Víctimas de la masacre de Mapiripán son agredidas verbalmente y amenazadas por exigir su derecho a la verdad a la justicia, y a un juez imparcial.
El viernes 28 de febrero de 2014 los familiares víctimas de las masacres de Mapiripán convocaron y realizaron un plantón en la plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá. Las víctimas exigían al General Uscátegui que cuente la verdad, sobre que otros altos mandos militares contribuyeron a la perpetración de los crímenes cometidos por un grupo de más de 200 paramilitares provenientes de los departamentos de Córdoba y Urabá al departamento del Meta en connivencia con el ejército nacional; exigiendo además, la renuncia del presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia magistrado Fernando Alberto Castro Caballero, al considerar que no es un juez imparcial e independiente, en razón a la hoja de vida del magistrado, quien años atrás fuera abogado defensor del fallecido zar de las esmeraldas Víctor Carranza. Para las víctimas esto afecta gravemente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y ante todo a las garantías de no repetición de crímenes de Estado.
En el desarrollo de esta jornada las víctimas y sus abogados acompañantes fueron agredidos verbalmente con injurias y señalamientos contra ellos, por parte de familiares del General Uscátegui, entre ellos su hija y su hijo José Jaime Uscátegui, el cual adelanta campaña política como candidato a la cámara de representantes de Bogotá por el partido conservador, quienes estaban acompañados por algunos de sus compañeros de campaña y esquema de seguridad, los cuales de manera irrespetuosa invadieron y sabotearon el espacio en el cual las víctimas estaban realizando el plantón.
La comitiva que acompañaba al candidato Uscátegui profirió amenazas contra la vida e integridad de los manifestantes, y miembros de las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañaban el plantón de las víctimas. A uno de estos acompañantes le dijeron: «si sigue arengando lo vamos a quebrar». Estas agresiones y amenazas fueron puestas en conocimiento de una representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien también hizo presencia en el evento convocado por las víctimas.
Las víctimas trajeron una Carta Abierta dirigida a los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la que solicitan la renuncia del magistrado FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, y al momento de ir a radicarlo ante la Secretaría de esa corporación, de manera insólita e irregular, no les fue recibida la misiva, por parte del funcionario encargado de la Secretaría, quien les manifestó que no la podía recibir por orden expresa del presidente de la sala de casación penal de la Corte.