Rechazamos los ataques contra organizaciones sociales y exigimos garantías para su labor
Rechazamos los ataques perpetrados contra organizaciones sociales, las que han sido víctimas de robo de información y equipos, ataques cibernéticos y suplantación de identidad en medios digitales. Estos hechos constituyen una grave violación de la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, las víctimas y los procesos organizativos, además impedir el ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos. El robo de información a organizaciones sociales no es un hecho aislado, sino una práctica que busca intimidar, silenciar y obstaculizar el trabajo de quienes defienden derechos en el país.
El pasado 12 de mayo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos -CPDH- fue víctima de un acceso ilícito a su correo institucional pdhcomitepermanente@gmail.com, a través del cual se envió de manera masiva un correo fraudulento que simulaba una comunicación judicial relacionada con un supuesto traslado de procesos penales a un juzgado de otra ciudad[1].
A estos ataques violentos, se suma el robo ocurrido el 11 de mayo en Casa de la Mujer, donde personas desconocidas ingresaron por la fuerza y hurtaron equipos institucionales como (computadores y celulares)[2]. Además, habrían revisado archivos físicos que contienen información sensible sobre el acompañamiento que realiza la organización a mujeres y comunidades. Este incidente es un patrón repetitivo, ya que, en la sede de la organización, en el mes de febrero del presente año, se había cometido un hurto con las mismas características.
Estos ataques representan una agresión directa contra las organizaciones sociales, y las personas que promueven, acompañan y defienden los derechos humanos, además de poner en riesgo la continuidad de su labor.
Reiteramos nuestra solidaridad y profundo abrazo a las personas y organizaciones que han sido víctimas de estos ataques. Nos sumamos al llamado urgente para exigir a la Fiscalía General de la Nación que investigue prioritariamente estos hechos, establecer las responsabilidades y recuperar la información y equipos hurtados. Además, solicitamos a las autoridades competentes en materia de seguridad digital y delitos informáticos que brinden garantías efectivas para la seguridad de las organizaciones sociales, las personas defensoras de derechos humanos, y las víctimas que reciben acompañamiento en estos procesos.
El derecho a defender derechos debe ser plenamente garantizado por el Estado colombiano y sus autoridades deben tomar las medidas necesarias para evitar que hechos como los ocurridos contra La Casa de la Mujer y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos no se vuelvan a repetir.