Violencia contra la niñez y la juventud en Arauca por su vinculación al conflicto

En el departamento de Arauca persisten las graves violaciones de Derechos Humanos como consecuencia de la violencia sociopolítica y el conflicto armado, afectando gravemente a la población civil. Organizaciones sociales, movimientos y medios alternativos han denunciado que la militarización en la región y la poca presencia del Estado en materia de programas sociales y bienestar han propiciado múltiples afectaciones directas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes por su vinculación en la guerra.

La vinculación de menores de edad en Colombia constituye un crimen de guerra y una grave violación de derechos humanos, pues invalida la dignidad y las garantías fundamentales por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Un agravante es la vinculación que hace el Ejército Nacional, no solo a través del servicio militar y las “batidas” -las cuales son ilegales y se ha venido denunciado su regreso^[1]–, sino también mediante acciones cívico militares en las que los involucra junto a sus familias.

La creación de programas de formación, talleres, charlas y actividades que “buscan beneficiar” niñas, niños y sus familias por parte del Ejército Nacional^[2], en zonas de conflicto, solo pone más en riesgo sus vidas. Este tipo de acciones cívico militares formativas deben estar apartadas de la comunidad en general pues los pone en riesgo ante posibles represalias o un ataque armado; tal como sucedió en la sede ‘Semilleros de Paz’ de la institución educativa José Odel Lizarazo de Saravena, Arauca, en la que detonaron dos artefactos explosivos, dejando herida a una niña y afectando a 70 estudiantes que se encontraban en el lugar^[3].

A esta situación se suman las afectaciones a las comunidades étnicas y la crisis migratoria vivida en distintos municipios del departamento, pues adolescentes y jóvenes indígenas y venezolanos, están siendo atraídos por grupos armados ofreciendo poder y dinero para ayudar económicamente a sus familias en Colombia y Venezuela^[4]. Eso sin contar la falta de garantías, pues tanto adolescentes y jóvenes que se logran desvincular terminan siendo revictimizados por el Estado, estigmatizados por la sociedad, viven desplazamientos forzados junto a sus familias y en la mayoría, simplemente se ven siguen siendo silenciados^[5].

La Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra”, organización regional de Derechos Humanos, denunció que durante el último mes han documentado 29 asesinatos en los que han perdido la vida 29 habitantes de la región de Arauca, en su mayoría jóvenes. Solo el 24 de agosto se registró el asesinato de tres personas, dos de ellas, jóvenes de 15 y 16 años de nacionalidad venezolana. Un día después, se registró el asesinato de un hombre en la zona de Tame y otro en la zona de Saravena^[6].

El incremento de adolescentes y jóvenes asesinados no solo es producto del conflicto armado, sino de su vinculación directa y forzada a acciones de guerra y cívico militares las cuales están proscritas por el derecho interno, el derecho internacional de los derechos humanos y el DIH. Por eso, reiteramos y apoyamos el llamado de las organizaciones sociales y de derechos humanos de Arauca, en la exigencia al Estado colombiano de cumplir con su deber constitucional y convencional de ser garante de los derechos de los niños, niñas, jóvenes, y su responsabilidad con la construcción de paz en los territorios y en el país.

Pronunciamiento Joel Sierra

^[1] https://www.contagioradio.com/acooc-denuncia-regreso-de-batidas-y-reclutamiento-ilegal-del-ejercito-en-bogota/

^[2] https://www.cgfm.mil.co/es/blog/fuerzas-militares-e-instituciones-publicas-se-unieron-para-beneficiar-2150-habitantes-de

^[3] https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/569709

^[4] https://migravenezuela.com/web/articulo/riesgo-de-reclutamiento-que-viven-los-ninos-migrantes-en-la-frontera-de-arauca/1590

^[5] https://arauca.estoyenlafrontera.com/frontera/factores-de-riesgo-los-que-estan-expuesto-los-ninos-en-el-marco-del-conflicto-armado

^[6] Casos documentados por la Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra” – PDF