Retos de Santos en la construcción de la Política Pública de Equidad de Género
La Liga Internacional de Mujeres por la paz y la libertad (Limpal) analizó las acciones del Estado para contrarrestar las violencias contra las mujeres.
Retos de la administración Santos en la construcción de la Política Pública de Equidad de Género: la participación social y el cambio cultural en la población colombiana
Visibilizar las brechas de desigualdad ha sido un imperativo en la medida en que facilita el reconocimiento y comprensión de los procesos de sexualización, racialización y discriminación inscritos en los cuerpos de las mujeres que se transmiten y legitiman a través de la cultura. Permite además evidenciar el reconocimiento de todas aquellas diferencias entrecruzadas en razón de la edad, cultura, orientación sexual, identidad de género, pertenencias étnico-raciales, condiciones económicas y sociales.
El presente documento se constituye pues en una revisión sobre las acciones del Estado colombiano para contrarrestar las violencias contra las mujeres y garantizar la protección de sus derechos humanos tomando como punto de partida la Constitución de 1991, contextualizándola en los avances que sobre el tema se han realizado en el mundo, y un análisis de los avances específicos del primer año de gobierno de la administración Santos.
La Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres
El reconocimiento de la equidad de género en Colombia constituye un avance que con permanente incidencia política ha alcanzado el movimiento feminista y responde a una necesidad de incluir el enfoque diferencial y de derechos en las políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno nacional, a nivel sectorial y territorial con el fin de fortalecer la capacidad institucional.
En Colombia, la Consejería Presidencial nace al inicio de la década de los 90 en un contexto de mucha precipitación y cambios políticos en medio de la Constituyente. De la misma manera, la implementación de las PPEG se adelanta, en una época en la que la deslegitimación de la función pública se encuentra en su punto más álgido debido al narcotráfico y a las medidas neoliberales que lejos de ser pacíficas -tal y como el Plan de Desarrollo del presidente Gaviria pretendía mostrar bajo el nombre La Revolución Pacífica- llevaron a la sociedad a un abismo social no esperado. Se abrió paso sin embargo, a políticas de tipo reformador en materia de planeación, autonomía local y participación ciudadana.
Sobre el tema de género se pretende visibilizar a la mujer y permitirle el acceso a todos sus derechos. Desde esta década se promovió a la mujer «como actora social y promotora primordial en el desarrollo político y cultural de la sociedad y logró hacer la distinción entre las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres y establece las responsabilidades básicas del Estado para transformar las dos»(1) siendo éste el inicio de una política pública de género como Política de Estado. Los derechos que se promovieron fueron básicamente dos: equidad de género (no discriminación) e igualdad de oportunidades (participación) tanto en el sector laboral, como en la prestación y oferta de servicios a las mujeres.
En la actualidad, el gobierno el Presidente Santos presentó una PPNG para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género en su Plan de Desarrollo «Hacia la Prosperidad Democrática 2010-2014» (Ley 1450, Junio de 2011) tras insistentes propuestas para el reconocimiento de la equidad de las mujeres en Colombia. En el artículo 177 de la Ley 1450, se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género con el fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. El principio rector de la política es el reconocimiento del enfoque diferencial a partir del cual se visibilizan la diversidad de mujeres tanto en el ámbito urbano como el rural y todas aquellas diferencias que se entrecruzan e intersectan en los cuerpos de las mujeres en Colombia.
La construcción de la política está planteada de manera participativa bajo la coordinación de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer (ACPEM). Si bien el paso de «Consejería» a «Alta Consejería», en el marco de la construcción de la Política Pública, plantea su fortalecimiento institucional y presupuestal con el fin de dar cumplimiento a los estándares internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres en Colombia, vale la pena aclarar que dicho cambio en su nombre pertenece no más que a un mero cambio nominal en tanto que sus funciones y objetivos primordiales se siguen manteniendo.
Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM)
El objetivo principal de esta PPEG es el de «fortalecer la capacidad institucional del Estado colombiano para prevenir, proteger, atender y sancionar las violencias contra las mujeres, con base en una fuente nacional de información y en evidencia científica que permita el diseño e implementación de programas y políticas diferenciales, integrales, oportunas y eficaces, desde una perspectiva de articulación interinstitucional y de coordinación con la sociedad civil, para avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres en todos los niveles territoriales».(2)
La adopción de la política establece unos lineamientos orientadores que permiten articular y dar coherencia a los principios estatales para proteger los derechos humanos de las mujeres. En tal sentido el principal eje orientador es la Ley 1257 de 2008 y sus principios de igualdad efectiva y real, respeto y cumplimiento de los derechos humanos, corresponsabilidad, integralidad, autonomía, y atención diferenciada, adicionando el principio de dignidad humana.(3)
Para ello, la Alta Consejería ha creado el Observatorio de Asuntos de Género, una de las principales herramientas para la medición y análisis de los avances en las políticas de género, así como para la elaboración de recomendaciones que contribuyan a superar las inequidades de género.
Consultas y campañas
A lo largo del año de gobierno del presidente Santos el énfasis de la política de género se ha puesto en las consultas de tipo regional y sectorial más el lanzamiento de campañas de género en todo el territorio nacional. Ambos proyectos se han convertido en los propósitos clave de la Alta Consejería para todo el 2011.
El fin último de ambas acciones, corresponde a la elaboración del documento CONPES de manera articulada con el Departamento Nacional de Planeación para que, a mediados del año 2012, se logre contar con dicho documento y con otro de tipo general sobre la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres (PPNEGM) que se encuentra actualmente en construcción(4). Se espera que el 08 de Marzo de 2012 se logre la presentación oficial de dicha política.
En este sentido, dos tipos de consultas fueron planteadas como parte del proceso deliberativo base en la incorporación de la participación de las mujeres: las Consultas Regionales y las Consultas Sectoriales.
Respecto a las Consultas Sectoriales, se espera llevar a cabo 13 eventos con mujeres pertenecientes a sectores poblacionales específicos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en curso (2011) en las ciudades de Bogotá, Cartagena y virtualmente en algunos casos. Se espera contar con la participación aproximada de 255 mujeres de diversos sectores tales como mujeres campesinas, mujeres en situación de desplazamiento, mujeres pertenecientes a la comunidad LGBT o mujeres con discapacidad, entre otros.
Si bien varias campañas han sido lanzadas a lo largo del primer año del gobierno Santos con el fin de promover los derechos de las mujeres y concientizar a la población de la discriminación de la que la mujer aun es víctima, éstas no se han realizado de una manera articulada y permanente; el énfasis de la Alta Consejería ha sido el de la realización del documento de la PPNEGM que por medio de las consultas previamente mencionadas se busca finalizar en 2012.
Política de Víctimas
La política de víctimas ha sido uno de los éxitos más importantes dentro de la visibilización de la mujer que el gobierno Santos ha adelantado. Dentro de la estructura de la Ley de Víctimas o Ley 1448, sancionada el 10 de junio de 2011, se dispone de un apartado especial dentro del capítulo 3 denominado «normas para las mujeres en los procesos de restitución». Con él se busca lograr un enfoque diferencial en el trato a las mujeres reconociendo las características particulares que ellas, en razón de su edad, género, orientación sexual y/o situación de desplazamiento, presentan. De la misma forma y gracias a dicha política diferenciadora, se acreditan medidas específicas de garantías y protección a aquellas mujeres que en situación de vulnerabilidad, requieran especial trato y atención.
Para reflexionar…
La cultura patriarcal perpetúa y legitima la violencia de género que afecta enfática y sistemáticamente a las mujeres. La desigualdad es «un problema social, cultural, político y económico para el Estado»(5). No obstante, las acciones del Estado son desarticuladas e insuficientes lo cual es un obstáculo para la protección integral y efectiva de los derechos humanos de las mujeres.(6)
Las diferencias sexuales naturales -de tipo biológico, son un hecho, razón por la cual en la vida práctica el fin de la lucha feminista no debería ser la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres puesto que somos diferentes. Sin embargo, la interpretación social que de esas diferencias se ha mantenido históricamente, se ha convertido en factor de desigualdades sociales entre el sexo masculino y el femenino, situación que a su vez permite instaurar procesos de discriminación de género. La verdadera lucha pues debe estar encaminada a que dichas diferencias no sean factor de desigualdad, sino que por el contrario, sean el camino para la búsqueda de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, siendo ésta una herramienta que permita el empoderamiento de las mismas en la búsqueda de una equidad de género.
Si bien la Alta Consejería tiene un rol importante en esta lucha, debe haber un mayor fortalecimiento institucional para garantizar la efectiva articulación de los lineamientos y principios orientadores de la política en construcción, su formulación y su aplicación. La construcción de dicha política sin embargo, no podrá llegar a su materialización sin la efectiva participación de las mujeres de base, las organizaciones de mujeres, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y de la sociedad en general. Y aunque la participación de las mujeres en la construcción de la política pública permitirá darle sentido y legitimidad a las acciones que se propone adelantar desde el Estado colombiano, sin el compromiso de la sociedad este supuesto será un imposible.
Lo anterior se convierte pues en un reto para la sociedad que debe tener la capacidad de iniciar una transformación cultural desde todas las instituciones sociales, empezando por la familia, realizar un cambio en el imaginario colectivo de índole machista así como por supuesto, contar con una lucha permanente e incansable que se sabe, requiere de tiempo y paciencia.
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(2) Ver Barragán Ávila, Fanny. (2010). Lineamientos de política pública para la prevención, protección, atención y sanción de las violencias basadas en género y contra las mujeres en Colombia. Documento de trabajo. Bogotá. Pág. 63.
(3) Comparar Ibíd., p. 64-65.
(4) Los documentos CONPES tienen como objetivo direccionar la aplicación conjunta de políticas, instrumentos y estrategias en las acciones de los Municipios, Departamento y Nación que mejoren las condiciones socio económicas de los sectores y grupos poblacionales de un territorio o región dada, y que permita desarrollar la productividad y competitividad del territorio, a partir de la eficiencia en la aplicación de los recursos técnicos y financieros. Allí radica la importancia de su elaboración. Tomado de: Alcaldía de Buenaventura. Recurso electrónico: http://www.buenaventura.gov.co/index.php?tipo=seccion&seleccion=77:conpes. Consultado el 06 de Noviembre de 2011.
(5) Ver Barragán Ávila, Fanny, Op.cit. p. 54.
(6) Comparar Ibíd., p. 54.