Pedimos a la JEP adoptar medidas urgentes frente a la negativa del Gr (r) Mario Montoya de aportar verdad en la justicia transicional

Foto: Cspp

Las víctimas y organizaciones de derechos humanos integrantes de la #CampañaPorLaVerdad que suscribimos este comunicado consideramos esta primer diligencia como una burla y un desgaste del mecanismo de justicia transicional, que tiene la tarea de investigar los más graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado.

El primer día de la versión voluntaria del General (r) Mario Montoya ha sido una burla para la justicia transicional, las víctimas y los defensores de derechos humanos.

El general en retiro Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre del 2008, empezó a rendir versión voluntaria el 12 de febrero dentro del trámite previsto por la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-. Fue convocado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y Conductas, a rendir dicha versión en el marco del caso 003 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” durante los días 12, 13 y 14 de febrero de 2020. Han pasado casi cuatro años desde que la Fiscalía anunciara que le imputaría cargos por al menos 10 casos de los mal llamados “falsos positivos”, y año y medio desde que este general se acogiera a la JEP y firmara un compromiso de aporte a la verdad.

Las víctimas y organizaciones de derechos humanos integrantes de la #CampañaPorLaVerdad que suscribimos este comunicado consideramos esta primer diligencia como una burla y un desgaste del mecanismo de justicia transicional, que tiene la tarea de investigar los más graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado. Esto contrasta con las enormes expectativas de las víctimas de satisfacer su derecho a la verdad frente a la oportunidad que le brinda al compareciente el acogerse a la JEP, en la cual tiene el deber de decir la verdad sobre las más de 2.429 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país entre los 2006 y 2008, periodo en el que se desempeñó como Comandante del Ejército Nacional; así como de aquellos otros hechos de la misma naturaleza denunciados cuando estuvo al frente de la Cuarta Brigada, la Primera División y el Comando Conjunto Caribe del Ejército Nacional.

Durante el primer día de audiencia el General (r) Mario Montoya, ha decidido acogerse a su derecho a guardar silencio, eludiendo la obligación que exige el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición de aportar verdad plena sobre los hechos por los que se encuentra investigado relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. Esta verdad debe ser plena, completa y exhaustiva, como lo exige la normatividad nacional y los estándares internacionales que reconocen los derechos de las víctimas, aún en procesos de justicia transicional.

El derecho a guardar silencio es contrario al compromiso de aportar a la verdad, según lo previsto en el párrafo 13 del punto 5.1.2 del Acuerdo de Paz, que dispone que “Para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de Justicia del SIVJRNR es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”.

El mecanismo contemplado en la JEP, al que el General Mario Montoya Uribe se acogió, exige que para beneficiarse con rebajas de penas se deben satisfacer los derechos de las víctimas y colaborar efectivamente con el esclarecimiento de graves violaciones de los derechos humanos.

Existen al menos 18 versiones voluntarias rendidas hasta hoy por quienes fueron ejecutores materiales y otros altos mandos del Ejército sometidos a la JEP que han señalado a Mario Montoya Uribe como quien instigó al personal militar para cometer este tipo de delitos, a través de expresiones que, inequívocamente, los llevaron a cometer asesinatos de manera masiva y sistemática. En las versiones se han escuchado frases como “Necesitamos resultados, litros de sangre”, “La guerra en Colombia se mide en litros de sangre”, y “las bajas no es lo más importante, es lo único”, expresadas de manera repetida a través de las comunicaciones del Ejército en hechos ya documentados ante la JEP, que también han sido de público conocimiento.

Las 209 versiones voluntarias rendidas hasta hoy en el caso 003 han permitido identificar la existencia de patrones como la alianza con paramilitares para cometer los crímenes, la utilización de informantes, la construcción de una narrativa común para negar los hechos, el uso, en varias unidades militares del llamado “kit” de legalización (usado para dar apariencia de combate a las ejecuciones extrajudiciales y así uniformar y armar a las víctimas asesinadas), la alteración de órdenes de batallas y otros documentos oficiales, así como irregularidades en pagos de recompensas, además de las acciones para encubrir dichas prácticas criminales.

Todos estos patrones demuestran que se trató de una práctica planificada y generalizada que se presentó en casi la totalidad de departamentos del país y de la cual no pudo estar ajena al máximo comandante del ejército nacional, así como tampoco las instancias militares superiores y el gobierno nacional.

Por eso para las víctimas y sus representantes no tiene ningún sentido que el General (r) Montoya Uribe se acoja a un mecanismo de justicia transicional sin ningún ánimo de contribuir a la verdad, que es máximo pilar del SIVJRNR para esclarecer y juzgar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos en el contexto del conflicto armado.

Por todo lo anterior, solicitamos a la Jurisdicción Especial para la Paz que tome decisiones frente a la estrategia de dilación y a la negativa de hacer aportes reales a la verdad por parte del Gr. (r) Montoya Uribe, teniendo en cuenta que este es el requisito de acceso a la JEP y de cumplimiento del régimen de condicionalidad impuesto cuando se sometió voluntariamente. Es decir, la JEP debe analizar el cumplimiento de los requisitos de permanencia en el mecanismo, y avanzar hacia la investigación, acusación y juzgamiento de este compareciente, e incluso valorando su posible exclusión de la JEP.

Adicionalmente, solicitamos a la JEP que realice un análisis integral de los hechos documentados que comprometen al Gr (r) MArio Montoya, no solo sobre los perpetrados durante el periodo en que actuó como comandante del Ejército, sino todos aquellos ocurridos bajo su mando en el Comando Conjunto #1 Caribe entre abril de 2005 y febrero de 2006, la Primera División entre diciembre de 2003 y abril de 2005, la IV Brigada entre enero de 2002 a diciembre de 2003; así como los hechos atribuidos al Batallón de inteligencia y contrainteligencia Charry Solano, entre 1978 y 1981.

Finalmente, exigimos a la Fiscalía General de la Nación continuar con las investigaciones que adelantan varias Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, en relación con los casos de ejecuciones extrajudiciales, así como por otros hechos como las desapariciones forzadas ocurridas en la Comuna 13 de la Ciudad de Medellín, en el desarrollo y posterior consolidación de la Operación Orión, los nexos con grupos paramilitares, entre otros, contribuyendo a garantizar efectivamente el esclarecimiento de la verdad histórica, el acceso a la justicia y la determinación de la responsabilidad de todos aquellos que participaron por acción u omisión y que han permitido la ocurrencia de innumerables crímenes de lesa humanidad por parte de integrantes de las Fuerzas Militares.

Las víctimas han pasado décadas de incertidumbre y sufrimiento por sus seres queridos, y merecen ser reparadas integralmente. El primer paso para la reconciliación y la no repetición es la verdad.

Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de Conciencia – Acooc
Asociación Minga
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda – COFB
Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Cspp
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
Corporación Jurídica Libertad – CJL
Corporación Jurídica Yira Castro
Grupo de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Antioquia Tejiendo Memorias.
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Madres de Falsos Positivos de Bogotá y Soacha
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice