Detenidos campesinos y posteriormente presentados como guerrilleros

 La Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, organización defensora de derechos humanos y que agrupa a los campesinos y campesinas residente en la región del Catatumbo, se permite hacer la presente denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, por los hechos sucedidos el pasado domingo 24 de noviembre del 2013 en la vereda Miramonte municipio de Tibú región del Catatumbo Norte de Santander.

Hechos

El pasado día 24 de Noviembre de 2013 alrededor de las 9:00am, efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI junto con aproximadamente cuarenta soldados del batallón Mecanizado General Maza, adelantaron un operativo en el que se vieron fueron detenidos varios campesinos de la vereda Miramontes, municipio de Tibú.

A través de la página web de la emisora del ejército colombiano, «Colombia Estereo», la fuerza de tarea vulcano informó hoy mismo, de la detención de tres (3) presuntos miembros de la insurgencia de las FARC-EP, precisamente detenidos en la vereda Miramontes de Tibú, acusados de atentar contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, a su paso por el Catatumbo. Señalamiento que además de ser falso, es irresponsable.

Colombia Estereo recoge en su web la siguiente información facilitada por la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, protagonizada por el batallón Mecanizado General Maza: «En la vereda Mira Montes del municipio de Tibú, Norte de Santander, tropas del Grupo de Caballería Mecanizada n°5 General Hermógenes Maza, adscritas a la Trigésima Brigada, capturaron en flagrancia tres terroristas pertenecientes a la Compañía Resistencia Catatumbo de las Farc, quienes presuntamente participaron en atentados contra el oleoducto Caño Limón Coveñas.A los capturados se les incautaron 650 gramos de pasta base de coca, 100 galones de guarapo de coca, 18 galones de gasolina, 12 kilogramos de hoja de coca picada y amoniaco, así mismo les fue hallado en su poder dos armas calibre 38 y dos motocicletas».

En su afán por presentar –falsos– resultados, el ejército nacional confunde y engaña a la opinión pública y continua con su campaña de falsos positivos judiciales, generando una pantalla infame contra el campesinado organizado. Además miente descaradamente al decir que estos campesinos pertenecen a ningún grupo armado ni delincuencial, información que carece de total fundamento.

La Asociación Campesina del Catatumbo ha tenido conocimiento de que a los campesinos se les imputó los delitos de conservación de plantaciones y porte de estupefacientes; hecho que deriva de la criminalización sobre los campesinos que lleva consigo la ley 30 de 1986; sin embargo la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano afirma que su detención se debe a una actividad armada contra la infraestructura petrolera, aunque no pierden la oportunidad de mezclar ambos delitos.

Dos de los campesinos detenidos responden a los nombres de Diofanel Guerrero Cabrera y Jose del Carmen Maldonado y Ángel Alberto Pérez Sanchez; los dos primeros, agricultores, miembros de base de la junta de acción comunal y participantes en el gran paro campesino del Catatumbo.

A los campesinos los detuvieron mientras realizaban sus actividades diarias. A uno de ellos lo obligaron a salir de la casa bajo amenaza de quemársela, con su mujer y su hija de un año dentro. La pequeña estuvo a punto de ser esposada por parte de agentes del CTI, para minarle la moral al compañero y para que no opusiera resistencia.

La Asociación Campesina del Catatumbo denuncia la irresponsabilidad y cinismo con la que el Ejército Nacional publicita sus propios «éxitos militares» en sus medios de comunicación amañanados, parciales y condescendientes con su accionar represivo, confundiendo, mezclando y vinculando el accionar militar de la insurgencia con un presunto delito de narcotráfico y, a la vez, presentando a civiles como actores armados.

La Asociación Campesina del Catatumbo considera una nueva retaliación contra nuestra base social esta nueva detención arbitraria e ilegal y considera una ofensa a la inteligencia el aparato mediático financiado por el propio estado colombiano y dirigido por los opositores a la Zona de Reserva Campesina y contra el progreso del campesinado del Catatumbo. El servicio de prensa del ejército debiera dejar de caer en titulares que no reflejan la realidad y que por el contrario pretenden criminalizar a la población civil que dicen proteger.

ASCAMCAT, de la misma manera, deja claro que no ve ningún indicio de garantías para el ejercicio de la actividad política que realiza en la región del Catatumbo mientras no cesen este tipo de hostigamientos y montajes contra nuestra organización.

Derechos Vulnerados

Con lo expuesto anteriormente se evidencia una vulneración clara frente a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política como a la igualdad de trato (artículo 13), a la libertad de información y la responsabilidad en la entrega de ésta (artículo 20), a la libertad (artículo 28), al principio de buena fe (artículo83).

Así mismo, la posible comisión de los tipos penales contenidos en el Código Penal Colombiano como el de hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política, u origen nacional, étnico o cultural (artículo 134), calumnia (artículo 221).

Antecedentes

1. La Asociación Campesina del Catatumbo en el año 2005, con el objeto de defender y promover los derechos humanos, el derecho a la tierra, la permanencia en el territorio e impulsar las Zonas de Reserva Campesinas. En esta fecha se constituyó la Asociación por medio del Acta Constitutiva registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá, como entidad sin ánimo de lucro, identificándose con las siglas de ASCAMCAT.

2. ASCAMCAT viene impulsando una reforma agraria integral y democrática, con el fin de resolver las necesidades de los campesinos: acceso a los créditos, asistencia técnica, restitución de las tierras despojadas o abandonadas, de acceso a la vivienda y en general la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y de medio ambiente. ASCAMCAT defiende y promueve los derechos humanos de los campesinos de las veredas y corregimientos de los municipios de Teorama, El Tarra, Tibú, San Calixto, El Carmen, Hacarí y, Sardinata y la Playa del departamento de Norte de Santander, en estas veredas han ocurrido varias masacres, violaciones a los derechos humanos y desalojos de tierras por parte de la fuerza pública y de los grupos armados al margen de la ley.

3. ASCAMCAT ha llevado a cabo de manera reiterada denuncias por violaciones de derechos humanos, al derecho internacional humanitario, por los desalojos y desplazamientos forzados de los campesinos de esa zona.

4. A partir de mediados de 2010 familias integrantes de ASCAMCAT y algunos de sus dirigentes fueron víctimas de hostigamientos y amenazas que los culminaban a abandonar sus viviendas, el cual se presume es por parte de los paramilitares, hechos que están en investigación.

5. El 15 de marzo de 2013 la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR presento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- una solicitud de medidas cautelares a favor de los miembros de la ASCAMCAT.

6. A raíz de las últimas movilizaciones de la sociedad civil perteneciente al Catatumbo en el legítimo ejercicio de la protesta social, miembros de la Asociación y demás campesinos han sido víctimas de la represión y excesos de la fuerza pública, que han dado como resultado varias personas lesionadas y el asesinato de cuatro (4) integrantes de la protesta social, a su vez, que algunos están atravesando montajes judiciales.

7. En los últimos meses se ha venido denunciando la presencia de grupos paramilitares en la región del Catatumbo y agresiones físicas y verbales por parte personas vestidas de militar y desconocidos.

8. También se puede evidenciar las persecuciones y hostigamientos a miembros de la Junta Directiva de ASCAMCAT, es el caso de Manuel Cuberos, agricultor, líder campesino y miembro de la directiva de la Asociación, quien en el 21 de mayo del 2013 en un periódico de amplia difusión fue publicado un organigrama de los cabecillas del Bloque Magdalena Medio de las FARC en el cual aparece la fotografía que Manuel Cuberos figurando como «A. ROLDAN CAB Comisión»; fotografía que el mismo entregó a funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- de la ciudad de Cúcuta, en el 2003 cuando realizó los trámites para el certificado de antecedentes judiciales. Caso puesto en conocimiento ante la Mesa Nacional de Garantías el pasado 8 de noviembre en Cúcuta, que hasta la fecha no se ha tenido respuesta por parte de la fuerza pública y policial.

9. El día jueves 14 de noviembre del 2013, fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por los hechos de persecución y hostigamiento por motivos político que sufrió la compañera miembro de la junta directiva Elizabeth Pabón, la cual fue perseguida por un sujeto desconocido, quién la comunidad identifica que es un miembro del ejército nacional, una vez finalizada una audiencia popular con los sectores sociales del casco urbano del municipio de Tibú para informar sobre los avances y acuerdos alcanzados en la mesa de negociación con el gobierno y ASCAMCAT. La misma labor que Juan Carlos Quintero estuvo haciendo en Teorama y San Calixto.

10. Los días 15 y 19 de noviembre, Juan Carlos Quintero Sierra, es defensor de derechos humanos y miembro de la junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT y vicepresidente de la misma, directivo de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVAS CAMPESINAS- ANZORC, fue retenido injustificadamente, junto con los miembros del esquema de seguridad, en varias oportunidades por parte de la fuerza pública.

11. Actualmente ASCAMCAT sostiene una mesa de negociaciones con el gobierno nacional y departamental con el fin que se dé solución al problema social de los cultivos ilícitos en la región y se opte por una estrategia de sustitución de cultivos y ayudas al campesinado en vez de utilizar la represión como forma de erradicar y criminalizar a quienes no encuentran otra salida para sobrevivir al abandono Estatal.

Exigimos

1. Que tanto el Ejército nacional como los medios de comunicación que transmitieron dicha información rectifiquen las noticias dadas por éstos.

2. A las autoridades judiciales que ofrezcan plenas garantías para el respeto de los derechos de los detenidos.

3. Que cese la pasividad del ejército nacional contra los grandes narcotraficantes que campan a sus anchas por la región, mientras aplican la ley 30 de 1986, a simples campesinos recolectores de hoja de coca, cultivo de uso ilícito. Y a su vez denunciamos el penoso papel del ente investigador que se presta para operaciones de dudosos fines en alineación con el poder militar.

4. Que cesen los ataques y señalamientos a los habitantes del Catatumbo.

5. Que por estos hechos y antecedentes, se hagan los llamados de atención necesarios y si es posible se investiguen las posibles faltas disciplinarias o penales.

6. Igualmente, instamos a la comunidad nacional e internacional, defensores de DDHH a que se pronuncien en favor de la defensa de los derechos civiles y políticos que tenemos todos los colombianos, que luchan por las reivindicaciones sociales de una región azotada por el conflicto armado y el abandono Estatal.

7. Que el gobierno nacional tome las medidas necesarias para que se garantice el respeto a la vida, la integridad y demás derechos humanos de quienes optan por la organización social en procura de la consecución de sus derechos, sin que esto sea causante de persecución.

Responsabilizamos

Al Estado colombiano por los más de 400 presos que permanecen en las cárceles bajo montajes judiciales usando la ley 30 de 1986, como también con falsas vinculaciones con grupos insurgentes. Al gobierno nacional, a las autoridades militares y fuerza pública, a los medios de comunicación, órganos de control y demás organismos Estatales encargados de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y en general el respeto por nuestros derechos políticos, por las posibles violaciones que por cualquier hecho, bien sea por acción o por omisión de éstas entidades, afecten la integridad de los miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo y la comunidad que ésta representa.