Gobierno sigue fallando a los colombianos tras su pobre respuesta ante el Paro Armado

El paro armado convocado por las Autodefensas Gaitanistas (AGC)  inició el día 5 de mayo de 2022, este se dio, presuntamente, por la decisión de las autoridades sobre la extradición a EE.UU de  Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Santander, Sucre y Norte de Santander fueron los más afectados por las acciones del Clan del Golfo, dado que tras informarse a través de volantes y panfletos el inicio del paro armado, los ciudadanos tuvieron que buscar un refugio seguro pues las personas “que no obedezcan la orden” serían dadas de baja.

Fueron cuatro días en que las diferentes comunidades se vieron aisladas tras el cese de actividades económicas y el cierre de las vías. El paro armado dejó alrededor de 30 municipios afectados por la incineración de vehículos; cierre de vías, hostigamiento a las autoridades, restricción de la libre movilidad y amenazas para el cierre obligatorio de establecimientos comerciales y educativos. Hechos que violaron los derechos humanos y el derecho nacional internacional ante la inoperancia del Estado para salvaguardar a la población civil. 

Según el reporte ‘Acciones violentas registradas durante dos días de paro armado por Clan del Golfo’ presentado por la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), en los dos primeros días del paro armado se registraron 150 hechos de afectación en contra de la población civil, en 119 municipios de 11 departamentos ocurrieron acciones violentas entre las que se destacan 5 tentativas de homicidios, en 20 municipios se pintaron grafitis alusivos al Clan del Golfo, 10 vías bloqueadas, 10 homicidios selectivos, 50 actividades de transporte cerradas, 80 bienes civiles destruidos, 74 comunidades confinadas, 8  afectaciones a medios de comunicación local y, 8 ataques armados contra la Fuerza Pública^[1]. Además del reporte de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP de 24 homicidios durante los cuatro días de paro^[2].

Durante la toma armada en los diferentes departamentos del país, la presencia del Estado brilló por su ausencia. El presidente Iván Duque se refirió al tema del paro armado hasta el  tercer día, anunciando la movilización de 52.000 integrantes del Ejército y la Policía Nacional a las regiones más afectadas; una orden tardía teniendo en cuenta el reporte de afectaciones hecho por la JEP durante los dos primeros días. De igual forma, el gobernador de Antioquia, uno de los departamentos más afectados, aseguró que hubo incapacidad estatal para defender el territorio nacional de lo que fue el paro armado durante las cuatro jornadas^[3].

A las críticas por la falta de acción oportuna por parte del Estado se suman las denuncias hechas por habitantes de los municipios afectados las cuales han circulado a través de las redes sociales, pues a través de un video cuyo registro en pantalla data la grabación del 7 de mayo en horas de la noche, se muestra como la Policía patrullaba las calles de un pueblo del Sur de Bolívar, en compañía de civiles armados y sin identificación a quienes la comunidad ha reconocido como miembros del Clan del Golfo^[4], evidenciando una presunta complicidad entre la Fuerza Pública y el grupo armado.

No fue sino hasta el 9 de mayo, cuarto día del paro, que las Autodefensas Gaitanistas emitieron un comunicado público informando a las comunidades y al país el fin del paro armado y el cese de acciones violentas por parte del Bloque Central Urabá y sus demás frentes mencionados en el documento^[5]. Sin embargo, la situación en los diferentes territorios sigue siendo preocupante, pues los grupos armados continúan su violenta expansión y con ello, el control territorial y poderío sobre las comunidades. En lo corrido del año el Instituto de estudios para el  desarrollo y la paz (Indepaz) ha registrado el asesinato de 71 líderes y lideresas sociales^[6].

El daño y las afectaciones que dejaron los cuatro días de paro armado en los diferentes departamentos del país, solo se ve superado por la inoperancia del Estado y la tardía e ineficaz respuesta que intentaron dar el presidente y el Ministro de Defensa, Diego Molano, quienes no sólo no tomaron medidas suficientes para proteger a la población civil sino que tampoco buscaron formas de prevenir el ataque del grupo armado, evidenciando el fallo que ha sido la política de seguridad del Gobierno Duque y la precaria presencia del Estado en las regiones más apartadas de Colombia.

^[1] https://www.jep.gov.co/JEP/documents1/Consolidado%20paro%20armado%20Clan%20del%20golfo%20del%205%20al%206%20de%20mayo.pdf#search=paro%20armado

^[2] https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/paro-armado-balance-de-lideres-sobre-afectaciones-de-las-agc-en-los-11-departamentos-confinados/

^[3] https://noticias.caracoltv.com/colombia/gobernador-de-antioquia-reconoce-falencias-en-control-del-estado-por-violencia-del-clan-del-golfo-rg10

^[4] https://twitter.com/HELIODOPTERO/status/1523511682395426816?s=20&t=fudq61mtycqkBvWZNSIfkA

^[5] https://www.opinioncaribe.com/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-08-at-8.33.16-PM.jpeg

^[6] https://twitter.com/Indepaz/status/1523854140727865347?s=20&t=F4Sb-Dw6fM-VV882TEEHAQ