30 años del “Etnocidio de Los Pastos”, una memoria de resistencia que no se olvida
Hace 30 años comenzaron los hechos de violencia que dieron lugar al denominado “Etnocidio de Los Pastos: Masacre de Túquerres”, en la que, entre 1996 y 1999, fueron asesinados líderes y miembros de la comunidad indígena del pueblo de Los Pastos, en el municipio de Túquerres, Nariño. Las víctimas fueron perseguidas y asesinadas por su liderazgo comunitario, su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y su participación en los procesos de recuperación de tierras.
Los homicidios se enmarcaron en el conflicto entre los terratenientes y los dirigentes del pueblo indígena de Los Pastos, asentados en el municipio de Túquerres, Nariño, como consecuencia de la disputa por la recuperación de sus territorios ancestrales, que habían quedado concentrados en grandes latifundios de propiedad de unos pocos terratenientes. Ante esta situación, los dirigentes indígenas se organizaron para reivindicar sus derechos territoriales y exigir la recuperación de las tierras. Esta labor de defensa y reivindicación los convirtió, junto con otros integrantes de la comunidad, en blanco de amenazas, persecución judicial, encarcelamientos y asesinatos.
En el marco de estos hechos fue asesinado Luis Gerardo Estrada Yampuesan, gobernador del Resguardo Indígena de Túquerres, quien previamente había sido víctima de amenazas y hostigamientos reiterados. Asimismo, fueron asesinados los comuneros indígenas Marco Antonio Nasner, quien se desempeñaba como su escolta, y Héctor Alfredo Basante, su conductor. Estos crímenes, dirigidos contra autoridades y miembros de la comunidad que participaban en la defensa de los derechos territoriales, dan cuenta de un patrón de violencia y persecución contra el pueblo indígena de Los Pastos, orientado a debilitar sus procesos organizativos y la recuperación de tierras.
A estos hechos de violencia se sumaron los asesinatos de Luis Alfredo Erazo, ocurrido el 20 de noviembre de 1996; Vicente Alirio Estrada, quien se desempeñaba como regidor encargado de los asuntos de tierras, y de su sobrino Wilson Homero Benavidez, ambos asesinados el 17 de septiembre de 1997; así como el de Pedro Vicente Urbano, gobernador suplente de Gerardo Estrada, perpetrado el 31 de diciembre de 1999. Estos crímenes hicieron parte de una serie de ataques dirigidos contra integrantes de la comunidad indígena de Los Pastos, quienes, desde sus distintos roles, defendían los derechos de su pueblo y participaban en los procesos de recuperación del territorio.
En marzo de 1999, se inició un proceso judicial contra dos de los sindicados, en el que se practicaron diligencias de indagatoria en el caso del asesinato de Gerardo Estrada, Marco Antonio Nasner y Héctor Alfredo Basante, sin que se les impusieran medidas de aseguramiento a los presuntos victimarios. Posteriormente, mediante la Resolución No. 66 del 26 de mayo de 2011, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, dispuso continuar con la investigación de los hechos. No obstante, en enero de 2012, la Fiscalía decidió cerrar el proceso a favor de los dos investigados por el homicidio agravado, aunque inicialmente se ordenó continuar la investigación en etapa preliminar y practicar pruebas testimoniales y documentales; en agosto de ese mismo año, la Fiscalía 13 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos profirió una resolución inhibitoria. Esto significó que la Fiscalía se abstuvo de continuar con el esclarecimiento de los hechos y de adoptar una decisión de fondo sobre el caso. Esta determinación constituyó un obstáculo para el avance de la investigación y profundizó la falta de respuesta judicial, afectando los derechos de las víctimas y sus familias a conocer la verdad, acceder a la justicia y obtener una reparación integral.
Tras siete años de los hechos, la Fiscalía 45 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos -DECVDH- retomó el análisis jurídico del caso y estudió la posibilidad de calificar como crímenes de lesa humanidad los homicidios del gobernador indígena, su escolta y su conductor. En el expediente penal encontró elementos que permitían considerar que estos asesinatos no constituían hechos aislados, sino que se inscribieron en un contexto de violencia sistemática contra la comunidad indígena del pueblo de Los Pastos, cuyos integrantes fueron perseguidos por su liderazgo, la defensa de sus derechos colectivos y sus reivindicaciones territoriales.
Sin embargo, pese al reconocimiento de estos hechos como crímenes de lesa humanidad, han transcurrido 30 años sin que se haya logrado la condena de alguna de las personas responsables de estos homicidios. Durante estas tres décadas, las víctimas y sus familias han continuado exigiendo que se esclarezca plenamente la verdad sobre lo ocurrido, se identifique a los responsables materiales e intelectuales y se avance en su investigación y sanción. No basta con que estos crímenes se reconozcan en términos generales como parte de un patrón de violencia; es necesario que ese reconocimiento se traduzca en avances concretos en la justicia, que permitan conocer las circunstancias en que fueron perpetrados, las razones detrás de los ataques y los intereses que buscaban silenciar el liderazgo y la defensa del territorio del pueblo indígena de Los Pastos.
A 30 años de estos hechos, desde Humanidad Vigente seguimos dando luz a la memoria de las víctimas, reivindicando sus vidas, sus liderazgos y su compromiso con la defensa de los derechos de su comunidad. Contribuir al reconocimiento de estos crímenes también hace parte de la búsqueda de memoria y justicia, pues permite visibilizar lo ocurrido, dignificar a quienes fueron asesinados y mantener vigentes las exigencias de sus familias y comunidades. Este ejercicio de memoria debe aportar a la construcción de paz, fortaleciendo el compromiso colectivo para que estos hechos no se repitan y para que la violencia nunca vuelva a silenciar a quienes defienden sus derechos y su territorio. Recordar también es exigir que estos crímenes no queden en la impunidad.