CPDH Arauca denuncia constantes violaciones a los DDHH en la región
Pese a las denuncias realizadas en el Cabildo Abierto efectuado en Saravena, Arauca el pasado 29 de julio de 2011; en el que tuvieron participación de sectores sociales, comunales y delgados nacionales e internacionales, se siguen presentando hechos repudiables contra niños, niñas y adolescentes de la región; los cuales violan los derechos consagrados en los tratados internacionales, la Constitución Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006.
Uno de estos casos, ocurrió el martes 9 de agosto en la vereda Costa Rica, zona rural de Tame, Arauca, cuando una niña de tan sólo 14 años fue asesinada y su hermana de 17 años quedó gravemente herida; ambas por Mario Alberto Torres Mendez de 20 años de edad .
Los miembros de comunidades indígenas también vuelven a ser víctimas de la violencia en Colombia. Silvestre Moreno, de 28 años de edad, quien era miembro del cabildo indígena «El Vigía», fue asesinado en la vereda San Lorenzo, en el municipio de Arauquita el 01 de agosto.
De igual modo, el CPDH rechaza y denuncia la persecución de la que ha estado siendo víctima Martín Sandoval Rozo, presidente del Polo Democrático Alternativo de Arauquita – quien además es miembro activo del Comité – por parte de un servidor público.
Además, el CPDH, exige la libertad de tres ciudadanos falsamente señalados y detenidos por el asesinato de la juez Gloria Constanza Gaona el 22 de marzo, cuando recibió cinco disparos en la cabeza luego de salir de su casa en Saravena, Arauca.
Por otra parte, este Comité resalta como positiva la solicitud de la Fiscalía al pedir la pena máxima para el subteniente Raúl Muñóz Linarez; acusado por violar a una niña de 14 años de edad, y luego asesinarla a ella y a sus dos hermanos también menores de edad.
Estos casos que atropellan los Derechos Humanos, y que pone en tela de juicio el avance en seguridad ciudadana, son los que el CPDH ha querido denunciar, rechazar y repudiar ante las distintas organizaciones de defensa de los DDHH nacionales e internacionales, como también el llamado a las instituciones públicas y judiciales del orden municipal, departamental y nacional que tienen la responsabilidad de velar y proteger la vida de quienes habitan el territorio colombiano.