La oficina de La Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, alerta sobre la grave situación de derechos humanos en el país

El  pasado miércoles 26 de febrero  el representante en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, -Sr Alberto Brunori- dando cumplimiento a su mandato de monitoreo y observación a la situación de derechos humanos, presentó el Informe Anual 2019, en el que se revela la alarmante situación de violación de los derechos humanos en el país, la preocupación por los pocos avances en la implementación del Acuerdo de paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las Farc-EP, y hace recomendaciones al gobierno nacional como cabeza de Estado para que se adopten medidas encaminadas al respeto y garantía de los derechos humanos en Colombia.

El informe señala que en Colombia persiste la violencia calificada de  endémica atendiendo a  la tasa de homicidios (25) por cada 1000 habitantes, registrada durante el año 2019.   Destacando que sigue siendo alarmante la  situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, registrando por parte de la oficina de la ACNUDH  en el 2019 un total de 108 asesinatos de defensores de DDHH, incluyendo 15 mujeres y 2 integrantes de la comunidad LGTBI, con un incremento del 50% en el asesinato de mujeres defensoras con respecto al año anterior, y resaltando  que el 65% de los asesinatos fueron dirigidos a personas que trabajaban con comunidades y grupos étnicos, una tendencia que ACNUDH ha venido documentando desde el 2016.

 A este contexto de muerte se suma el registro 36 masacres con 113 muertos, la cifra más alta desde el 2014; 45 personas asesinadas de la población LGBTI, 66 miembros de comunidades indígenas del Cauca, 15 casos de ejecuciones extrajudiciales.

En este contexto de violencia y violación de derechos, los niños y niñas siguen siendo de los grupos poblacionales más victimizados. La ACNUDH documentó casos de asesinato de niños y niñas por parte de las fuerzas militares, entre ellos, las 3 niñas y 4 niños que fueron asesinados en el bombardeo ocurrido en el Caquetá el pasado 30 de agosto; el asesinato de 16 niños y tres niñas por parte de grupos criminales en Antioquia, Caquetá, Nariño y Norte de Santander.  Además de observar y advertir el incremento de la utilización de niños y  niñas por parte de estos grupos criminales, y el reclutamiento forzado por el ELN en varias regiones del país. 

La violencia basada en género también es destacada en el informe señalando que en el 2019 Colombia registró la tasa más alta de víctimas en los últimos 10 años -52,3 víctimas por cada 100.000 habitantes-. Del total de víctimas el 85,6% fueron mujeres y 14.4% hombres, siendo el promedio de edad de las víctimas de esta violencia niñas de 12 años.  Según el informe la ACNUDH documento 13 casos de niñas víctimas de violencia sexual por parte de miembros de grupos armados y del Ejercito, llamando la atención en el desconocimiento por parte de  algunas autoridades de los protocolos de atención, y la negación del acceso a justicia por fallas institucionales.

En relación con el derecho a la protesta social la oficina de la ACNUDU señala con preocupación el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía que se aparta de los estándares y normas internacionales, registrando casos de detenciones arbitrarias,  tortura y tratos crueles, amenazas de muerte, y el asesinato del joven estudiante de 18 años Dylan Cruz por un agente del ESMAD.  Hace un llamado a transformar este escuadrón policial para que el abuso y violación de derechos no se vuelva algo sistemática, además de recomendar que la policía pase a la dirección del Ministerio del Interior.

En materia de derechos económicos sociales y culturales  el informe advierte que  el incremento de la pobreza multidimensional y la corrupción son dos factores que afectan el acceso y garantía de estos derechos de la población, señalando que el incremento en un 1.8% desde el año 2016 de la pobreza multidimensional la cual se triplica en  zonas rurales, generando mayor discriminación cuando se trata de pueblos indígenas y comunidades negras. Asimismo destaca que se mantiene la brecha salarial entre hombres y mujeres, lo mismo que menos posibilidades de acceso al trabajo para ellas.  Señala la importancia de que el Estado avance en una Reforma Rural Integral para lo cual es necesario que además de contar con planes y mecanismos resaltando los establecidos en el Acuerdo de Paz, por ello llama a que se  destine recursos necesarios para implementarlos y le preocupa la reducción de recursos en el 2020  para este fin.

Ante este panorama que hace que hoy Colombia sea el tercer país más desigual de América Latina, y en donde la labor de defensa de los derechos humanos se mantenga como una actividad de alto riesgo, el Alto representante Alberto Brunori hace varias recomendaciones encaminadas a que esta situación cese y se direccionen las políticas públicas fortaleciendo  el Estado de Derecho en Colombia. 

Sin embargo este informe ha sido mal recibido por el gobierno y sectores afines  a éste, que se han pronunciado públicamente de manera desobligante y descalificadora de la labor que hace la Oficina en Colombia.  Es así como el mandatario Iván Duque lo calificó como una “intromisión a los asuntos internos” y su consejero presidencial Emilio Archila  dijo que este informe era  “chambonada”, lo que evidencia no solo una actitud ramplona  y de negacionismo de la realidad colombiana,  sino también el desconocimiento de los mínimos diplomáticos y de la relevancia que tienen un informe de naciones unidas que per se es un importante aporte para cualquier gobierno y las sociedades que anhelan la paz y la democracia.

Por su parte, el movimiento social y de derechos humanos ha expresado un respaldo masivo no solo a este informe sino también a la importante labor que desde el año 1996 ha realizado la Oficina de la Alta Comisionado de Derechos Humanos en Colombia, instando al gobierno a que atienda las recomendaciones contenidas en el informe que están encaminadas a que el Estado Colombiano cumpla con sus deber de garantizar el pleno cumplimiento de derechos y allane el camino del derecho fundamental a la paz.

Informe de ACNUDH informe-anual-2019-ES