“¿Cómo se va a alimentar el fondo de tierras para que haya tierra?”: David Uribe

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Entrevista al abogado defensor de derechos humanos David Uribe, sobre el decreto 902 del 2017, uno de los puntos estructurales del Acuerdo de Paz firmado entre la extinta guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos, al que la Corte Constitucional le dio el visto bueno el pasado mes de julio.

¿Cuál es la importancia del decreto 902?

La Reforma Rural Integral propuesta en el Acuerdo de Paz plateaba dos grandes componentes, uno orientado a los temas tradicionales de tierra y territorio, que son básicamente los problemas de uso, acceso y tenencia de la tierra. Responde a las preguntas: a qué se dedica la tierra, quién tiene la tierra productiva del país, bajo qué titularidad la tiene, y cómo la gente que no tiene puede acceder a ella, los cuales fueron los problemas clásicos agrarios del siglo pasado.

El otro componente se refiere a todo el equipamiento territorial que se requiere para que la producción campesina pueda ser viable, todo lo que es infraestructura, créditos, etcétera; que es lo que se intenta establecer a través de los PDET que buscan re establecer socioeconómicamente los territorios afectados por el conflicto armado. Entonces este decreto 902 es muy importante porque intenta materializar la primera parte del acuerdo específicamente con el fondo de tierras y con el acceso a tierras para población vulnerable.

¿Cuál es el alcance esperado del decreto 902 para reducir las brechas estructurales entre lo rural y lo urbano?

La concentración de la propiedad de la tierra en Colombia es uno de los principales generadores de la violencia, porque hay mucha tierra en pocas manos y muchas manos sin tierra; en parte lo que proponía el acuerdo era un fondo de 3 millones de hectáreas para otorgárselas gratuitamente a campesinos,  y formalizar otros 7 millones de hectáreas, que es básicamente sanear la propiedad que muchos campesinos tienen sin título. Cumplir estas dos metas representaría un alivio estructural a la problemática de la tierra en el país.

Pero la problemática de la tierra no es tanto la definición de la norma, sino básicamente de donde va a salir la tierra, la pregunta es ¿cómo se va a alimentar el fondo de tierras para que haya tierra disponible? y esa pregunta está atravesada por problemáticas nacionales como la ley ZIDRES, ya que esta ley habilitó que los baldíos de la nación sean concesionados para hacer grandes proyectos agroindustriales y el Decreto 902 en últimas se sintoniza con las ZIDRES,  porque insiste en la posibilidad de que baldíos sean adjudicados a otro tipo de personas diferentes a la población campesina y vulnerable como estaba contemplado al principio.

El hecho de que la Corte tumbara el artículo 78 ¿podría llegar a saturar el sistema judicial?

Un poco lo que planteaba el acuerdo es que esos procesos agrarios terminaran en manos de una jurisdicción más independiente, porque el que pone el director de la Agencia Nacional de Tierras es el Gobierno. La idea era que se pudiera agilizar este tipo de procedimientos y que además diera todas las ventajas contradictorias que tiene un juicio y no una actuación administrativa que es lo que hace la ANT, porque uno con juez puede tener más espacio para presentar memoriales y demás, mientras que desde lo administrativo se hace autónomamente.

Entonces dentro del acuerdo se planteaba una propuesta de jurisdicción agraria, pero digamos que eso es la problemática de hacer una implementación parcializada y fragmentada, porque el Gobierno y el congreso no tuvieron la voluntad política de hacer una implementación armónica e integral de los acuerdos. El reciente fallo de Corte Constitucional ha dicho que no se puede dejar en el limbo esa jurisdicción, y como el Decreto plantea un procedimiento mixto, primero sería la ANT quien documente los casos y luego pasaría los jueces administrativos, entonces se traza un problema, un conflicto de competencias, trasladando una competencia a jueces que nunca han trabajado en estos temas civiles que venían siendo conocidos por la jurisdicción ordinaria y además le otorga muchas más funciones a una rama de la justicia que está al borde de sus capacidades. Esto, por supuesto, va a generar una alta congestión.

Pareciera que el decreto 902 va en dos vías, una materializar la Reforma Rural Integral y otra en consolidar el proyecto de la Lay ZIDRES ¿Qué opina usted al respecto?

Yo creo que hay una continuidad en todos los partidos tradicionales, que es en el impulso de desarrollo para el campo como un escenario de acumulación capitalista que materialice el interés por parte del sector industrial por la ruralidad, en el que existe un obstáculo para sus intenciones, el cual es la tierra disponible en la frontera agrícola, porque es tierra baldía y aquí hay una tradición de 100 años en que esa tierra era para los campesinos. Entonces es evidente el conflicto entre esas dos visiones; la primera, que la frontera agrícola sirva para equilibrar las condiciones de marginalidad del campesinado y la otra para los capitalistas de que ese pedacito de tierra sirva para grandes proyectos agroindustriales, que no es más ni menos que otra forma de extractivismo.

Esa pelea la ganó el gobierno de una forma bastante astuta y sobre todo con ayuda de la Corte quien avaló la ley ZIDRES que fue la primera ley que logró vencer el obstáculo de los baldíos, bajo la fórmula en que el Estado no les va entregar la tierra, sino que se las va a arrendar bajo tiempo indefinido y este decreto no se opone, sino que más bien genera seguridad jurídica a toda esta estrategia que ya esta andando.