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Llamado a la movilización del 19 de noviembre: los derechos de las víctimas y la paz no pueden asumir el costo de los ajustes presupuestales

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Hacemos un llamado a participar en las movilizaciones del próximo 19 de noviembre y a incorporar en esta jornada la defensa de los derechos de las víctimas, el fortalecimiento de la justicia transicional y la exigencia de recursos suficientes para la construcción de paz. Nos sumamos desde estas demandas a la convocatoria de las centrales obreras y las organizaciones sociales, que plantea la defensa de los derechos sociales y laborales, la vida, la paz y la democracia.

Las decisiones sobre los recursos públicos no son ajenas a la garantía de los derechos. Su distribución y ejecución determinan las posibilidades reales de acceder a la justicia, participar en las instituciones y obtener respuestas efectivas del Estado. Por ello, la defensa de los derechos sociales y laborales debe encontrarse también con la defensa de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. No aceptamos que las respuestas a las dificultades fiscales trasladen sus costos a quienes han enfrentado la violencia, la exclusión y las mayores barreras para ejercer sus derechos.

En la comunicación que dirigimos a la Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz el pasado 9 de noviembre, expresamos nuestra preocupación por los efectos que las medidas de reducción presupuestal pueden tener sobre la participación efectiva de las víctimas y las capacidades institucionales necesarias para el cumplimiento del mandato de la JEP. Advertimos que los ajustes no deben traducirse en nuevas barreras de acceso, dilaciones o debilitamiento de las garantías de quienes han depositado su confianza en la justicia transicional.

La centralidad de las víctimas no puede quedarse en una declaración. Debe expresarse en recursos, equipos y mecanismos que aseguren su representación y acompañamiento jurídico y psicosocial; el acceso oportuno a información; y una participación informada, efectiva y sostenida, con enfoques territorial, diferencial y de género. Las distancias geográficas, las dificultades de conectividad, las condiciones de seguridad y las desigualdades económicas exigen respuestas institucionales que eliminen barreras, no decisiones que las profundicen.

También nos preocupa la preservación de las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de los juicios adversariales. El debilitamiento de estas capacidades puede obstaculizar la determinación de responsabilidades y generar riesgos de impunidad. Las restricciones presupuestales no pueden convertirse en una oportunidad para que quienes deban responder ante la justicia eludan sus obligaciones con las víctimas y con la sociedad.

Reconocemos los desafíos que enfrenta la JEP y reafirmamos nuestro compromiso con su fortalecimiento y con el cumplimiento de su mandato. Nuestra exigencia se dirige tanto a las autoridades responsables de asegurar los recursos necesarios como a las instancias de la Jurisdicción que adoptan decisiones sobre su distribución y ejecución. Defender la JEP implica exigir suficiencia presupuestal y, al mismo tiempo, decisiones internas que preserven las garantías de las víctimas.

En este contexto, exigimos:

  1. Al Gobierno nacional y a las autoridades competentes: Asegurar los recursos necesarios para que la JEP cumpla su mandato, sin trasladar a las víctimas las consecuencias de las restricciones fiscales.
  2. A la JEP: Priorizar las capacidades y los recursos que hacen posible la participación, representación y acompañamiento de las víctimas, así como el desarrollo efectivo de los procesos judiciales, incluidos los juicios adversariales.
  3. A las instancias competentes de la Jurisdicción: Establecer mecanismos de prevención, seguimiento y corrección que eviten que los ajustes generen exclusiones, barreras de acceso o afectaciones desproporcionadas.

El diálogo institucional y la movilización social son vías complementarias para defender los derechos. Por eso, llamamos a las organizaciones de víctimas, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y sociales, y a la ciudadanía, a encontrarnos el 19 de noviembre en una movilización pacífica que haga visible una exigencia común: las decisiones económicas y presupuestales deben estar al servicio de la dignidad, la justicia y la paz.

La paz necesita recursos; la justicia, capacidades; y las víctimas, garantías efectivas. Ningún ajuste debe hacerse a costa de sus derechos.

 

Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” –CAJAR

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP

Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC

Corporación Jurídica Libertad – CJL

Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda – COFB

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Asociación Minga

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

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