Helicóptero de la Fuerza Aérea ocasiona tragedia
Diciembre 1998. Masacre ocurrida el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo, del municipio de Tame (Arauca); provocada por un helicóptero UH-1H de matricula FAC-4407 de la Fuerza Aérea Colombiana – FAC-, al haber arrojado un explosivo cluster,(con el apoyo de un avión perteneciente a la empresa estadounidense OXY)
Durante el ataque la población civil para advertir de su condición de pobladores, tomaron prendas de color blanco como símbolo de paz, dicha señal no fua acatada por la FAC y continuaron disparando. Incluso la ayuda humanitaria al intentar auxiliar a los heridos fue detenida por los disparos.
Esto produjo la muerte de 17 civiles, incluyendo seis niños y niñas entre los cuales se encuentran: Luis Carlos Neite Méndez (5 años), Edna Margarita Bello (5 años), Jaime Castro Bello (4 años), Deysy Catherine Cárdenas Tilano (7 años), Jorge Vanegas (10 años); y, Giovanny Hernández Becerra(17 años); y resulataron 25 heridos, entre los cuales se encuentran 9 niños.
El estudio de este caso llevó a analizar los materiales de los explosivos, en dicha investigación se llegó a la conclusión de la responsabilidad militar. Un hecho importante fue el asesinato de uno de los testigos claves para la investigación.
Por otro lado, la versión de la Fuerza Áerea afirmaba que las muertes y las lesiones fueron ocasionadas por la guerrilla, este testimonio se mantuvo a pesar de que existian pruebas que demostraban lo contrario.
En el año 2007, después del proceso judicial el Juez 12 Penal del Circuito de Bogotá condenó en noviembre de este mismo año a los militares por homicidio y lesiones personales dolosas, es decir, que en su raciocinio, los militares hirieron y asesinaron a las personas sin «querer queriendo». Es de anotar que el representante del Ministerio Público –Procuraduría General de la Nación-, solicitó la absolución de los militares.
Este fallo fue a apelado, en para el 2009 el Juzgado 12 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, condenó a CÉSAR ROMERO PADILLA y JOHAN JIMÉNEZ VALENCIA, a 30 años y 8 meses de prisión y una multa de $ 44.000 M/Cte. y a HÉCTOR MARIO HERNÁNDEZ ACOSTA, a 6 años de prisión y multa de $ 181,000 M/Cte.