SOS Por la vida de los líderes, lideresas y comunidades campesinas del Catatumbo

Humanidad Vigente Corporación Jurídica, hace un llamado urgente al Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez a garantizar la vida y la permanencia en el territorio de las personas lideres/as sociales, defensoras de derechos humanos que integran  los  procesos sociales campesinos del Catatumbo  y que hacen parte del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) y la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), quienes a raíz de la crisis humanitaria que se presenta en la región, vienen siendo víctimas de señalamientos, estigmatización, perfilamiento y desplazamientos forzados por parte de actores armados.  

Quienes defienden los derechos humanos en el territorio y forman parte de estos procesos son líderes y lideresas sociales que han interlocutado con los gobernantes por los derechos del campesinado del Catatumbo, advirtiendo y denunciando situaciones de riesgo que no son atendidas. El Catatumbo es una región que desde hace años viene denunciando una situación de crisis humanitaria que se ha agravado con la situación de orden público que hoy afronta, y que requiere de acuerdos humanitarios con los grupos armados que están en confrontación para dar alivio a la emergencia humanitaria; además de que el Gobierno nacional suscriba y de cumplimiento al Pacto Social para la Transformación territorial del Catatumbo,  a través del cual contribuirá a la superación de la crisis humanitaria, avanzando en una solución dialogada al conflicto social y armado con la participación activa de los procesos y liderazgos sociales del territorio.

Lanzamos un SOS al Gobierno nacional para que atienda el clamor del pueblo catatumbero expresado en la Declaración Política que fue presentada en el marco de la Sesión Humanitaria llevada a cabo el pasado 4 de febrero, en la que las organizaciones sociales de la región demandan:

1. Llamado a desescalar el conflicto armado y al cese de hostilidades.
2. Exigir la implementación de mecanismos de protección a la población civil.
3. Acatar los 7 mínimos humanitarios y el Acuerdo Humanitario para el Catatumbo.
4. Desarrollar acciones humanitarias inmediatas tales como retornos dignos, seguros, colectivos y con garantías, comisiones de verificación y corredores humanitarios, entre otras.
5. Exigir al gobierno nacional atención urgente a la crisis humanitaria.
6. Poner en marcha la Comisión Humanitaria en respuesta a la carta de las organizaciones sociales del 19 de enero de 2025, a los actores en confrontación.

El estado de conmoción interior y la militarización del territorio, no puede ser la respuesta. Insistimos en que el diálogo es el camino para avanzar en la solución política de los conflictos. Instamos a los actores armados a respetar y garantizar el principio de distinción y la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos garantizando su derecho a la libertad y movilización para el desarrollo de su trabajo social, político y humanitario.

Llamamos a las autoridades de carácter local, municipal, departamental y nacional, a atender de manera oportuna, las denuncias que vienen realizando las organizaciones campesinas y a adoptar todas las medidas humanitarias necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a los procesos sociales y campesinos del Catatumbo, cuya vida y permanencia en el territorio está fuertemente amenazada.