Desplazados en Teorama, en riesgo de desalojo
El lote público ubicado en la avenida Belén en la vereda El Juncal, al parecer de propiedad del municipio de Teorama, fue ocupado pacíficamente desde el pasado 10 de junio por aproximadamente 10 familias provenientes de la vereda El Limón, de este mismo municipio, víctimas del desplazamiento forzado, quienes llegaron solicitando ayuda humanitaria, orientación y protección a las autoridades.
Igualmente, en ese mismo lote se albergan otras 60 familias entre las que se encuentran víctimas de la masacre de la Gabarra, Norte de Santander, quienes no han recibido respuesta efectiva a su sufrimiento pese a casi una década de la mencionada tragedia.
Ante la carencia de un plan de atención municipal al desplazado, estas familias ocuparon pacíficamente el lote de propiedad del municipio e iniciaron acercamientos con las autoridades municipales, no obstante no han dado resultados.
Entre el 15 y el 18 de junio se adelantaron reuniones en las que participaron representantes de los desplazados que ocupan el predio, el alcalde de Teorama, Luis Cediel Madariaga, el personero de Teorama, Elitu Camargo y el delegado de la Defensoría del Pueblo de Ocaña.
En estas reuniones el Alcalde expresó que diligenciaría todo el procedimiento necesario para gestionar un proyecto de viviendas de interés social que beneficiaría a las 40 familias más necesitadas que actualmente viven en el lote. Sin embargo, al día siguiente negó dicha afirmación y aseguró que no iba a adelantar ninguno proyecto hasta que el Concejo Municipal no autorice los recursos.
Por otro lado, el Alcalde a través de la emisora Radio Catatumbo de Ocaña, calificó de manera despectiva a las víctimas del desplazamiento como personas de falsas necesidades «opositoras del gobierno».
Ante esta situación, Humanidad Vigente hace un llamado a los organismos de control, especialmente a la Procuraduría General de la Nación, al Gobierno Nacional, a la comunidad internacional y a la sociedad civil para que se solidaricen e intervengan prontamente, pues las autoridades municipales pretenden darle tratamiento de orden público a una situación eminentemente de reconocimiento y exigencia de derechos.
Humanidad Vigente resalta que en este caso ni el Gobierno Municipal, ni el Comité Municipal de Desplazados han tomado cartas en el asunto para propiciar las soluciones a la comunidad desplazada por la violencia y por el contrario pretenden un uso arbitrario y exagerado de la fuerza pública desconociendo las garantías del debido proceso a las familias que se han visto obligadas a ocupar pacifica y temporalmente el lote del municipio.
Humanidad Vigente solicita se le prevenga al Alcalde municipal de Teorama, Norte de Santander, que la utilización de la fuerza pública y concretamente el ESMAD de la Policía Nacional constituye una violación a los derechos fundamentales de la población desplazada que se encuentra pacifica y temporalmente haciendo ocupación de hecho de un lote del municipio, en caso de que persista en la idea de utilizar dicha fuerza, ello de acuerdo con el pronunciamiento que hiciera nuestra Corte Constitucional en la Sentencia T-068/10, Referencia: expediente T-2.249.911*
Así mismo, es importante que el Gobierno Municipal inicie de inmediato las medidas necesarias para otorgar la asistencia de emergencia a las familias en situación de desplazamiento que actualmente se encuentran en posesión del lote de terreno, consistente en atención de salud, comida, vestuario y las demás que se requieran atender.
Igualmente, el Alcalde municipal de Teorama, debe iniciar las acciones tendientes a lograr la estabilización socioeconómica de las víctimas bien sea en el proceso de retorno o en el marco de un reasentamiento voluntario de las víctimas.
«Las familias desplazadas tienen derecho a la protección oportuna efectiva, una vivienda digna, derecho que para ellos se ha tornado fundamental por tratarse de personas desplazadas, y, además, por su íntima vinculación con otros derechos fundamentales como la protección especial debida a los niños, especialmente si son menores de un año, a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia, a la salud y a la seguridad social, a la educación y al mínimo vital.»**
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*Acción de Tutela instaurada por Nidia Rosario Chaguendo Palechor contra la Alcaldía Municipal de Fusagasugá, Magistrado Ponente: Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil diez (2010)).
**Ibídem.