Día Internacional de la Niña llamado a reconocerlas y garantizar sus derechos
Cada 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, determinado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2011, mediante la Resolución 66/170, la que tiene como propósito recordar y exigir el cumplimiento de los derechos de las niñas y los desafíos particulares que enfrentan en todo el mundo. La resolución reconoce la importancia de promover su empoderamiento, visibilizar su liderazgo en espacios de incidencia política y social, y garantizar su participación significativa en las decisiones que las afectan. Estas acciones son fundamentales para erradicar los ciclos de discriminación y violencia, así como para asegurar el goce pleno y efectivo de sus derechos humanos[1].
Este día, más que una conmemoración, nos interpela sobre lo que significa realmente crecer siendo niñas en contextos donde las desigualdades de género persisten y las violencias continúan limitando su autonomía, su participación, su voz y sus proyectos de vida. Esta pregunta cobra aún más importancia en escenarios donde incluso se pretende eliminar el reconocimiento de la denominación de “niñas” por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar sus derechos. Recientemente, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, informó que la institución debe adaptar su lenguaje y utilizar el término “niñez” en sus comunicaciones, buscando generalizar la forma en la que se nombra a esta población.
Esta orientación surgió a raíz de una instrucción atribuida a la Regional Huila, lo que llevó a la Defensoría del Pueblo a solicitar explicaciones al ICBF sobre las directrices que regulan el lenguaje utilizado por la entidad. El 25 de agosto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió aclarar el origen, la fecha de adopción y el alcance territorial de estas orientaciones. La Defensoría recordó que el uso del masculino como referente universal puede invisibilizar a las mujeres y destacó la importancia de incorporar el enfoque de género, conforme al artículo 12 de la Ley 1098 de 2006[2]. Eliminar el término “niñas” implica dejar de visibilizar las desigualdades y los delitos diferenciados que enfrentan por su género, así como las realidades particulares que atraviesan en sus territorios y comunidades[3]. Proteger sus derechos también implica reconocerlas y nombrarlas, porque aquello que no se nombra corre el riesgo de hacerse invisible.
En Colombia, las cifras evidencian la magnitud de las violaciones a los derechos de las niñas y adolescentes. Según el Boletín Estadístico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con corte al 28 de febrero de 2026, durante los primeros meses del año ingresaron 6.516 niñas, niños y adolescentes al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD). Entre las vulneraciones registradas contra niñas y adolescentes, se reportaron 1.808 casos de violencia sexual, 1.127 por omisión o negligencia, 133 por violencia física, 85 por agresiones psicológicas y 6 relacionados con trabajo infantil[4]. Por otra parte, para el 2025, el ICBF señaló que el 81% de los casos de violencia contra personas menores de 18 años correspondía a niñas y mujeres adolescentes. Además, en sus registros identificó que entre el 2019 y 2025, ingresaron 137.607 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) relacionados con violencias contra niñas, niños y mujeres adolescentes, de los cuales 111.488 corresponden a niñas y adolescentes mujeres. A partir de la información recolectada por el ICBF se evidencia que las menores de edad son víctimas principalmente de hechos como violencia sexual, violencia física, trata y explotación sexual comercial (ESCNNA), violencia psicológica y feminicidio[5].
Una parte significativa de estas agresiones ocurren en espacios que deberían constituir entornos seguros y protectores, como sus hogares y establecimientos educativos. En una publicación de 2025, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que el 67,2 % de los hechos de violencia sexual contra niñas y adolescentes ocurre dentro de la vivienda, mientras que el 8,9 % se registra en establecimientos educativos[6]. Esta situación evidencia la persistencia de relaciones desiguales de poder, inequidad de género y patrones de violencia sistemática que afectan de manera diferenciada a las niñas y adolescentes. La situación adquiere mayor complejidad cuando se incorporan factores como la pertenencia étnica, la condición migratoria, la pobreza, la ruralidad o la permanencia en territorios afectados por el conflicto armado.
A estas formas de violencia se suman nuevos escenarios de riesgo. El entorno digital también puede reproducir el abuso, la explotación y otras formas de violencia sexual. La investigación Disrupting Harm, realizada por UNICEF Innocenti, ECPAT International y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), cuyos resultados se entregaron en 2026, reveló que uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en Colombia sufrió abuso o explotación sexual facilitados por la tecnología en un solo año, lo que equivale a cerca de 860.000 niñas, niños y adolescentes entre los 12 y 17 años. Las niñas y adolescentes mujeres son las más afectadas. A partir de las encuestas realizadas identificaron que, el 25 % reportó haber sufrido estas violencias, frente al 17 % de los niños y adolescentes hombres[7]. Por otra parte, en 2026, el ICBF llamó la atención sobre la manera en que determinadas plataformas y algoritmos pueden facilitar la circulación y amplificación de contenidos perjudiciales para niñas, niños y adolescentes, lo que plantea nuevos desafíos para la prevención y la protección integral[8].
Además de la violencia sistemática que afecta a las niñas, resultan preocupantes otros escenarios en los que se vulneran los derechos de las menores, como el reclutamiento o la desaparición forzada. La Defensoría del Pueblo registró, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año, 51 casos por reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 35% corresponde a niñas y adolescentes [9]. Asimismo, el aumento de las desapariciones de menores de edad genera una grave preocupación. De acuerdo con datos expuestos por el concejal Julián Espinosa, sobre la base de reportes brindados por la Policía Nacional y Medicina Legal, tan solo en el primer semestre de 2026 se registraron 538 casos de niñez y adolescencia desaparecida en la ciudad de Bogotá, dentro de los cuales 334 corresponderían a niñas y mujeres adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años, situaciones que exigen respuestas urgentes de búsqueda y protección, así como investigar posibles riesgos de trata de personas, secuestro y explotación sexual, sin atribuir estas causas al conjunto de casos reportados[10].
Las violencias que afectan a las niñas y adolescentes no pueden comprenderse de manera generalizada. La violencia sexual, física, psicológica y feminicida, el reclutamiento, las desapariciones y otras formas de violencia se reproducen, en muchos casos, incluso en los espacios que deberían garantizar su protección. Si bien Colombia ha avanzado en el reconocimiento normativo de los derechos de las niñas y en la creación de medidas para su protección, persisten importantes desafíos para transformar estas prácticas y garantizar una protección efectiva.
Reconocer a las niñas y adolescentes como sujetas de derechos, desde un enfoque diferencial y de género, es fundamental para visibilizar las violencias que enfrentan, comprender las desigualdades que atraviesan sus vidas, fortalecer las acciones orientadas a prevenir estas vulneraciones y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Esto requiere cuestionar las prácticas culturales y sociales que históricamente han normalizado su subordinación y limitadas sus oportunidades de desarrollo y participación. Asimismo, implica garantizar que sean reconocidas como sujetas políticas y defensoras de derechos humanos, con espacios seguros y condiciones efectivas para expresar sus opiniones, participar e incidir en las decisiones que afectan sus vidas y territorios. Sus voces, experiencias y propuestas deben ser parte activa de la construcción de una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias.
En este Día Internacional de la Niña, exigimos que sus derechos sean garantizados y que puedan crecer en entornos seguros, donde su voz, participación y autonomía sean reconocidas y respetadas. Exigimos que sean reconocidas como sujetas de derechos y que se garantice su participación plena en la sociedad, exaltando sus capacidades, sus opiniones y el valor de sus aportes. Demandamos el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención y protección, garantizar una presencia efectiva del Estado en las regiones más afectadas y promover acciones articuladas que permitan asegurar a las niñas, niños y jóvenes una vida libre de violencias, con dignidad, oportunidades y pleno respeto por sus derechos humanos.
[1] https://www.un.org/es/observances/girl-child-day
[2] https://www.elcolombiano.com/colombia/icbf-responde-defensoria-lenguaje-institucional-polemica-KE40330129
[3] https://x.com/ICBFColombia/status/2090180719641264535
[4] https://www.icbf.gov.co/system/files/BoletinEstadisticoFebrero.pdf
[5] https://www.icbf.gov.co/noticias/el-81-de-casos-de-violencias-se-registran-contra-ninas-y-adolescentes-mujeres
[6] https://www.icbf.gov.co/noticias/el-81-de-casos-de-violencias-se-registran-contra-ninas-y-adolescentes-mujeres
[7] https://www.unicef.org/colombia/comunicados-prensa/en-un-solo-a%C3%B1o-1-de-cada-5-adolescentes-en-colombia-sufri%C3%B3-abusos-y-explotaci%C3%B3n
[8] https://www.icbf.gov.co/noticias/directora-de-bienestar-familiar-advierte-sobre-como-las-plataformas-y-algoritmos-facilitan
[9] https://www.defensoria.gov.co/web/guest/w/51-casos-de-reclutamiento-forzado-de-nna-en-2026
[10] https://www.kienyke.com/bogota/334-ninas-desaparecidas-en-bogota-en-lo-que-va-de-2026