Tras seis años del 21N, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y garantías de reparación

El 21 de noviembre de 2019 (21N) marcó un precedente histórico para el país, dando inicio a una serie de movilizaciones y a lo que se conocería posteriormente como el “estallido social”. Trabajadores, sindicatos, comunidades, movimientos, estudiantes y principalmente jóvenes se manifestaron en contra del incremento de asesinatos de líderes sociales e indígenas, además de una serie de medidas que pretendía impulsar el Gobierno del ahora expresidente Iván Duque, las cuales afectarían la economía y la educación de los colombianos[1].

Hoy, el 21N es recordado como un punto de inflexión entre el deber del Estado por garantizar la paz y la vida digna y las crecientes demandas de amplios sectores de la población históricamente excluidos y sometidos a condiciones de existencia críticas y permanentes violaciones de derechos humanos.

Las voces de inconformidad y las acciones de protesta fueron atendidas con estigmatización, judicialización y la violencia letal del Estado. La justicia con pocos o nulos avances en lo que se refiere a garantías para miles de víctimas de asesinatos, torturas, lesiones oculares, agresiones sexuales y otras formas de violencia policial; actuó con inusitada celeridad y desproporción, encarcelando a más de un centenar de manifestantes, en medio de procesos judiciales que constituyen verdaderos montajes judiciales.

Y es que, el exconcejal Carlos Carrillo ya denunciaba que, en el marco de estas protestas, el antiguo Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD, ahora denominado como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden – UNDEMO, había dejado 62 heridos, 9 casos de lesiones oculares y un asesinato. Además, en el lapso de un mes, es decir, hasta el 22 de diciembre de 2019, fueron capturadas cerca de 12.000 personas aplicando la figura de “traslado por protección”, de las cuales solo 872 se encontraban participando de las jornadas de movilización[2], lo que significa que poco más del 92% de las capturas no tenían una relación con las protestas, en otras palabras, persecución, violencia y abuso policial.

Cifras que se han robustecido con los años, aunque no dejan de ser un subregistro. Durante la audiencia pública “Garantías y Derechos Humanos de las personas judicializadas en el marco de la protesta social” en el Congreso de la República, el familiar de una víctima de homicidio de la Fuerza Pública durante las jornadas de movilización iniciadas en noviembre, indicó que durante 2019 hubo 46 violaciones a los derechos humanos, cinco asesinatos, 11 tentativas de homicidio, 10 mutilaciones oculares, 30 detenciones arbitrarias y torturas crueles, perpetradas presuntamente por miembros de la Policía y el ESMAD[3].

Durante la misma audiencia, José Garzón de ‘La Justicia es la Verdad’[4], anunció que se había entregado un informe en el que se tenía un subregistro, ya que pueden ser más, de alrededor 171 personas asesinadas presuntamente por fuerza pública, más de 278 tentativas de homicidio y más de 693 personas detenidas arbitrariamente[5].Esta información y las formas de actuar de los miembros de la Policía identificadas en informes de organizaciones de víctimas y familiares, primero, reflejan las formas de control a través de detenciones masivas y de la violencia, las cuales se instalarían, extenderían y profundizarían en las protestas que vinieron los siguientes años, y, segundo, se han reconocido como subregistros o estimaciones preliminares porque el Estado no ha publicado un registro robusto que consolide información verificable sobre estos hechos.

Y es que pese a haber pasado más de media década, en materia institucional, el panorama es complejo. Al margen de lo grave de los hechos y un sinfín de promesas incumplidas, aún no existen mecanismos eficaces de seguimiento ni sanción real a los victimarios. En la práctica, los avances judiciales concretos son pocos o nulos; las detenciones arbitrarias no investigadas, los procesos sin garantías, y la continuación del uso de imputaciones desproporcionadas persisten. Así, quienes participaron en la movilización siguen enfrentando procesos penales o están impunes las agresiones que sufrieron.

El nivel de impunidad frente a estos hechos ha sido tan alto y evidente que la misma Comisión de la verdad señaló que las protestas de 2019-2021 demandan un reconocimiento de las víctimas, de verdad, de justicia y garantías de no repetición[6]. Sin embargo, dicha Comisión se encuentra en trámite de decreto por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, el cual fue publicado en septiembre de este año para recibir comentarios y que, en caso de avanzar, se conformaría por un comité adscrito al Ministerio del Interior con el fin de investigar casos no solo del “estallido social”, sino hacer una revisión desde 1999[7].Seis años después del 21N, queda claro que persiste una deuda enorme en materia de justicia por parte del Estado para con las víctimas de la violencia policial y la represión. Las conmemoraciones poco a poco pierden sentido, pues las víctimas están en un completo abandono institucional, la justicia no actuó contra los victimarios, pero sí lo hizo contra quienes protestaban, lo cual exige por parte del Estado asumir acciones concretas, viables, reales y efectivas. El 21 de noviembre de 2019 fue, y sigue siendo, un llamado de la ciudadanía a la justicia, el cual sigue sin ser escuchado.

[1] https://cambiocolombia.com/pais/articulo/2024/11/cinco-anos-del-21n-el-paro-nacional-que-fue-semilla-del-estallido-social-de-2021/

[2] https://concejodebogota.gov.co/bogota-es-la-ciudad-del-pais-con-mas-muertos-a-causa-del-esmad/cbogota/2020-02-10/081023.php#:~:text=En%20el%20marco%20de%20las%20protestas%20del%2021N%20el%20ESMAD,lesiones%20oculares%20y%20un%20asesinato.

[3] https://www.youtube.com/live/HrR8RjVgmCs

[4] Una iniciativa que agrupa a más de 30 organizaciones de víctimas y familiares de víctimas de la represión estatal durante el Estallido Social entre 2019 a 2021

[5] Ibíd

[6] https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/ElPuebloEnLasCalles.pdf?utm_source

[7] https://www.elcolombiano.com/colombia/comision-verdad-investigara-estallido-social-abuso-policial-FJ29201488