Víctimas de Mapiripán 25 años a la espera de una reparación integral
Han pasado 25 años desde que miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC iniciaron una incursión armada desde San José del Guaviare rumbo a Mapiripán, como estrategia de expansión paramilitar en el Meta, liderada por Carlos Castaño. A su paso torturaron, asesinaron y desaparecieron alrededor de medio centenar de habitantes de las veredas y el municipio. Sin embargo, el total de víctimas es incierto, pues muchos de los cuerpos fueron arrojados a los ríos para que nunca fueran encontrados.
Las víctimas de Mapiripán siguen esperando verdad, justicia y una reparación integral, y aunque con el pasar de los años, han recibido señales que podían ilusionarlos con alcanzar la reparación, lo cierto es que ante el tratamiento que le ha dado el Estado a las familias de las víctimas, ese anhelo aún parece ser una utopía. Si bien, el 7 de mayo del 2013, el Tribunal Administrativo del Meta emitió una sentencia en la que se declara responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional por los hechos ocurridos en Mapiripán entre el 14 al 20 de julio de 1997, fecha en la que ocurrió la masacre, a día de hoy, las víctimas siguen a la espera del que el Ministerio de Defensa pague la indemnización que reconoció el Tribunal.
A día de hoy, son más de 9 años de haberse declarado la responsabilidad del Estado y aún no se ha cumplido con la reparación a las familias de las víctimas. Es el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional quienes deben hacer la reparación y pagar lo ordenado en la sentencia. No obstante, en 2021 la Policía solo se limitó a responder que no es posible dar una fecha de cumplimiento ya que tienen un retraso de 60 meses. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha generado falsas ilusiones sobre el pago de la indemnización, pues el 15 de abril del 2019, el Ministerio indicó que la fecha probable de pago era para el segundo semestre del año 2021, lo que trajo altas expectativas para los beneficiarios de la sentencia; expectativas que no se cumplieron pues el pago se aplazó nuevamente.
Ante esta negativa se radicó un nuevo derecho de petición por cada uno de los núcleos familiares como un símbolo de rechazo y protesta por el incumplimiento del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. La respuesta a esto fue repetir la imposibilidad de dar con exactitud una fecha de pagos ya que se encontraban haciendo otros pagos; sin embargo, el turno que indican en el que estaban era diferente. En este mismo escenario, una de las víctimas radicó una nueva petición a la que el Ministerio respondió indicando que los turnos del 2016, serían cancelados en el primer semestre de 2022, lo cual, hasta el momento no se ha visto reflejado.
Siguen y siguen pasando los años mientras las víctimas continúan a la espera de que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, dado que Mapiripán sigue siendo un municipio azotado por la violencia y el paramilitarismo. Para algunos familiares el tiempo ya ha acabado pues cinco de ellos ya han fallecido esperando justicia y con expectativas creadas por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, las cuales hoy desconocen. No se puede seguir jugando con las víctimas y se debe avanzar en cumplir con lo ordenado en la sentencia para alcanzar una verdadera paz y reconciliación.