MILITARES INFRINGE EL DIH Y VIOLAN GRAVEMENTE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN ZONA RURAL DE ARAUQUITA
El pasado 30 de Julio tuvo lugar el Cabildo Abierto: “Por la vida y la permanencia digna en el territorio” en Arauca, convocado por la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Las Organizaciones Sociales del Centro Oriente de Colombia y el Movimiento Regional de Víctimas de Crímenes de Estado con el objetivo principal de denunciar la crisis ambiental, social y humanitaria que se presenta en la región, relacionada con diversos hechos de violación de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que se viene presentando debido a la alta militarización del territorio.
Dentro de las denuncias presentadas por varios pobladores de diferentes municipios, reviste grave preocupación la situación de militarización que se vive en el caserío de La Paz, zona rural del municipio de Arauquita, poniendo en grave e inminente riesgo la integridad física y psicológica de la población civil, afectando gravemente los derechos de los niños, niñas y jóvenes, entre otros el derecho a la educación. Es así como se denunció que tropas del ejército nacional, adscritos a la Brigada 18 con sede en la capital del departamento, se han acantonado dentro del caserío, ocupando casas de los pobladores, y predios de la institución educativa Andres Bello, en la reja de este colegio algunas veces han colgado sus pertrechos militares; lo que ha generado zozobra y temor en los pobladores, pues ya se han presentado situaciones de hostigamiento y confrontación militar, entre estas tropas con grupos insurgentes.
El día 14 de Mayo, el 12 y 14 de Julio estudiantes menores de edad, docentes y padres de familia se vieron en medio del fuego cruzado y detonaciones en inmediaciones de caseríos. Además se han realizado operativos de allanamiento a la población civil en sus viviendas y en algunos casos retenidos hasta por más de una hora, fotografiados, amenazados con ser judicializados acusándoles de ser parte de grupos insurgentes y con entregar a los menores a su cargo al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
Frente a las denuncias y solicitudes de los pobladores, han hecho presencia dos comisiones de verificación integrada por algunas autoridades departamentales y municipales, y organizaciones de derechos humanos de la región, quienes pudieron constatar la gravedad de la situación que se presenta en este caserío, y la respuesta que tuvieron del comandante de la tropa fue la justificación de su presencia dentro del caserío bajo el argumento que ellos eran una Fuerza Militar Urbana, respecto a la ocupación de la escuela lo único que lograron fue que se desplazaran a unos pocos metros de la institución educativa, acantonándose en los predios en donde los estudiantes realizan sus prácticas agrícolas, es decir, dentro de los predios de la institución. Esta situación llevo a los padres a tomar la determinación de no enviar a sus hijos al colegio, hasta tanto no se garantice el retiro de la tropa.
Además de esto graves hechos, estudiantes de la institución educativa denunciaron que las mujeres y niñas estaban siendo víctimas de acoso y hostigamiento por algunos de estos militares, quienes las han fotografiado con equipos celulares, y utilizan un laser rojo que tienen en su equipamiento militar, para apuntarles con esa luz en las partes íntimas. También se ha denunciado que los militares han ofrecido dinero y alimentos a niños y niñas para que brinden información de personas que hagan parte de la insurgencia.
Por estas razones Humanidad Vigente Corporación Jurídica se solidariza con la población del municipio de Arauca y se suma a la labor de denuncia de estos hechos que afectan gravemente los derechos de los niños y niñas, e infringen las normas del Derecho Internacional Humanitario, exigiendo al gobierno nacional y a las autoridades competentes se desmilitarice la vida y los territorios de la población civil, se garantice la integridad física y psicológica de los pobladores de la Paz, con especial atención a los derechos de los niños y niñas los cuales son de carácter prevalente, y que se investigue judicialmente los hechos aquí denunciados junto con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y genere la garantía de no repetición.
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