Día de la niña, un llamado a proteger y garantizar sus derechos

El Día Internacional de la Niña es una fecha en la que se busca visibilizar sus derechos -y los de las adolescentes- en clave de promover su cumplimiento en todo el mundo. Sin embargo, pasar de la conmemoración a lograr, a través de acciones concretas, materializar su protección y garantía sigue siendo el reto desde hace más de una década. La realidad es que, en un país como Colombia, estas continúan siendo víctimas de múltiples formas de violencia y discriminación, lo que deja en evidencia que el reconocimiento de sus derechos sigue siendo, en muchos casos, una promesa sin cumplir.

Las niñas y adolescentes enfrentan a diario violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales, en varias regiones del país, en las que su vulnerabilidad es exacerbada por factores como la pobreza, el conflicto armado y la falta de acceso a servicios básicos de protección. Entre las formas de violencia más recurrentes se encuentran la violencia sexual, la explotación sexual, las lesiones personales, y homicidio y/o feminicidio.

Frente a esta situación y desde el monitoreo a las afectaciones contra la niñez y la juventud de Humanidad Vigente, se han podido identificar cifras que, si bien distan de las que maneja la institucionalidad, sí son una base para entender mejor el nivel de afectación y la inmensidad de casos que pueden haber tras un subregistro. Durante los primeros seis meses del año, se han registrado múltiples casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes en departamentos como Antioquia, Bogotá, y Huila, con 43 víctimas entre los 5 y 17 años, reflejando una disminución del 18,8% respecto al mismo periodo en el año 2023. Mientras tanto, según el registro de Medicina Legal en su boletín mensual, se han practicado 7.698 exámenes médicos por presuntos delitos sexuales^[1].

Por su parte, y recordando que hace menos de un mes se conmemoró el día contra la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes -ESCNNA- se registraron 8 niñas y adolescentes entre los 13 y los 17 años, afectadas en departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar; cifra que si bien refleja una gran disminución del 74,2% de este flagelo contra niñas y adolescentes, especialmente de sectores empobrecidos o migrantes, no quiere decir que sea algo positivo, pues es de recordar que sólo hasta este año y tras diferentes escándalos, este tema ligado al turismo sexual, ha empezado a tener atención del Estado y de los medios.

En cuanto a las lesiones personales, 13 niñas y adolescentes han sido víctimas de agresiones físicas, una forma de violencia que, ante la permisividad institucional y social, puede transformarse en homicidios y/o feminicidios, sobre los cuales se han registrado 15 víctimas durante este primer semestre, principalmente en los departamentos del Cesar, Valle del Cauca y Antioquia. Si bien, los casos de lesiones personales disminuyeron un 27,7%, los casos de feminicidio se mantuvieron igual respecto al monitoreo del mismo periodo del año anterior. No obstante, Medicina Legal maneja una cifra de 38 niñas y adolescentes víctimas de homicidio^[2].

Los feminicidios y la impunidad en sus casos, siguen cobrando la vida de las niñas y adolescentes colombianas. La respuesta del Estado, hasta ahora insuficiente, no ha logrado garantizar la protección integral que estas niñas necesitan para vivir en un entorno seguro. Estas cifras no solo son números, son vidas interrumpidas, sueños destruidos y futuros truncados por la violencia que el Estado no ha logrado frenar.

Este día debe servir para mucho más que simples actos de conmemoración. Es un llamado urgente a las autoridades para que se implementen políticas efectivas que garanticen su protección. Las niñas y adolescentes no son solo víctimas, ni deben seguir siéndolo; por el contrario, son y deben seguir siendo protagonistas del cambio y la transformación social. No podemos seguir permitiendo que sus derechos sigan siendo ignorados o relegados a un segundo plano. Es responsabilidad del Estado, de la sociedad civil y de todos los actores sociales garantizar un futuro en el que puedan crecer libres de violencia, con igualdad de oportunidades y con la seguridad de que sus derechos serán respetados y protegidos.

^[1] https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/1003447/Boletin_NNA_junio_2024.pdf

^[2] Ibíd