Fuerza Pública contra la niñez: Una mirada al 2021

La protección del interés superior de las niñas y los niños en Colombia es un principio constitucional y una obligación internacional contemplada en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas -CDN-.Sobre el interés superior de la niñez, el CDN ha señalado que este principio es uno de los pilares de los derechos humanos de las niñas y niños^[1].

Las obligaciones en materia de derechos de la niñez tienen que analizarse teniendo presente su interés superior, incluyendo, entre otras, garantizar la primacía del  respeto y el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y niños, buscar las interpretaciones más favorables a la niñez en caso de conflictos entre  normas y demostrar que en las medidas adoptadas por agentes estatales que afecten a las niñas y niños se implementaron con base en este principio.

En Colombia durante el 2021 se han presentado múltiples situaciones en perjuicio de la niñez atribuibles al Estado colombiano. Sin embargo, resaltamos dos hechos de suma gravedad que afectaron a la niñez y la juventud.  En primer lugar, el asesinato de niñas y niños en medio de operaciones militares aéreas; y en segundo lugar, la violencia ejercida en contra de la niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante las jornadas de movilización social en el marco del Paro Nacional, iniciado en abril del año en curso.

Sobre el primer punto, hemos señalado en diferentes oportunidades la responsabilidad que tiene el Estado de prevenir hechos de reclutamiento forzado de niñas y  niños por parte de actores al margen de la ley, especialmente cuando se conoce el riesgo en determinados territorios, por ejemplo, a través de la emisión de alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo. No obstante y algo que agrava este hecho es la inoperancia del Estado, pues resulta reprochable que no hayan avances en las investigaciones de los casos de reclutamiento que involucran , entre otros, a las autoridades que fallaron en la prevención de estos graves delitos.

Lamentablemente, este año se han presentado diferentes eventos que involucran el asesinato de niñas y niños como consecuencia de bombardeos aéreos en contra de campamentos guerrilleros.  En marzo se conoció de una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación contra la estructura de las Farc comandada por alias ‘Gentil Duarte’, operación  de la cual tras varias semanas, se demostró que como consecuencia del operativo, murieron niñas y niños que habían sido reclutados. Más reprochable aún resultó el actuar del Ministro de Defensa, Diego Molano, quién intentó justificar tales hechos, calificando a las niñas y niños  reclutados como “máquinas de guerra”, causando una revictimización en contra de ellos, sus familias y en general esta población que sigue  siendo reclutada. Hechos que no guardan sentido con lo señalado por el Secretario General de las Naciones Unidas en el informe ‘Los niños y el conflicto armado en Colombia’ de 2019 en sus recomendaciones, en las cuales dispone que las niñas y niños reclutados deben ser tratados “principalmente como víctimas”^[2].

Sobre este tema, recientemente el senador Iván Cepeda, destacó que durante el gobierno del presidente Iván Duque se han realizado, al menos, 21 bombardeos dentro de los  cuales, al menos 7 han traído como consecuencia el asesinato de niñas y niños, pues se tiene conocimiento que en medio de los ataques realizados por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, al menos 22 niñas y niños han perdido la vida.  Según información recopilada, han sido asesinados 13 niños, 7 niñas y 2 menores de 18 años a quienes no fue posible determinar el sexo.[PC1]  Lo que sí es claro, es que las víctimas tenían entre 10 y 17 años de edad^[3].

Por otra parte, la niñez y la juventud han aumentado su activismo y formas de resistencia ante la violencia, la desigualdad, el empobrecimiento económico y la crisis derivada de la pandemia de Covid-19.  Fue así que ante el estallido social y las jornadas de movilización del paro nacional, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes salieron a las calles manifestando  su deseo y derecho de hacerse escuchar respecto de sus inconformidades en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Sin embargo, su participación se ha visto invisibilizada del discurso público trayendo como consecuencia la negación de la participación de la niñez en las protestas y así mismo la ausencia de aplicación del interés superior de la niñez.

Es importante mencionar que de los 86 asesinatos documentados, el 4,65% fueron cometidos contra niños, niñas y adolescentes (NNA); de las 3.473 personas detenidas hasta el mes de agosto en movilizaciones enmarcadas en el paro nacional, 216, es decir, el 6,21% son NNA;  también, de 1.917 personas detenidas (en su mayoría arbitrariamente), el 1,87%  pertenecían a esta población, en cuanto a las 77 VBG registradas, 3.89% fueron  cometidas contra NNA^[4]. Estas cifras demuestran que las vulneraciones hacia este sector de la población no son escasas, al contrario, muestra una frecuencia considerable de estos hechos agravados que van en  contra de la normatividad nacional e internacional sobre las actuaciones en el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública.  Adicionalmente, de las 1.632 denuncias recibidas por abuso de poder y violencia policial en las protestas, el 9,37% corresponden a situaciones de  violencia indiscriminada contra la población, entre la cual se encontraban NNA y en las cuales pudieron ser parte de las personas afectadas sin individualizar^[5].

Cabe destacar que tanto en el contexto del reclutamiento forzado, como en el de movilización social, el Estado y sus instituciones no pueden usar como  excusa para la limitación de los derechos la ausencia de conocimiento previo de la participación de niñas y niños en estos escenarios. Ante la negativa del discurso estatal, las cifras y documentos evidencian que existen elementos suficientes del conocimiento del Estado sobre la presencia de la niñez y la juventud.  Ejemplo de ello son los informes de inteligencia y  las edades de personas detenidas, los cuales se han conocido a través de noticias, denuncias públicas, cifras de instituciones gubernamentales y de organizaciones sociales y de derechos humanos. Lo que es claro, es que existe responsabilidad agravada del Estado colombiano por violar los derechos humanos de las niñas y los niños en el marco de las manifestaciones que  iniciaron el 28 de abril de 2021 al incumplir con su obligación de respeto de los derechos a la integridad, vida, libertad física, libertad de  expresión, a vivir sin violencias, entre otros, reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales.

El Estado colombiano le ha fallado a la niñez y a la juventud por su falta del deber de debida diligencia y desconocimiento del principio del interés superior de la niñez al no adoptar  medidas diferenciadas con el fin de proteger a niñas y niños y desconociendo los principios básicos del derecho internacional humanitario como el principio de prevención y precaución que tienen como objetivo evitar daños innecesarios en relación con la ventaja militar que se pretende. No ha velado por evitar el reclutamiento, mucho menos por rescatarlos y protegerlos, por el contrario, los ha atacado sin pudor y a través de su inoperancia  y declaraciones estigmatizantes de sus gobernantes, solo ha perpetuado su revictimización. Además, el Estado es quien ha coartado los derechos de niños, niñas y jóvenes a participar de la protesta pacífica.

^[1] Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). CRC/C/GC/14. 29 de mayo de 2013. Párr. 6.

^[2] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2019_1017_S.pdf

^[3] Rueda de prensa: https://www.facebook.com/IvanCepedaCastro/videos/438454241197995

^[4] Tomado de los registros del READY de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas.

^[5] Ibíd.