COMUNICADO PÚBLICO

Bogotá, 25 de agosto de 2018,

Los y las abogadas defensoras de confianza de LINA, ALEJANDRA, LIZ ETH, NATALIA, IVÁN, CESAR, JUAN CAMILO, CRISTIAN, BORIS y ANDRÉS, declarados en libertad por la justicia el día de ayer, nos permitimos hacer una SOLICITUD PÚBLICA a las autoridades colombianas y a la comunidad internacional, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. El 24 de junio de 2017, en el marco de un mega operativo, fueron capturadas las 4 mujeres y 6 hombres que defendemos, señalados como responsables, entre otros hechos, del trágico atentado perpetrado en el Centro Comercial Andino en junio del año inmediatamente anterior.
2. Con posterioridad a la captura, el comandante de la Policía Nacional, el Fiscal General y el Alcalde Mayor de Bogotá, hicieron pronunciamientos contrarios a principios constitucionales como la independencia judicial, el debido proceso y la presunción de inocencia, cuestionando las decisiones tomadas por la justicia y afirmando temerariamente y sin ambages la pertenencia de nuestros defendidos al grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo -MRP- y su autoría en los lamentables hechos ocurridos en el Centro Comercial Andino. A su vez, la Policía Nacional y la Fiscalía General filtró a los medios de comunicación elementos de prueba cobijados con el manto de reserva propiciando especulaciones sobre la responsabilidad de las personas procesadas y generando un clima de animadversión en su contra.
3. Paralelo al inicio del proceso judicial se han venido presentando incidentes de seguridad y procedimientos irregulares, crecientes en número y gravedad, en contra de los familiares de las personas judicializadas y de los abogados y abogadas que hemos asumido su representación. Entre otros se cuenta:

• Amenaza de muerte por supuesto miembro de grupo paramilitar.
• Interceptación de familiares y personas cercanas a los procesados en vías públicas por sujetos que se presentan como funcionarios de la Policía quienes los han extorsionado para la obtención de información.
• Allanamientos sin aparente sustento fáctico.
• Interceptaciones telefónicas y seguimientos.
• Registros a vehículos sin orden legal.
• Robo de información de abogados de la defensa.

4. Los anteriores hechos que han sido denunciados oportunamente ante las autoridades pertinentes y fueron dejados en constancia en la última audiencia de juicio ante el Juzgado 2 Penal Especializado de Bogotá, generan una honda preocupación por la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación y/o organismos de inteligencia y seguridad del Estado, estén haciendo un uso extralimitado de sus funciones con el objetivo de presionar el reconocimiento de responsabilidad de los acusados, obstaculizar las labores de defensa técnica y lograr la captura de VIOLETA ARANGO.
5. El día de ayer, 24 de agosto de 2018, la Juez 10 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, a solicitud elevada por el Fiscal del caso de prorrogar la medida de aseguramiento en centro carcelario, decidió en derecho NEGAR la prórroga de la medida toda vez que el fiscal la solicitó extemporáneamente de acuerdo al término establecido en el artículo 1° de la ley 1786 de La consecuencia jurídica, como lo establece esta misma norma, fue la sustitución de la medida por una no privativa de la libertad consistente en la restricción para salir del país.
6. A raíz de esta decisión, el Fiscal General asignó a la Vicefiscal para iniciar investigación para establecer si existen “responsabilidades de relevancia penal por la libertad de los investigados del Centro Comercial Andino”. Igualmente, el Alcalde Mayor ENRIQUE PEÑALOSA manifestó públicamente su “preocupación” por la libertad de los defendidos y le exigió a la Fiscalía que aclare la situación. En nuestro criterio estos pronunciamientos van en contravía de la independencia judicial y el respeto a la separación de los poderes públicos.

En consecuencia, SOLICITAMOS:

1. Solicitamos al Gobierno Nacional, a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo, a Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, garantizar la vida e integridad personal y adoptar medidas afirmativas de protección a favor de las 10 personas que recobrarán su libertad por orden judicial, así como de sus familiares y allegados que han sido objeto de hostigamientos.
2. A la Fiscalía General y la Alcaldía Mayor, respetar el debido proceso, la independencia judicial y la separación de poderes.
3. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la República que investiguen con celeridad y eficacia las conductas relacionadas por los familiares y allegados de los procesados, estableciendo la posible responsabilidad penal o disciplinaria de agentes del Estado que habrían incurrido en actos de intimidación o amenaza, abuso de poder o extralimitación de funciones.
4. A la Comunidad Internacional y a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, que hagan veeduría sobre el proceso judicial.

Abogados y abogadas defensoras.

Comunicado en PDF: comunicado defensores2