Informe mundial 2016 Human Rights Watch / Colombia
La población civil de Colombia sigue expuesta a graves abusos cometidos por guerrillas y grupos sucesores de paramilitares. Estos últimos surgieron luego de un proceso oficial de desmovilización paramilitar llevado a cabo hace una década. La violencia asociada con el conflicto armado interno en Colombia ha provocado el desplazamiento forzado de más de 6,8 millones de colombianos, la segunda población de desplazados internos más numerosa del mundo, después de Siria. Es habitual que defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y otros activistas comunitarios enfrenten amenazas de muerte y otros actos de violencia. En general los responsables no rinden cuentas ante la justicia por esos actos.
El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) participan en conversaciones de paz en Cuba desde 2012, y a la fecha de preparación de este informe habían llegado a un acuerdo sobre cuatro de los seis temas de la agenda de negociación. En junio, el gobierno y las FARC acordaron crear una «Comisión de la Verdad» para llevar a cabo investigaciones extrajudiciales sobre graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto.
En septiembre, el gobierno y las FARC anunciaron un acuerdo para la creación de un nuevo Tribunal para la Paz que juzgaría a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado. El acuerdo prevé que los responsables de crímenes de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial y confiesen sus delitos recibirían una pena de entre cinco y ocho años de «restricción efectiva de la libertad», pero no cumplirían penas de prisión.
A la fecha del presente continuaban las conversaciones exploratorias entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más numerosa de Colombia.
Abusos de las guerrillas
Persisten los ataques de las FARC contra civiles, si bien hay evidencias creíbles que sugieren que los abusos habrían disminuido durante dos períodos de cese unilateral de hostilidades acordados con el gobierno desde fines de 2014. Información creíble indica que las FARC siguieron cometiendo graves abusos contra civiles en el municipio de Tumaco durante 2015, incluidos asesinatos, desplazamientos forzados y amenazas. En junio, un atentado a un oleoducto en Tumaco provocó que casi 200.000 personas tuvieran acceso limitado a agua durante varios días, y habría generado problemas duraderos de salud, según algunas denuncias.
El ELN también sigue cometiendo graves abusos contra civiles. Por ejemplo, en el Departamento de Chocó, el ELN ha sido responsable de secuestros, asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. En marzo, las guerrillas del ELN liberaron a un alcalde de ese departamento que había sido secuestrado en diciembre de 2014.
Las FARC y el ELN continuaron usando minas antipersonales en 2015. El gobierno informó que 17 personas murieron y otras 113 resultaron heridas entre enero y julio de 2015 a causa de minas terrestres y municiones sin detonar. En mayo, luego de un acuerdo en Cuba, miembros de las FARC y el Ejército comenzaron la desactivación de minas en El Orejón, en Antioquia.
Los paramilitares y sus sucesores
Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves falencias, y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos.
Los grupos sucesores, que con frecuencia son liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y actos de violencia sexual.
En Buenaventura, una localidad portuaria en la costa del Pacífico donde la población es mayoritariamente afrocolombiana, grupos sucesores de paramilitares continuaron cometiendo atrocidades durante 2015, incluido el desmembramiento de víctimas, a pesar de una «intervención especial» anunciada por el gobierno en mayo de 2014 para desarticular a estos grupos. El municipio presenta uno de los índices más elevados de desplazamientos forzados de Colombia: 22.383 residentes debieron abandonar sus hogares en 2014, y 1.385 entre enero y septiembre de 2015.
Los grupos sucesores también han participado en gravísimos abusos en Medellín. En octubre, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que 24 personas habían sido desmembradas en esa ciudad en 2015, presuntamente por grupos sucesores.
En ocasiones, los grupos sucesores de paramilitares se han beneficiado de la tolerancia e incluso la connivencia de agentes estatales.
La implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005, que ofrece una drástica reducción de penas a los paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes, ha avanzado lentamente. Hasta agosto de 2015, apenas 115 de los más de 30.000 paramilitares desmovilizados oficialmente habían sido condenados aplicando esta ley, y más de 1.000 continuaban en prisión preventiva. Las condenas alcanzan tan sólo a una pequeña proporción de los casi 70.000 delitos confesados por los más de 4.000 presuntos criminales que han solicitado los beneficios de la ley.
En noviembre de 2014, la Fiscalía General de la Nación consiguió la primera condena en un caso que había priorizado dos años antes. Doce líderes de un grupo paramilitar responsables de cientos de crímenes perpetrados entre 1994 y 2004, incluidos homicidios, desapariciones forzadas y violaciones sexuales, fueron condenados a ocho años de prisión.
Continuaron durante 2015 las investigaciones de la «parapolítica», que indagan sobre presuntos nexos de miembros y ex miembros del Congreso con paramilitares. Hasta agosto, 63 legisladores habían sido condenados por delitos vinculados con la «parapolítica» desde 2006.
Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública
Entre 2002 y 2008, miembros de brigadas del Ejército ejecutaron de forma habitual a civiles a lo largo del país. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que mostraran resultados «positivos» e incrementaran el número de bajas en el combate a las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas —como ofertas de empleo—, para luego asesinarlas, colocar armas junto los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. El número de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente a partir de 2009, si bien sigue habiendo información creíble sobre algunos casos nuevos de ejecuciones extrajudiciales.
El gobierno no mantiene estadísticas de «falsos positivos» como una categoría de delitos distinta de otros tipos de ejecuciones extrajudiciales. No obstante, a mayo de 2015, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación se encontraba investigando más de 3.700 casos de ejecuciones ilegales supuestamente perpetradas por agentes del Estado entre 2002 y 2008, y había obtenido condenas en más de 800 de esos casos. Las autoridades no han juzgado a altos mandos del Ejército involucrados en los asesinatos, y en cambio han concedido ascensos a muchos de ellos.
En junio y octubre, la Fiscalía General de la Nación citó a un total de nueve generales, entre ellos el ex comandante del Ejército Mario Montoya, a declarar sobre su presunta participación en casos de falsos positivos. A la fecha del presente, ninguno había sido acusado formalmente.
En julio, el gobierno reemplazó al Comandante del Ejército General Lasprilla Villamizar, quien estuvo al frente de una brigada presuntamente responsable de 48 ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, a la fecha del presente, el General Rodríguez Barragán seguía siendo Comandante General de las Fuerzas Militares, a pesar de las fuertes evidencias que lo vinculan con casos de falsos positivos.
Negociaciones de paz y derecho a la justicia
En septiembre de 2015, el gobierno y las FARC anunciaron la creación de un nuevo Tribunal para la Paz que juzgaría a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
El acuerdo prevé que las personas responsables de crímenes de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial y confiesen sus delitos recibirían una pena de entre cinco y ocho años en «condiciones especiales» que supondrían la «restricción efectiva de la libertad», pero no penas de prisión. Si bien los detalles del acuerdo no se habían definido al momento de la redacción de este informe, estas «condiciones especiales» podrían consistir en penas que no sean proporcionales a la gravedad de los delitos, conforme exige el derecho internacional.
El acuerdo también beneficaría a otras partes del conflicto armado, incluyendo, probablemente, a los miembros de la fuerza pública responsables de casos de falsos positivos. El gobierno anunció que los miembros de la fuerza pública podrían participar en el proceso bajo términos «diferenciado[s]» pero «equitativo[s]» respecto de las condiciones aplicables a la guerrilla.
En abril, el gobierno desistió de un proyecto legislativo que pretendía ampliar la jurisdicción militar, lo cual podría haber frustrado las investigaciones sobre casos de falsos positivos.
Desplazamiento interno y restitución de tierras
Según estadísticas gubernamentales, más de 6,8 millones de colombianos han sido desplazados internamente desde 1985. El gobierno registró más de 180.000 nuevas personas desplazadas en 2014, y más de 37.000 entre enero y octubre de 2015.
La implementación por el gobierno de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas continúa avanzando lentamente. La ley se promulgó en 2011 para restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y robadas por grupos armados y civiles a colombianos que fueron desplazados internamente. Si bien en ese momento el gobierno calculó que más de 150.000 casos de restitución de tierras se resolverían antes de fines de 2015, hasta noviembre el gobierno había obtenido sentencias en apenas 2.983 de los casi 85.000 reclamos recibidos.
Decenas de personas que reclamaron la restitución de sus tierras han sido asesinadas, y en la mayoría de los casos nadie ha rendido cuentas por esos crímenes.
Violencia de género
La violencia de género es un problema generalizado en Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos de tratamiento generan obstáculos para las mujeres y niñas que buscan atención luego de hechos de violencia, y esto puede impedir el acceso oportuno a servicios médicos esenciales. Los responsables de delitos de violencia de género pocas veces son llevados ante la justicia.
En 2014, el gobierno promulgó una ley para mejorar el acceso a la justicia y la protección de víctimas de violencia sexual. A la fecha del presente, varias organizaciones no gubernamentales habían impugnado ante la Corte Constitucional una disposición de la ley que permite que sea optativo para los proveedores de salud aplicar los protocolos para casos de violaciones sexuales.
En julio de 2015, el gobierno promulgó una ley que tipifica el «feminicidio» —definido como el homicidio de una mujer debido a su condición de género— y estableció medidas amplias para prevenir y juzgar la violencia de género, como la creación de una unidad especial en la Fiscalía General de la Nación y el reconocimiento del derecho de las víctimas a recibir asistencia legal gratuita y especializada.
Defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas
Persisten las amenazas y los ataques a defensores de derechos humanos y periodistas. A pesar de la vigencia de un programa del Ministerio del Interior que asigna escoltas para proteger a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, organizaciones locales informan que decenas de defensores de derechos y activistas comunitarios fueron asesinados en 2015.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una respetada ONG colombiana que realiza un seguimiento de la situación de la libertad de prensa, informó que dos periodistas fueron asesinados y 60 recibieron amenazas entre enero y octubre de 2015. Hasta agosto, no había imputados por la agresión armada ocurrida en 2013 en contra del periodista de investigación Ricardo Calderón.
En febrero, el gobierno informó que habían ocurrido 121 asesinatos de sindicalistas desde 2011, y la Fiscalía General de la Nación había logrado condenas en apenas seis casos. La Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal ONG colombiana dedicada a la promoción de los derechos laborales, reportó 17 nuevos asesinatos entre enero y agosto de 2015.
La Procuraduría General de la Nación continuó su investigación disciplinaria contra el Senador Iván Cepeda, un reconocido defensor de víctimas, por haber recabado información sobre posibles abusos paramilitares. La investigación, vinculada con las entrevistas efectuadas por el Senador Cepeda a ex paramilitares con respecto a los presuntos vínculos del ex Presidente Uribe con paramilitares, parece carecer de sustento y podría tener un efecto amedrentador para otras personas que exigen justicia por violaciones de derechos humanos.
Orientación sexual e identidad de género
En 2011, la Corte Constitucional determinó que si para junio de 2013 el Congreso no había promulgado una ley que reconociera las uniones entre personas del mismo sexo, estas parejas podrían acudir a notarios y jueces para proceder a «formalizar y solemnizar» su vínculo. Ante la inacción del Congreso y la falta de claridad sobre el estatus legal de estas uniones, la Corte celebró una audiencia de seguimiento en julio de 2015 para analizar si las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio conforme al derecho colombiano. Al momento de preparación de este informe, la Corte no había dictado su sentencia.
En noviembre, la Corte Constitucional dispuso que no podían invocarse motivos de orientación sexual para negar a una persona la posibilidad de adoptar niños.
Actores internacionales clave
Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 2015, aportó cerca de USD 280 millones, mayormente destinados a asistencia militar y policial. Una parte de la ayuda militar de Estados Unidos está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos, cuyo incumplimiento no ha sido señalado por el Departamento de Estado de ese país. En septiembre, el Departamento certificó una vez más que Colombia cumplía con los requisitos.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continúa realizando un seguimiento de las investigaciones en Colombia de delitos que estarían comprendidos dentro de la competencia de la CPI. En noviembre de 2015, la Fiscalía de la CPI informó que «analizaría atentamente las disposiciones del acuerdo [con las FARC], sobre todo con respecto a las restricciones a la libertad en condiciones especiales y la inclusión de agentes estatales», y expresó su preocupación ante los escasos avances en la persecución penal de delitos sexuales y de género en el sistema de justicia ordinaria.
En noviembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por desapariciones forzadas cometidas por soldados luego de la recaptura del Palacio de Justicia en 1985.
En marzo de 2015, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU manifestó su preocupación ante la persistencia del reclutamiento de menores por grupos armados no estatales y grupos sucesores de paramilitares. En mayo, el Comité contra la Tortura de la ONU instó a Colombia a asegurar que los militares acusados de violaciones de derechos humanos no fueran juzgados por la justicia militar.
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