Mayor retirado del ejército nacional es condenado por ejecución extrajudicial de menor de edad ocurrida hace 20 años.
El seis de Marzo de 2017, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barrancabermeja Santander condenó al mayor retirado del ejército nacional, William Eutimio Ortegón Gamba, a una pena de 40 años de prisión que deberá ser cumplida en establecimiento carcelario por el homicidio agravado de cuatro personas, entre ellas: una niña de 13 años, una mujer de 60 años junto a su compañero sentimental quien tenía 50 años y un hombre de 38 años con discapacidad mental. De igual manera, el despacho judicial compulsó copias para investigar al soldado Javier Santos Abreo para que sea aclarada su participación en estos hechos, ya que nunca fue vinculado al proceso pese a que las pruebas testimoniales lo sindican de haber ejecutado a la mayoría de las víctimas.
El mayor Ortegón Gamba, se vinculó al ejército nacional desde el año 1989. Actualmente se encuentra suspendido de sus funciones como consecuencia de una investigación que se adelantó en su contra por el delito de concierto para delinquir en el juzgado primero especializado de Cali y fue procesado durante los años 2007 y 2008 por su participación en una red de narcotráfico al servicio de un jefe paramilitar del cartel del valle. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia por lo que el Juzgado de Barrancabermeja reitera la orden de captura en su contra.
Los hechos.
El día 8 de septiembre de 1997, en el corregimiento El Llanito, jurisdicción de la ciudad de Barrancabermeja – Santander, miembros del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón de Combate Terrestre No 45 Héroes de Majagual, a cargo del entonces capitán William Ortegón Gamba, asesinaron a la niña Luz Helena Cortés Carvajal, la señora Victoriana Carvajal Retamoso y los señores Luis Alfredo Naranjo Pico y Arsenio Fonseca Avendaño; alteraron la escena del crimen y presentaron a las víctimas como miembros de la subversión dadas de baja en combate. Estos homicidios se ejecutaron en desarrollo de la “Operación Martillo” que tenía como fin rescatar al señor Eduardo Evan Neme, hermano del entonces alcalde de Barrancabermeja, quien había sido secuestrado por miembros del EPL en una finca ubicada en esa región.
De acuerdo a lo demostrado en el proceso penal, siendo las 5:30 de la madrugada, los militares dispararon indiscriminadamente contra una humilde vivienda que se hallaba en el mismo sector donde se realizó el rescate del secuestrado. Uno de los militares confesó que el militar a cargo, es decir, Ortegón Gamba, le ordenó colocar un arma de fuego junto a uno de los cuerpos de las víctimas. A la niña le fue colocado un bolso que contenía: un pantalón, una gorra, una cubierta, un perfume, una crema dental, una antena plástica, varias fotografías, dos granadas tipo piña, un radio de comunicaciones, cinco vainillas, dos revólveres, una pistola, dos proveedores y varios cartuchos.
Ninguna de las personas que perdieron la vida en este operativo pertenecía a algún grupo armado como falsamente lo mostraron las fuerzas militares ante los medios de comunicación; por el contrario, la niña Luz Elena Cortez Carvajal, hacia parte de la población civil, vivía en el municipio de San Pablo con su madre y sus cuatro hermanos menores y días antes de ser asesinada se encontraba en la ciudad de Barrancabermeja pasando unos días con su abuela. El 6 de septiembre de 1997, su abuela le dio permiso para ir a visitar a su tía Tomasa durante un fin de semana al corregimiento el Llanito; lugar donde encontró la muerte a manos de miembros del ejército nacional el lunes 8 de septiembre de 1997 en horas de la madrugada.
La investigación por este crimen permaneció durante varios años en la jurisdicción penal militar sin que se lograra avanzar en la judicialización de los responsables. Fue hasta junio del año 2013, que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, determinó trasladar el proceso a la justicia ordinaria al concluir de las contradictorias declaraciones de los militares y otros elementos de prueba que las muerte de estas cuatro persona no ocurrieron en desarrollo de un combate.
El juez que impuso la condena expresó que no existe duda alguna que este crimen se llevó bajo la deshonrosa práctica de los llamados falsos positivos en virtud de los cuales miembros de las fuerzas armadas causaron la muerte a personas inocentes, quienes fueron presentados ante la opinión pública y a sus superiores como bajas de miembros pertenecientes a grupos al margen de la ley para de esta manera obtener subvenciones.
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