Víctimas llaman a que nueva presidencia de la JEP defienda la independencia judicial, proteja sus derechos y rechace intentos de debilitar la Jurisdicción
Bogotá, 15 de octubre de 2026. El próximo 20 de octubre la Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elegirá a quien presidirá la entidad durante los próximos dos años, en reemplazo del magistrado Alejandro Ramelli. Esta decisión es determinante para el futuro de la justicia transicional en Colombia, en un contexto de presiones políticas, amenazas presupuestales e iniciativas de reforma que ponen en riesgo la independencia y la capacidad de actuación de la Jurisdicción.
Las víctimas y sus representantes respetuosamente solicitamos a las magistradas y los magistrados de la Sala Plena que, al elegir a quien presidirá la JEP, pongan en el centro los derechos de las víctimas y la responsabilidad histórica de la Jurisdicción.
Para las víctimas y sus representantes ante la JEP, la nueva presidencia debe cumplir unos mínimos irrenunciables: defender sin ambigüedades la independencia judicial, rechazar cualquier intento de subordinación política o interferencia en las decisiones de la Jurisdicción, proteger los recursos y las capacidades institucionales necesarios para cumplir su mandato y garantizar que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición estén por encima de cualquier cálculo político. La JEP debe responder a las víctimas y a su mandato de justicia, no a presiones políticas.
La elección se produce en medio de un escenario de especial preocupación: para 2027 la JEP solicitó $947.642 millones para su funcionamiento, pero el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno le asignó $821.803 millones. A este recorte se suma una proposición del senador Enrique Gómez para reducir otros $100.000 millones, respaldada por el Gobierno. Si esta propuesta prospera, la Jurisdicción dispondría de $721.803 millones, cerca de un 24% menos de los recursos solicitados. Una reducción de esta magnitud comprometería su capacidad para cumplir las responsabilidades de investigación, juzgamiento y sanción que le fueron encomendadas.
A la presión presupuestal se suma una iniciativa del Centro Democrático que busca trasladar al Tribunal Superior Militar y Policial la revisión automática de las sentencias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública, con facultades para confirmarlas, modificarlas o revocarlas. Esta propuesta pone en riesgo la autonomía de la justicia transicional y reabre la posibilidad de que decisiones sobre graves violaciones de derechos humanos, incluidos los mal llamados ‘falsos positivos’, es decir, las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes para presentarlos ilegítimamente como ‘bajas en combate’ del Ejército, queden sujetas a la intervención de la jurisdicción penal militar.
En este contexto, la elección de la nueva presidencia no puede reducirse a una decisión administrativa ni a un relevo institucional. Está en juego la posición que asumirá la JEP frente a las presiones externas: una presidencia dispuesta a hacer concesiones al gobierno y al Congreso para intentar preservar la Jurisdicción o una que defienda con firmeza su independencia judicial, denuncie los intentos de interferencia y exija el respeto de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano con las víctimas y la comunidad internacional.
Si finalmente se impone la primera de las posturas planteadas, la JEP incurriría tanto en un error de cálculo como en un acto que defraudaría la confianza de las víctimas y de la comunidad internacional que la ha apoyado durante estos meses de ataques provenientes del gobierno. Por un lado, acabar o modificar la JEP exige una reforma constitucional que debe tramitarse en dos períodos ordinarios y consecutivos del Congreso, con aprobación por mayoría absoluta en el segundo y que, además, tendría que pasar por el control de la Corte Constitucional. El Gobierno lo sabe y, por eso, la estrategia que se observa apunta a debilitarla desde afuera, quitándole recursos y a condicionarla desde adentro, buscando la subordinación del próximo presidente de la jurisdicción. Una presidencia que llegue dispuesta a cederle al nuevo gobierno le está diciendo que su independencia admite negociación.
En suma, ceder ante las presiones no garantiza la supervivencia de la JEP; puede, por el contrario, debilitarla desde adentro. Las reformas que buscan modificar su estructura deben superar un trámite constitucional exigente y el control de la Corte Constitucional. Mientras tanto, reducir sus recursos y condicionar políticamente su dirección puede erosionar su capacidad institucional y su legitimidad. Una presidencia que acepte que la independencia judicial es negociable pondría en riesgo la confianza que las víctimas han depositado en la Jurisdicción.
Ese mensaje tendría costos para la JEP mucho más altos que los que enfrenta hoy. Un tribunal de justicia transicional vive de la confianza de las víctimas y de su credibilidad ante la comunidad internacional. Cuando en 2021 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró su examen preliminar sobre Colombia, lo hizo bajo la premisa de que la justicia nacional, y en especial la JEP, investigaría y sancionaría a los máximos responsables. Mantener intacta esa promesa requiere de la JEP una posición sólida y consistente de rechazo a cualquier forma de interferencia política sobre su funcionamiento y sus decisiones.
Por lo anterior, nos permitimos solicitar respetuosamente a la Sala Plena que, al elegir a quien presidirá la jurisdicción, tenga presentes estas consideraciones y privilegie una presidencia que defienda sin ambigüedades la independencia de la JEP y los derechos de las víctimas.