Tres años de audiencias fallidas en caso de ejecución extrajudicial

Casa donde vivía el campesino

El pasado 11 de abril de 2016 estaba programada la continuación del juicio oral contra los militares implicados en la ejecución extrajudicial del campesino Aicardo Ortiz Tobón, fecha que fue fijada desde Octubre de 2015. Sin embargo, nuevamente fracasó debido a  reiteradas situaciones irregulares que se vienen presentando desde hace tres años.

En el proceso que se adelanta contra los soldados profesionales y regulares que participaron en la ejecución extrajudicial del campesino de 59 años Aicardo Ortiz, no ha sido posible culminar la etapa de juicio oral después de seis años de iniciado, a pesar  que desde marzo de 2013 lo único que falta es la presentación de un testigo solicitado por la defensa de los militares y los alegatos finales.

Desde diciembre de 2013, este proceso judicial se encuentra en cabeza del juez primero especializado de Antioquia y  todas las audiencias programadas por éste  han sido fallidas debido a  situaciones irregulares que han venido dilatando el proceso: cambios de abogados de la defensa, traslados de los procesados de una guarnición militar a otra, sin que sea informado el despacho judicial e incluso desacatando la orden de no trasladarlos y, no conducción  de los procesados por parte del Inpec al lugar de la audiencia.

“…señor Juez como se dice popularmente yo a esta audiencia aterricé en paracaídas y no conozco ni los elementos materiales de prueba, porque hasta el viernes me dijo el coordinador de gestión de la Defensoría que tenía este caso(…)”,   fueron las palabras con que el defensor público de uno de los procesados se presentó a la diligencia,  del 11 de abril solicitando el aplazamiento de la audiencia citada con seis meses de anticipación.

 El funcionario de la Defensoría advirtió además que el 30 de junio acaba su contrato, lo que significaría que si la Defensoría Pública no le renueva el contrato o éste decide no continuar, nuevamente se debe aplazar la audiencia, dando lugar no solo al entorpecimiento del buen curso del proceso, sino también a la libertad de los militares implicados en este crimen, por vencimiento de términos.

Además, los militares procesados que se encuentran en una guarnición militar en Bogotá, tampoco fueron trasladados a la ciudad de Medellín donde se realiza el juicio,  excusándose  vía correo electrónico, en que no había disponibilidad de  cupos en las aerolíneas para trasladarlos, pese a que las audiencias se programan con  seis meses de antelación, y con este mismo tiempo se ordenó al Inpec el traslado de los procesados.   

A dicha audiencia tampoco compareció el testigo solicitado por  la defensa,  Coronel Wilson Ramírez Cedeño, quien para la época de los hechos fungía como comandante del Batallón al que estaban adscritos los implicados, y quien actualmente se encuentra recluido en una guarnición militar, en razón de una condena que le fue impuesta por otro caso de ejecución extrajudicial.

En este caso de ejecución extrajudicial ocurrida el 8 de julio de 2008 ya existen tres condenas en firme, dos ellas por preacuerdos realizados por el comandante del Pelotón Aguerrido 3 que planeó y ejecutó el crimen, y uno de los soldados que participó. La otra condena se emitió en contra del civil que señaló a la víctima y condujo a la tropa hasta su casa donde fue asesinado.

La comisión del delito de la ejecución extrajudicial  es una práctica que ha sido condenada por la sociedad colombiana e internacional, este crimen que continúa dejando victimas en el país, debe propiciar en el sistema de justicia una atención especial dada la gravedad de los hechos, por tal motivo las victimas manifiestan su inconformidad por el actuar de la administración de justicia que no toma medidas correctivas para evitar que estas situaciones irregulares se sigan presentando.   Incluso cuando la delegada de la Fiscalía solicitó que para la próxima audiencia el 5, 6 y 7 de julio de 2016, se utilizaran medios virtuales para garantizar la participación de los procesados, el juez señaló que entonces aplazaría aún más la fecha ya que se requería al menos de tres meses para que se pudiera contar con esos medios tecnológicos para hacerlo.

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