De acuerdo con la ONU, Colombia sigue teniendo grandes retos para garantizar los derechos humanos

Las plataformas y organizaciones de derechos humanos  que suscribimos el presente comunicado destacamos las importantes recomendaciones formuladas al Estado colombiano durante el Examen Periódico Universal (EPU) celebrado este 7 de noviembre.

Tras manifestar su decidido respaldo a los esfuerzos de Colombia por alcanzar la paz y lograr algunos otros avances en derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU formuló al país más de 250 recomendaciones entre las que resaltan particularmente las relacionadas con la urgencia de avanzar en la construcción de la paz, la necesidad de protección para las personas defensoras de derechos humanos, la premura de superar la desigualdad que afecta particularmente a las mujeres, a las personas LGBTIQ+, a las personas con discapacidad, a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a las niñas, niños y adolescentes, y especialmente aquellas que son víctimas del conflicto armado. 

La mayoría de los 82 países que intervinieron en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, destacaron los esfuerzos del Estado colombiano en la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado con las extintas FARC-EP y resaltaron la importancia de las actuales negociaciones con otros grupos armados, pero instaron a Colombia a reforzar medidas para asegurar la implementación de las medidas de género y étnicas, así como del Sistema Integral para la Paz. También se recomendó al Estado colombiano fortalecer su sistema judicial para enfrentar las altas tasas de impunidad, especialmente en las graves violaciones de derechos humanos.   

Así mismo, enfatizaron la necesidad de adoptar los Protocolos Facultativos de la Convención contra la Tortura (OPCAT), de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre un procedimiento de comunicaciones (OPIC) y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros instrumentos de protección de derechos humanos que permiten acudir a los mecanismos internacionales cuando la justicia colombiana no da una respuesta ante las vulneraciones ocurridas. Los Estados, llamaron la atención sobre la urgencia de reconocer y tomar medidas frente a la discriminación y la violencia contra las mujeres y aquellas basadas en prejuicios por la identidad y expresión de género diversas, por discursos de odio, o como consecuencia del reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados y estructuras criminales. Adicionalmente, se realizaron algunas recomendaciones en torno a la reforma policial y la necesidad de desmilitarización de esta institución. 

Echamos de menos que no se hayan incluido recomendaciones relativas a la vulneración del derecho a la privacidad por la implementación de tecnología que permite vigilancia masiva, la cual afecta especialmente a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, a otras formas de abuso de las actividades de inteligencia estatal, o a las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la actividad empresarial, problemáticas que han afectado a Colombia durante el periodo de examen. 

El Gobierno de Colombia manifestó su compromiso con el cumplimiento de dichas recomendaciones, y también asumió una serie de compromisos voluntarios en los que se incluyen la cooperación con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. 

Como sociedad civil organizada instamos a las autoridades a tomar medidas concretas y efectivas para garantizar su implementación. Es esencial que estas recomendaciones se conviertan en acciones concretas que mejoren la calidad de vida y el respeto por los derechos fundamentales de toda la población colombiana.

En este sentido, las plataformas y organizaciones sociales firmantes de este comunicado nos unimos a la propuesta de las delegaciones de Paraguay y Egipto sobre la creación de un mecanismo de seguimiento que asegure el cumplimiento de las recomendaciones y permita evaluar su progreso. Dicho mecanismo, que debería contar con la participación de la sociedad civil y el acompañamiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es fundamental para mantener la transparencia, el monitoreo y la rendición de cuentas en este proceso. 

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia, continuaremos trabajando en el seguimiento a los compromisos derivados del EPU y apoyando al Estado en su implementación, con el fin de superar los más de quince años de atraso que tenemos en la materia.