Defensores y defensoras de Derechos Humanos y líderes sociales en riesgo. ¡Que cesen las agresiones!

Desde el pasado 26 de agosto, fecha en la que se inició el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, se han registrado 28 asesinatos de líderes y lideresas sociales de base y defensores y defensoras de Derechos Humanos, todas ellas personas vinculadas con la defensa de la tierra, el territorio, el medio ambiente y activistas por la paz que han acompañado el proceso de negociación y promovieron el «Si» de la refrendación de los acuerdos desde sus territorios.

Las organizaciones abajo firmantes, quienes desde diferentes mandatos trabajamos el tema de protección y seguridad de personas defensoras de Derechos Humanos, manifestamos nuestra preocupación por el aumento de las agresiones a nivel nacional, con especial intensidad en el suroccidente del país (Cauca, Caquetá y Nariño), la región Caribe y el Magdalena Medio.

Aunque el cese al fuego bilateral ha tenido efectos positivos en la disminución de la confrontación armada, los ataques contra defensores y defensoras de Derechos Humanos y líderes locales demuestran que esta violencia no está asociada únicamente al conflicto armado interno, sino a otros factores de violencia estructural y sociopolítica, y que, tras la firma del acuerdo, se pueden agudizar si no se toman las medidas necesarias para
protegerles.

Preocupa que la mayoría de estos ataques estén focalizados sobre los integrantes del movimiento social y político Marcha Patriótica, que ha sido un actor clave en el proceso negociación y será determinante para la implementación de los acuerdos desde el territorio. En el año 2016 se han registrado más de 377 agresiones
contra defensores y defensoras, dentro de ellas 79 homicidios.

Este panorama se agrava si se tiene en cuenta que las últimas amenazas que se han presentado en Barrancabermeja y Valle, ponen precio a la vida de los líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, lo que eleva las condiciones de riesgo e inseguridad, ya que los posibles atacantes se multiplican y se hará más difícil identificar los victimarios y, por supuesto, su judicialización.

Estamos convencidos/as que el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional con las FARC-EP es un paso para que en el país se respeten los Derechos Humanos y se logre una paz estable y duradera. Sin embargo, estos acuerdos deben estar acompañados de garantías políticas y sociales para todos los actores sociales. Esto es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, para que se respete el ejercicio legítimo de los movimientos sociales y para la construcción de una paz con justicia y equidad.

Ante esta situación, solicitamos al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos:

1. Reactivar la Mesa Nacional de Garantías, junto a sus sub mesas de investigación y protección. Espacio necesario de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, para determinar de manera conjunta medidas urgentes y oportunas de protección, que prevengan nuevos asesinatos, agresiones y amenazas contra los líderes y lideresas sociales y los defensores/as de Derechos Humanos.

2. Invitar oficialmente al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, para que realice una visita a Colombia con el objetivo de examinar, informar y recomendar al Gobierno Nacional acciones y medidas que garanticen la labor de los defensores de Derechos Humanos en un entorno seguro y favorable. Del mismo modo, es pertinente que haga seguimiento al nivel de cumplimiento de las recomendaciones ya sugeridas por la Relatora Especial, Margaret Sekaggya, en su Misión a Colombia en 2010.

3. Implementar de manera prioritaria e inmediata el punto 2 y 3.4 del Acuerdo de Paz, que contemplan la creación de un «Sistema Integral de Seguridad» que incluye la garantía de seguridad para los movimientos y
organizaciones sociales; y la conformación de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales Responsables de Homicidios y Masacres o que atenten contra Defensores/as de Derechos Humanos, Movimientos Sociales o Movimientos Políticos, que continúan operando y expandiéndose a lo largo del país.

4. Informar desde el Ministerio de Interior los resultados y conclusiones de la Comisión de Alto Nivel de Investigaciones, creado en marzo este año, frente al incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos humanos al inicio de 2016.

Por último, queremos llamar la atención sobre la impunidad en las agresiones contra defensores de Derechos Humanos, que según cifras del programa Somos Defensores, es de 99.96% en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Esto genera un clima propicio para que se sigan presentando ataques y amenazas.

Por lo anterior, le pedimos a la Fiscalía General, avanzar con prontitud en las investigaciones para esclarecer estos hechos, informar los resultados y llevar a la justicia a los autores materiales e intelectuales de las amenazas y ataques contra defensores y defensoras. Además, solicitamos a la Unidad Especial de la Fiscalía, creada para casos de amenaza y homicidio de defensores y defensoras, que le den prioridad a los asesinatos en el suroccidente y las amenazas en Barrancabermeja.

Reafirmamos nuestro respaldo al acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC, e insistimos preservar el cese bilateral de hostilidades mediante la implementación oportuna y efectiva de lo acordado; pero creemos que en un escenario de violencia contra los líderes y defensores de Derechos Humanos, como el actual, hay que redoblar los esfuerzos y crear mecanismos eficientes para alcanzar una paz una paz estable y definitiva.

¡Es imperativo que cesen las agresiones!

Pensamiento y Acción Social – PAS

Protection International – PI

Peace Watch Switzerland – PWS

Programa Somos Defensores

Movimiento Sueco por la Reconciliación – SweFOR

Colectivo ANSUR

Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe – FAU-AL

Diakonia

Fondo Defender la Tierra – Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz – CINEP/PPP

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE

Fondo para ayudas de emergencia y fortalecimiento organizacional en protección y autoprotección – FFP.
Integrado por:

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA

Corporación AVRE

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta – Justapaz

Humanidad Vigente Corporación Jurídica