Incompatibilidad de los PDET con las ZIDRES
Foto tomada de dinero.com
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, son primordiales para llevar a cabo la transformación estructural del campo, estipulados en el punto 1 del Acuerdo Final alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC –EP sobre Reforma Rural Integral. En teoría, dicha reforma busca asegurar el bienestar y el buen vivir de las comunidades rurales, el desarrollo de la economía campesina y familiar mediante el acceso a la tierra, a bienes y servicios productivos, en el que las organizaciones de base no organizadas y organizadas trabajen en conjunto para reducir las desigualdades históricas existentes en el campo colombiano. A través del decreto 893 de 2017, se busca la participación activa de la ciudadanía y de esta manera asegurar una efectiva formulación de las políticas sociales construidas desde las comunidades, teniendo en cuenta sus contextos y conceptos que permitan una real articulación con las diferentes instituciones responsables de garantizar el buen suceso de los PDET.
Con todo, en el año 2016 se expidió la ley 1776 “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES”, con la que se permite que grandes empresas nacionales y extranjeras pueden acceder sin limitación a la Unidad Agrícola Familiar, UAF, a baldíos de la Nación para su explotación económica a través de megaproyectos agroindustriales, profundizando uno de los principales problemas del país, relacionado con la falta de acceso a la tierra por parte de los campesinos y comunidades étnicas, y su correlativo acaparamiento y concentración de la propiedad, aspecto en el que Colombia es uno de los países más inequitativos del planeta. La ley ZIDRES evadió los mandatos constitucionales de la función social de la propiedad y la obligación de su redistribución del artículo 54 superior a favor de los campesinos sin tierra, planteando no la adjudicación de la propiedad a las empresas, sino la concesión del uso para la explotación económica del predio.
En la práctica, las ZIDRES promueven un campo sin campesinos y de pequeños propietarios maniatados y sujetos a las determinaciones que sobre la tierra hagan los titulares de los proyectos agroindustriales. La política afecta directamente a quienes no están en capacidad de responder a las exigencias que realiza el Gobierno Nacional y las grandes empresas para acceder a los beneficios de la ley. El artículo 1 de la ley arriba referida, determina que “los proyectos de las ZIDRES deben estar adecuados y corresponder a la internacionalización de la economía, sobre bases de alta competitividad, equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”, por lo que serán las empresas privadas con músculo financiero las que tendrán la mayor capacidad de acceder a estos proyectos.
En el 2015, el Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE, “informó que de los 2,7 millones de productores censados, el 84% no ha recibido asistencia técnica, no tiene maquinaria agrícola, no cuenta con sistemas de riego y no poseen una infraestructura para almacenamiento de su cosecha”. Teniendo en cuenta estas cifras, la participación del campesinado en este proyecto va a ser precaria, como mano de obra barata o trabajador dependiente del empresario, agudizando la desigualdad del país y erigiendo un sólido obstáculo al cumplimiento de lo pactado en la Habana, en donde se propugna por una paz estable y duradera. En vez de fortalecer la economía campesina, con el desarrollo integral del campo y garantías efectivas para los derechos de los campesinos, se insiste en la concentración de la tierra que ha sido precisamente una de las causas estructurales del conflicto.
Ya se conocen cuáles van a ser las 1.630 veredas de 167 municipios en las que se empezarán a desarrollar los PDET, que tendrían una vigencia de 10 años y los niveles de participación (veredal, municipal y subregional) en los que se implementarán los planes nacionales para la Reforma Rural Integral. Aunque ya se dio inicio con las pre-asambleas para la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, todavía no existe una ruta metodológica clara que permita informar a las comunidades y garantizar su participación en la construcción e implementación de estos PDET.
Así las cosas, el gran interrogante es cómo se van a articular los PDET y las ZIDRES, entendiendo que los dos instrumentos están pensados para los mismos territorios, esto es, regiones de incidencia del conflicto armado, altos índices de pobreza y reducida presencia estatal. Además, estas dos políticas deberán armonizarse con los Planes de Ordenamiento Territorial y tener en cuenta a las comunidades para la ejecución de cada uno de los proyectos, respetando el principio de participación en la formulación de políticas públicas, tal como quedó plasmado en el Acuerdo Final para el caso de los PDET. Esta será una labor compleja, dado que tanto las ZIDRES como los PDET persiguen propósitos y objetivos distintos. Las primeras, se orientan a favorecer a toda costa la inversión de capital extranjero y lograr economías competitivas en el mercado internacional, mientras los segundos prevén inversión pública encaminada a reactivar economías locales, mejorar las condiciones de vida de la población rural y dinamizar el mercado interno.
Lo cierto por ahora es que para el Gobierno Nacional la ejecución e implementación de la ley ZIDRES es una prioridad real, mientras que los PDET podrían terminar convertidos en un ejercicio inane de participación si no se asignan los recursos suficientes para su implementación. Lo que se observa con suma preocupación es que el presupuesto del ministerio de agricultura para el año 2018 experimenta una sensible diminución respecto al del 2017, el que de por sí ya era precario.
Será labor de alquimistas, magos y prestidigitadores, hacer compatibles sobre un mismo territorio, dos políticas públicas que en esencia son totalmente contrarias y sobre el que además se implementa el modelo extractivo. Paradójicamente, no hay que ser adivino para saber cuál de ellas se implementará y cual entrará en desuso. Los campesinos sin tierra saben bien que después de casi 300 años de vida republicana, no sólo no han podido acceder a la propiedad de su tierra, sino que la siguen perdiendo.
http://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/paz-para-transformacion-del-campo-planes-de-desarrollo-con-enfoque
https://www.elespectador.com/opinion/el-malestar-de-los-agricultores-columna-713412