Sigue el genocidio contra líderes/as sociales ante la mirada cómplice del Estado y el gobierno de Iván Duque
#SerLíderSocialNoEsDelito
El Estado colombiano y el Gobierno de Iván Duque siguen faltando a su deber legal, constitucional y convencional de proteger al liderazgo y movimiento social. Nuevamente la connivencia de autoridades y fuerza pública permiten el vil asesinato de dos líderes históricos en otra región del país – Magdalena Medio-, que como a otros y otras les costó la vida la reivindicación y defensa de la vida digna, la defensa del territorio, los derechos humanos y construcción de paz con justicia social e inclusión. La violencia en contra del liderazgo y el movimiento social se sigue incrementado a través de la estigmatización, amenazas, hostigamientos, atentados terroristas, desplazamientos, persecución y montajes judiciales y asesinatos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz, solo en el primer mes de este año se registraron 14 líderes y lideresas sociales asesinados[1], cifra que ha seguido aumentando y que sin siquiera haber finalizado el segundo mes, se duplicó, a la fecha asciende a 30 asesinatos[2], en los que se suman las muertes de Teófilo Acuña y Jorge Tafur, y a esto se suma también los 305 firmantes de paz, desde 2016.
Teófilo Acuña y Jorge Tafur se desempeñaban como como voceros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del César, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes, Jorge, además era miembro de la recién elegida Junta Nacional del CNA[3]. Según denunció el Coordinador Nacional Agrario – CNA, Teófilo venía siendo víctima de estigmatización y un montaje judicial por parte de la Fiscalía y la Policía, las cuales lo señalaron públicamente como parte de un grupo insurgente, poniéndolo en grave riesgo. Los líderes estaban representando a su comunidad y trabajando con ella en la recuperación de tierras despojadas por parte de paramilitares en el Sur de Bolívar y, recientemente habían denunciado las amenazas, hostigamiento y agresiones que sufrieron los campesinos en sus parcelas por parte de Wilmer Díaz -hijo de un terrateniente-, junto con hombres armados. Todo esto bajo la omisión y connivencia de la autoridad local y la policía[4].
Estos hechos ocurridos en Magdalena Medio no son aislados a la crisis que se vive en diferentes territorios de Colombia como en Arauca, Cauca, San Juan o el Sur de Bolívar, se articulan a una práctica recurrente de exterminio y persecución a quienes se oponen a planes de despojo; a quienes luchan por el bienestar de las comunidades, la defensa y permanencia en los territorios y los derechos humanos; a quienes trabajan por la construcción de paz; a quienes denuncian la corrupción y complicidad de entes del Estado y gobierno con grupos ilegales y narcotraficantes; a quienes ejercen el derecho a la protesta contra el mal gobierno. Teófilo lo advirtió cuando expresaba: “quieren acabar con el movimiento social, con el defensor y defensora de derechos humanos, quieren acabar con el líder, la lideresa (…) aquí el proyecto es asesinarlo a uno, para que se calle”[5].
El Estado es responsable por acción y omisión de la muerte de Teófilo y Jorge, pero también de todas las personas que en un intento por apostarle a la paz con justicia e inclusión social han perdido la vida. Condenamos y repudiamos el asesinato de estos dos líderes sociales, defensores de derechos humanos, del campesinado y del territorio en la zona del Magdalena Medio. Manifestamos nuestras condolencias y solidaridad con sus familias, con el Coordinador Nacional Agrario y Congreso de los Pueblos, con las comunidades del Magdalena Medio, y en general con el movimiento social, quienes ante la negligencia del Estado colombiano y la permisividad de un Gobierno que no ha buscado poner fin al conflicto, siguen siendo víctimas de la violencia y el genocidio continuado.
Al gobierno nacional le exigimos desmilitarice los territorios y adopte medidas concertadas y efectivas para las garantías y la protección del movimientos social y sus liderazgos. A la Fiscalía y órganos de control adelanten de manera diligente las investigaciones que esclarezcan quienes están detrás de esta sucesión de crímenes, tanto autores materiales como intelectuales, de modo que contribuya a cesar la impunidad que ha perpetuado el Estado. Respaldamos el llamado social a desescalar la violencia enseñada en contra de las comunidades rurales, pueblos étnicos y campesinos. Solicitamos el acompañamiento a las familias y comunidades por parte de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, a la comunidad internacional en Colombia se pronuncie enérgicamente contra esta práctica genocida que se comete sin que el Estado haga algo por detenerla.
[1] https://twitter.com/Indepaz/status/1488456101788102658?s=20&t=JdCoaW9BIO6i8mNVaMv8mA
[2] https://twitter.com/Indepaz/status/1496500409275461640?s=20&t=JdCoaW9BIO6i8mNVaMv8mA
[3] https://twitter.com/CNA_Colombia/status/1496320594534670338?s=20&t=aAWAq7SUBdxD-iKe_QLnlA
[4] https://twitter.com/CNA_Colombia/status/1496322501504344065?s=20&t=aAWAq7SUBdxD-iKe_QLnlA
[5] https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1496480015936065542