La protesta social es un derecho legítimo y el Estado está en la obligación de respetarla y garantizar que sus vulneraciones no queden en la impunidad

Imagen tomada de: Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

A un año del Paro Nacional en Colombia, la Coordinación Colombia –  Europa –  Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines hacemos un nuevo llamado al respeto y garantía al ejercicio del legítimo derecho a la movilización y protesta social y exhortamos a las autoridades colombianas a avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos de violación a los derechos humanos sucedidos en el marco de este estallido social que se extendió por más de siete meses. 

El 28 de abril de 2021 el Comité Nacional del Paro convocó un paro general motivado por diferentes razones, entre ellas la profundización de la pobreza a raíz del manejo gubernamental de la pandemia, la falta de oportunidades para los y las jóvenes, el desempleo, el hambre, entre otras, y cuyas cifras fueron confirmadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): durante el 2020 la pobreza monetaria del país llegó al 42,5% y la pobreza extrema a 15,1%. Mientras que el 37% de los hogares en Colombia no lograban comer tres veces al día, el Gobierno buscó imponer una reforma tributaria que aumentaba la carga tributaria del sector trabajador de la población.

Movilizaciones sin precedentes y con causas justificables se presentaron en todo el país, la juventud indignada se organizó en procesos colectivos artísticos, culturales, sociales y políticos que aportaron a la discusión nacional. Desafortunadamente, esta movilización social se vio manchada con una respuesta represiva por parte del Estado. La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas documentó que en 2021 se presentaron 89 homicidios, 1929 personas heridas, 106 denuncias por violencias basadas en género, 343 personas defensoras de derechos humanos agredidas y al menos 330 personas desaparecidas forzadamente (varias de las cuales aún no aparecen), entre otras violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el marco de las protestas y que evidenciaron el exceso en el uso de la fuerza por parte de la Policía. La estigmatización a procesos organizativos y de autoprotección, como las primeras líneas o los cascos azules, y la criminalización a sus integrantes evidenciaron el tratamiento discriminatorio hacia las formas organizadas de reclamo de derechos de los jóvenes y la falta de voluntad de diálogo para atender sus reivindicaciones.

El Gobierno Nacional y la Fuerza Pública incumplieron la sentencia de tutela 7641 de la Corte Suprema de Justicia de septiembre del 2020, que ordena a las autoridades adoptar protocolos para evitar excesos en el uso de la fuerza y garantizar el derecho a la protesta pacífica. A un año de los hechos, es lamentable e inaceptable que sean pocos o nulos los avances en materia de investigaciones que den con los responsables directos de estos hechos y con quienes ordenaron o toleraron su comisión, mientras que la persecución contra quienes se manifestaron aún continúa. 

Desde las Plataformas de Derechos Humanos recordamos que, conforme a los estándares internacionales, los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley tienen la obligación de respetar y proteger la vida y seguridad de todas las personas en el marco de la protesta, al igual que en todas las demás actividades que adelanten; deben observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución en todas sus actuaciones, lo que implica, entre otros aspectos, las obligaciones de evitar el uso excesivo de la fuerza, de minimizar el riesgo de poner en peligro o lesionar a personas ajenas a la situación y de adoptar todas las medidas posibles para reducir al mínimo los daños.

Exigimos a la Fiscalía General y la Procuraduría General avanzar con celeridad en las investigaciones penales y disciplinarias y sancionar a los responsables de estos hechos, así como a quienes con sus discursos de odio han instigado atentados paramilitares y sicariales en contra de quienes participan en las movilizaciones sociales. 

Solicitamos a la Corte Constitucional declarar como contraria a la Constitución la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en diciembre, que criminaliza y agrava las penas por conductas relacionadas con la protesta social y legaliza la represión ilegal a la misma mediante el accionar de particulares armados bajo el pretexto de la legítima defensa privilegiada.

Llamamos al nuevo Congreso de la República a abocar la tarea de derogar aquellas disposiciones legislativas que penalizan el ejercicio de la protesta social, como las contenidas en el Código de Policía y la Ley de Seguridad Ciudadana, que habilitan el uso del traslado arbitrario ‘por protección’, la asistencia militar a la Policía en manifestaciones o la penalización de la obstrucción de vías. También le insistimos para que adelante una verdadera reforma a la Policía Nacional, la cual sea debatida ampliamente con la ciudadanía, en la que el Escuadrón Antidisturbios (ESMAD) sea depurado y reestructurado, y esta institución sea separada del Ministerio de Defensa. 

Al Gobierno colombiano lo exhortamos a cumplir las recomendaciones específicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en la materia, en lugar de cuestionar su labor de monitoreo de las protestas. 

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que nos acompañe en el reclamo de garantías para que no se repitan estos hechos y no se favorezca la impunidad de las personas responsables, ante la evidente erosión de la institucionalidad y el cierre de los espacios de participación. La sociedad colombiana debe poder salir a la calle a expresar pacíficamente sus inconformidades sin que ello le cueste la vida.