia y Paz no son eficientes, entre otros aspectos, porque la seguridad que se les brinda a las víctimas no es pertinente y porque no hay quién abogue por ellas.
Protección a víctimas se queda corta
Después de 2 años de que Iniciativa de las Mujeres Colombianas por la paz (IMP) presentara una acción de tutela exigiéndole al Estado la protección de la vida de las mujeres víctimas, no ha recibido una respuesta satisfactoria a pesar de que el Gobierno tenía sólo 6 meses para manifestarse.
La Ley de Justicia y Paz, busca “garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación”; sin embargo, según el texto “En vilo protección a víctimas de Justicia y Paz” escrito por IMP, no se previeron “los riesgos que enfrentarían las víctimas, la mayoría mujeres, al acceder a la justicia” pues se han presentado asesinatos y “presiones u hostigamientos (para que) desistieran de sus denuncias”, argumentó la directora de IMP, Ángela Cerón.
En otros palabras, la protección que el Estado colombiano brinda a las víctimas se reduce, como lo afirma la directora de IMP: a un “chaleco antibalas, un celular, un carro y unos escoltas que ponen en mayor riesgo a la víctima” porque son cosas muy llamativas en los pueblos que no están acostumbrados a ver esos objetos.
IMP, pidió protección con enfoque diferencial de género; es decir, que se tenga en cuenta que la mujer vive diferentes condiciones en estos procesos que requieren casas de refugio sin que la víctima tenga que salir de su pueblo, instituciones que acompañen a las mujeres en las ciudades, capacitaciones para lograr auto protegerse y “tener en cuenta que la mujer tiene hijos, o debe cuidar a algún familiar”, explica Ángela Cerón.
Otro aspecto que enturbia las audiencias es que las mujeres víctimas no tienen defensor y si lo tienen les es imposible contactarse con él.
Sin defensor, sin justicia
En el marco de las versiones libres de esta ley, es común ver un defensor que está cubriendo hasta 300 casos. Pablo Andrés Castillo, abogado emprendedor de acciones de protección de los derechos humanos, comenta que en esas condiciones se produce un trabajo “deficiente ya que no se hacen investigaciones integrales para cada caso que es totalmente diferente a otros”.
Los desaciertos comienzan desde que la Ley 975 de 2005, la de Justicia y Paz, no planteó correctamente la manera de ofrecer defensores a las víctimas que buscaban justicia. Ángela Cerón, directora de IMP, en su artículo menciona que “los victimarios cuentan con grandes esquemas de seguridad, las víctimas van solas y sin protección”.
De esta manera, la ley no contempló abogados para las víctimas, por lo tanto, al tratar de resarcir el error, no encontró dinero para cubrir la falla que evocó a que un defensor tuviera “a su cargo entre 500 y 600 poderes, lo cual hace totalmente ineficaz su trabajo”, explicó Álvaro Córdoba en declaraciones publicadas por el diario El Espectador y quien dirigió un estudio sobre el tema a solicitud de la CNRR.
Las cifras no dejan de sorprender, por ejemplo la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) indicó en meses pasados que de casi 138.000 víctimas, sólo 11.000 cuentan con este servicio.
Así que, cuando una mujer quiere contactarse con su defensor: “No contestan el teléfono porque dicen que cada uno de ellos lleva hasta más de 300 casos y les queda imposible conocernos personalmente”, comentó una víctima consultada por la periodista Gloria Castrillón, en su artículo de El Espectador publicado el 18 de abril de 2010. Otro caso es el de Ofelia que después de 5 años de haber asistido a Justicia y Paz no ha podido contactarse con su abogado.
Con tantas trabas, lo cierto es que las mujeres víctimas son las más afectadas por estos errores que no sucederían sí Justicia y Paz fuera una Ley bien planeada.