Víctimas del Planchón, 23 años esperando verdad, justicia y cumplimiento del Estado
El 5 de julio de 1998, alrededor de dos centenares de integrantes de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada – ACMV -, llegaron al municipio Cumaribo, Vichada, específicamente a la vereda Puerto Oriente. En su incursión, en el río Vichada, dispararon contra varias personas que se encontraban en un planchón cruzando de un lado a otro, asesinando a 12 de ellas y un subregistro de muertos y heridos indeterminados, ya que los cuerpos fueron arrojados al río. Dentro de las víctimas mortales, se encontraron tres miembros de una misma familia, dos adolescentes de 14 y 15 años, junto a su madre.
La violenta arremetida y comisión de estos hechos en contra de la población civil del Meta y Vichada, formaron parte del proyecto de expansión paramilitar en las regiones, en complicidad con miembros de la Fuerza Pública. Precisamente, uno de los hallazgos del informe ‘El llanto del arpa’[1], fue que la expansión y consolidación paramilitar en la región se dio gracias al papel del Estado en la creación de estos grupos y la falta de medidas de control y desmantelamiento de los mismos.
De igual forma, en el año 2008, José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, quien fue jefe de las ACMV, aceptó su responsabilidad en la masacre del Planchón, en la que también incluyó a Rafael Salgado, alias ‘Águila’, segundo al mando de este grupo armado. Durante la versión libre ante la Fiscalía, Linares identificó a algunas de sus víctimas a quienes acusaban de haber sido colaboradores de la guerrilla del frente 39 y 16 de las FARC. Acusaciones negadas por familiares de las víctimas.[2]
Por estos hechos, y luego de la larga espera de las víctimas, en el 2016, en sentencia del Consejo de Estado, se declaró la responsabilidad agravada de la Nación – Ministerio de Defensa – y Ejército Nacional, por las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho Internacional Humanitario, por el homicidio de la señora Martínez y sus dos hijos de 14 y 15 años. En el fallo se confirmó que la masacre del Planchón formó parte de la expansión paramilitar en el departamento del Meta y Vichada en 1997 y 1998.
La misma sentencia ordenó como medidas de justicia restaurativa que la Nación y sus entidades condenadas, cumplan con: “Publicar la presente sentencia, en un término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la misma, en el Diario Oficial”; “Ordenar a las entidades demandadas establecer un link en sus páginas web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia durante un período de seis (6) meses que se contará desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en las páginas web institucionales”; entre otras medidas que buscan la reparación simbólica.
Sin embargo, a más de 23 años de ocurrida la masacre y de casi 5 años de haber salido la sentencia del Consejo de Estado a favor de la familia Martínez, la Nación – Ministerio de Defensa – y Ejército Nacional, no se ha cumplido con lo ordenado por esta, pese a existir un plazo claro de ejecución de seis meses y a las múltiples peticiones que hemos realizado como organización defensora de derechos humanos y representante judicial de una de las familias víctimas. Por tal razón, exigimos a las entidades condenadas que se priorice el cumplimiento de la sentencia debido al tiempo transcurrido desde que se ordenó y a la gravedad de los hechos, pues los familiares de las víctimas aún esperan ser reparados integralmente, por parte de un Estado negacionista e indolente.
[1] https://humanidadvigente.net/informe-documenta-papel-de-la-fuerza-publica-en-masacres-paramilitares-en-el-meta-y-vichada/
[2] https://verdadabierta.com/guillermo-torres-acepta-masacre-del-planchon/