Mujeres caucanas se animan a contar la peor verdad: el abuso sexual que sufrieron

Han cargado con su tragedia en silencio. Fueron violentadas y esclavizadas por hombres del Bloque Calima de las Auc en el norte del Cauca. Ahora, con inmenso esfuerzo, empiezan a superar la humillación y a denunciar lo que pasó.

Las mujeres del Cauca denuncian los casos de violencia sexual.
Los pueblos del norte del Cauca deslumbran por sus paisajes, pero esa belleza andina ha escondido por años la más silenciada historia de la guerra paramilitar: el abuso sexual de decenas de mujeres campesinas. En uno de esos pueblos*, y durante cuatro años, paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Hébert Veloza, alias ‘HH,’ impusieron su dominio, no solo asesinatos y desplazando a la gente a la fuerza, sino violentando a muchas mujeres. Ninguna autoridad tiene el número exacto.

En esa localidad, un día de finales de 2000, todos bailaban y festejaban en comunidad la graduación de los estudiantes, cuando a las seis de la tarde un grupo de hombres fornidos, portando armas enormes que nunca habían visto y vistiendo prendas militares les hicieron apagar la música. «Nos gritaron que venían a sacar a la guerrilla, a limpiar la vereda», cuenta Milena Martínez*. A ella, como a los demás le cuesta trabajo recordar esa época terrible, pero haciendo un esfuerzo, cuanta que luego salió huyendo, y sólo hasta hace poco se ha animado a regresar.

Los hombres que llegaron a este caserío portaban brazaletes con la sigla Auc y de acuerdo con las investigaciones realizadas por Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, por lo menos 54 hombres de esa facción armada fueron entrenados en fincas de los hermanos Vicente y Carlos Castaño en la región del Urabá antes de ser enviados al Valle del Cauca.

Esos hombres preparados para la guerra, había arribado a la región, en las montañas del municipio de Tuluá a finales de los años noventa. Primero estuvieron bajo el mando de Antonio Londoño, alias ‘Rafa Putumayo’; luego de David Hernández, alias ’39’; y, finalmente, de Hébert Veloza, alias ‘HH’. Eran apenas una célula del Bloque Calima, cuyos ejércitos llegaron a alcanzar en 2004, los dos mil hombres, esparcidos por el Valle y el Cauca. (Ver El recorrido sangriento del Bloque Calima por el Cauca).

En mayo de 2000 bajaron hasta el norte del Cauca haciéndose llamar Frente Farallones de las Auc y buena parte de ellos fueron los que interrumpieron la fiesta de grados y los que durante los siguientes cuatro años instalaron retenes, impusieron horarios para salir y entrar al pueblo, controlaron el ingreso de los alimentos y se tomaron la escuela para convertirla en una base de entrenamiento militar. Entre 2000 y 2004 los niños dejaron de estudiar porque en lugar de pupitres y cuadernos había material de guerra.

Nadie entendía por qué «esos hombres», a quienes aún hoy la gente no quiere llamarlos paramilitares por miedo, se tomaron el pueblo. «Antes de que llegaran vivíamos como pobres, pero como pobres que teníamos con qué comer. Después, todo fue una pesadilla», cuenta Rosalía Márquez*, quien habla en voz baja «porque acá hasta los árboles escuchan». Los paramilitares arremetieron con el pretexto de combatir a la guerrilla, pero varios habitantes sostienen que lo que en realidad buscaban era quedarse con el dominio del narcotráfico.

«Ellos comentaban que habían llegado primero al Valle con una misión: liberar a las personas secuestradas durante un oficio religioso en la Iglesia La María», cuenta María el Carmen Pérez*, otra habitante de la zona, haciendo referencia al hecho ocurrido el 30 de mayo de 1999 en las afueras de Cali, cuando fueron secuestrados por el Eln por lo menos 289 feligreses que salían de misa. «Después, lo que les interesaba era controlar el negocio de la droga en el Pacífico».

Por confesiones de desmovilizados, la Unidad de Justicia y Paz tiene dos versiones: que los paramilitares del Frente Farallones llegaron financiados con el apoyo del narcotraficante Francisco Javier Zuluga, alias ‘Gordolindo’, o que contaron con el apoyo económico y logístico de terratenientes y grandes industrias que estaban cansadas del asedio de la guerrilla. Hasta el momento, no se ha establecido con claridad esta circunstancia.

Vivir con el estigma
Los paramilitares abusaron sexualmente de decenas de mujeres del citado pueblo. Cuando recién llegaron a finales del año 2000 comenzaron a sobrepasarse con algunas mujeres que estaban en la fiesta de grados pero nadie les dijo nada al verles los fusiles que cargaban. Con el paso de los días, unos de los hombres se llevaron a las que quisieron para abusar de ellas. A Mariela Suárez, por ejemplo, le dijeron que si no accedía le mataban al esposo y los niños.

Estos abusos ocurrían a cualquier hora y día. Milena Martínez, por ejemplo, estaba trabajando en la huerta, muy temprano en la mañana, cuando un grupos de paramilitares la atacó. Luego de abusar de ella, la dejaron ahí, humillada, con su vida hecha trizas.

En cualquier momento se las llevaban de la casa, del campo o incluso de sitios públicos. Los paramilitares hacían patrullajes y cada vez que se les antojaba entraban a las casas por sus nuevas víctimas. A otras las volvieron sus esclavas. Además de obligarlas a limpiarles la ropa y prepararles comida, les decían que tenían que tener relaciones sexuales con ellos. «Cada quien ve la guerra como la vivió y por supervivencia accedimos», dice María del Carmen Pérez.

Como era una práctica frecuente de los paramilitares, ser mujer era la peor pesadilla para las habitantes de este pueblo. Por eso muchas se desplazaron al poco tiempo de enterarse de lo que sucedía. Todos sabían pero nadie se atrevía a denunciar. Los paramilitares abusaron además de algunas niñas.

Hasta diez años se han demorado las mujeres en contar estas historias dolorosas de humillación. Ahora Milena y las demás se animaron a relatarla, a pesar de todo. Omiten la palabra «paramilitar» porque se les quiebra el alma. Muchas de ellas, casi todas, han llevado la tragedia en silencio porque «este pueblo es sumamente ignorante y machista», dice Mariela Suárez*.

Por rumores, sus vecinos se enteraron que había sido abusada sexualmente por los paramilitares del Bloque Calima y cada vez que quieren ofenderla «no falta el hombre que me grita groserías en la calle o me dice: de qué te las picas si fuiste mujer de un paraco». Más doloroso es cuando otras mujeres, que se salvaron del crimen las señalan o hasta se burlan de ellas.

En el pueblo han corrido rumores que las estigmatizan: inventan que portan el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), dicen que ellas se les insinuaron a los paramilitares, que son culpables de lo que les ocurrió. A muchas de ellas, las abandonaron sus esposos y ahora sus hijos, algunos de ellos adolescentes, creen que sus papás no volvieron por una supuesta infidelidad de la madre.

«Quisiera es morirme. Como botármele a un camión. Porque uno de mis hijos me acusa, me dice que el papá se fue por culpa mía. Yo no sé cómo hacer para que entienda la verdad, lo difícil que ha sido salir adelante», dice Suárez. Los hombres que se enteraron que sus esposas fueron abusadas las dejaron para no sufrir con ellas la vergüenza, formaron otros hogares y no volvieron a responder por sus familias originales.

La situación es también compleja para las mujeres que tras el abuso sexual quedaron embarazadas. Los niños tienen hoy entre 10 y 14 años y durante la última década les han preguntado quiénes son sus papás. Ellas no responden o les inventan alguna historia para no tener que recordar su trágico pasado. «A las mujeres abusadas nos tratan como ‘desechables’. No sé de dónde he sacado fuerzas. Esto es una cruz que se lleva por dentro», dice Milena Martínez.

Esto explica por qué todas han guardado silencio por una década. Algunas ni siquiera le han contado a su familia: «Esto es un secreto que me llevo a la tumba. A uno le da miedo no sólo que lo señalen sino que lo abandonen», reitera Martínez. Cuando fueron abusadas la mayoría se desplazó y buscó cómo sobrevivir en Cali como empleadas domésticas. Mariela Suárez, por ejemplo, era una niña de 13 años cuando huyó y terminó barriendo y cocinando en casas ajenas.

Rosalía Márquez considera que por razones de supervivencia unos resistieron y los otros se desplazaron. Mientras en 1999 del municipio salieron expulsadas 35 personas; durante los siguientes dos años lo hicieron casi 8 mil según el antiguo Registro Único de Población Desplazada.

Esta mujer explica que los paramilitares tuvieron tres momentos en la vereda: «Al principio sembraron el terror e impusieron sus reglas; luego, hubo una etapa en que quisieron insertarse en la comunidad; después, comenzaron a quitarle a la gente, a robarla y a someterla». A las mujeres del pueblo las ponían a cocinarles y lavarles la ropa; las consideraban como esclavas.

Las mujeres que fueron abusadas entre 2000 y 2004 retornaron sólo cuando se enteraron que el grupo se desmovilizó; otras iban y venían a la vereda después de más de dos horas de recorrido desde Cali para saber sobre la suerte de los hijos que habían dejado al cuidado de familiares.

Hasta ahora sólo 25 de ellas han decidido contar lo que les sucedió. La primera institución que se acercó fue la Defensoría del Pueblo, que en febrero de 2013 les tomó las primeras declaraciones. Cuando avanzaba el juicio contra alias ‘HH’, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía las buscó. Más tarde también lo hizo la Unidad de Víctimas, la entidad creada por la Ley de Víctimas que busca reparar a las personas afectadas por el conflicto.

La reparación
El proceso para que más mujeres denuncien ha sido complejo. Rosalía Márquez cuenta que ha conversado con muchas vecinas que sufrieron su misma tragedia, pero el miedo no las deja. Entre ellas no se han contado sus historias, respetan sus silencios y lo que hacen como grupo es mantenerse informadas sobre cuándo hay nuevas audiencias en Justicia y Paz, talleres de atención psicológica o acompañamiento de la Unidad de Víctimas.

En mayo de 2014, una de ellas participó en una audiencia que se realizó en el Tribunal Superior de Bogotá con retransmisión por videoconferencia a Popayán. Ese día, la víctima, en representación de las mujeres de su pueblo, les pidió a las magistradas verdad, justicia y reparación porque consideran que ni alias ‘HH’ ni los 41 paramilitares que afrontan un juicio por diversos delitos no han querido reconocer este crimen de lesa humanidad (Ver ¿Qué piden las víctimas de las Auc en Cauca?)

«Fuimos a otra audiencia en Cali y ninguno de ellos aceptó los abusos contra las mujeres. Cuando leyeron públicamente los casos fue muy doloroso. Yo no aguanté y me salí del auditorio», recuerda Mariela Suárez.

Con los testimonios, la Fiscalía insistió en la responsabilidad que tenía el grupo paramilitar. Sólo alias ‘HH’, quien fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2009 por cargos de narcotráfico, aceptó los abusos sexuales por «línea de mando», lo que en la jerga judicial significa que asume la responsabilidad por haber sido el jefe del Bloque Calima. La Fiscalía 18 de la Unidad de Justicia y Paz que ha investigado estos casos espera que haya un fallo condenatorio en septiembre de 2014.

Y aunque para las mujeres no ha habido verdad porque ninguno de sus victimarios directos quiso reconocer la tragedia, esperan que por lo menos el fallo ordene la elaboración de una publicación o desarrolle un acto simbólico que le cuente la historia de su pueblo y restablezca el buen nombre y dignidad de las mujeres que durante estos años han sido estigmatizadas y humilladas. También esperan que el gobierno les conceda un terruño, pues la mayoría son pobres pues su dolor, sumado al desplazamiento, les arrebató los mejores años productivos.

«Soy mamá y papá a la vez. He trabajado como jornalera arrancando yuca para levantar a mis hijos. Hay noches en que sólo tengo aguadulce para que coman», cuenta Milena Martínez.

María Eugenia Morales, directora de Reparación de la Unidad de Víctimas, le contó a VerdadAbierta.com que trece de estas mujeres están en la base de datos del Registro Único de Víctimas y que han recibido el apoyo de su entidad: «Con acompañamiento psicológico hemos logrado que declaren y las hemos orientado para que sigan la ruta de reparación individual». Algunas ya han recibido las indemnizaciones económicas que contempla la Ley.

Pero a Rosalía Márquez le preocupa que no haya una suficiente orientación y que en pocos meses las mujeres, por ejemplo, compren una moto para ponerla a rentar al ‘mototaxismo’ en lugar de invertir en un proyecto propio para progresar. La Directora de Reparación explica que la Unidad ofrece talleres de educación financiera y orienta a las víctimas para que desarrollen sus proyectos con el apalancamiento de entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Lo complejo en este tipo de casos es el subregistro que sigue habiendo de la violencia sexual en el conflicto en todo el país. «El mayor número de víctimas está concentrado en doce departamentos, es decir, casi el 50 por ciento del territorio. Las mujeres no hablan de lo que les sucedió y ha sido un proceso que ellas confíen en las instituciones», cuenta la funcionaria. La Unidad ha registrado por lo menos 200 casos de violencia sexual en Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cesar, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca.

Milena, Rosalía, María del Carmen y Mariela aseguran que denunciar sus casos las ha ayudado a superar en parte el dolor. «Esto es algo que nunca se borra, pero yo considero que con el tiempo he vuelto a sonreír. Vivía amargada y a los hombres los miraba con rabia, con odio, me daban miedo. Esto es difícil, pero aquí vamos», dice Mariela.

Pero no todas de ellas han podido dar el paso de Mariela. María del Carmen cuenta que sigue teniendo pesadillas y cada vez que escucha ladrar se esconde debajo de la cama. Su mente asocia ese sonido a la llegada de los paramilitares. Un hijo de Milena dice que guarda rencor y que algún día se vengará; su mamá le ha explicado muchas veces que la violencia no lleva a nada. Una hija de María del Carmen, por ejemplo, se tapa involuntariamente los oídos cada vez que ve en la televisión a un grupo armado. Siente como si le fueran a disparar.

Es por eso que todas le piden al gobierno que no las olviden. Necesitan apoyo. Sobre todo, porque tienen hijos que han cargado con el flagelo de una guerra ajena y porque ellos todavía no comprenden qué pasó en este pueblo donde la verdad ha estado callada por años.

*Los nombres de las mujeres fueron cambiados por haber sido víctimas de violencia sexual. Los datos de la vereda y el municipio se omitieron a petición de las entrevistadas.