Rechazamos el plan militar que pretende ocultar la verdad sobre los falsos positivos y las desapariciones forzadas
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), y las organizaciones de derechos humanos y de víctimas abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación frente a la existencia de un pacto de silencio entre agentes estatales orquestado con el Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (FONDETEC), con el propósito de continuar ocultando los hechos y circunstancias que rodearon las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas y, con ello, proteger la responsabilidad de altos mandos militares implicados en estas graves violaciones a los derechos humanos.
Durante los últimos días, diferentes medios de comunicación[1] han hecho referencia a las versiones voluntarias rendidas por comparecientes de la Fuerza Pública ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que afirman haber recibido presiones por parte de FONDETEC para ocultar o tergiversar información, generando barreras al esclarecimiento de la verdad sobre la responsabilidad de integrantes del Ejército Nacional en la comisión de crímenes de lesa humanidad como los mencionados anteriormente.
Señalan los militares que FONDETEC, mediante supuestas “jornadas de pedagogía sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición a comparecientes de la JEP” los abogados adscritos a este grupo de representantes judiciales de militares ante el Sistema Integral aplicaban diferentes métodos de presión para generar temor entre los comparecientes que quisieran aportar genuinamente a la construcción de la verdad y señalar la participación de sus comandantes en las versiones voluntarias en el marco de los casos 003 y 004 referentes a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate” -ejecuciones extrajudiciales- y “Situación territorial de la Región de Urabá”, respectivamente. Estos encuentros, llevados a cabo en diferentes lugares del país, y las manifestaciones realizadas por uno de los comparecientes como “¿Qué pruebas tienen ustedes para vincular al general Montoya, comandante del ejército? se les puede voltear la situación’. Nos prevenían para no meternos con los generales” develan el interés de FONDETEC de dirigir una estrategia estructurada y generalizada de encubrir la información que versa sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales mientras protegen a los altos mandos militares.
Es necesario resaltar que en el año 2019 denunciamos el Plan No. 002811 del 13 de marzo de 2019 del Ejército Nacional, emitido por su entonces comandante Nicacio de Jesús Martínez Espinel, mediante el cual se fijaban “directrices para la construcción de una narrativa en el marco del conflicto armado”, especialmente ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad-CEV, como parte del Sistema Integral.
De igual forma, en el mes de septiembre del 2020, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, el Movice y un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos solicitamos la apertura del incidente de seguimiento al cumplimiento del régimen de condicionalidad del señor Mario Montoya Uribe después de encontrar en su diligencia de versión voluntaria estaba determinada por su interés de guardar silencio a pesar de tener el compromiso de contribuir a la verdad sobre esta práctica criminal llevada a cabo por parte del Ejército Nacional, postura que se adecúa evidentemente con la estrategia de impunidad que pretende instaurar FONDETEC.
De forma grave, aseveran los militares implicados en estas manifestaciones, que esta estrategia no solo la han implementado los abogados de los militares adscritos a FONDETEC ante la JEP, sino que ha sido una práctica recurrente en todos los escenarios de justicia donde representan a militares, diseñando rutas para impedir el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.
Así, los familiares de personas ejecutadas extrajudicialmente y los sobrevivientes de estos crímenes han enfrentado la negación de los hechos, la estigmatización pública e institucional, barreras de acceso a la justicia, dilación de los procesos de rendición de cuentas de integrantes del Ejército Nacional en medio de un plan orquestado con FONDETEC ante diferentes instancias como la Justicia Penal Militar y la Justicia Ordinaria, sin que a la fecha se conozca la verdad sobre la muerte de sus familiares y, en algunos casos, sobre su paradero.
Hemos sido testigos, durante años, de una estrategia de defensa que busca negar la sistematicidad y generalidad de las ejecuciones extrajudiciales, y con ello su carácter de política de Estado. En tal sentido, su propósito se ha basado en señalar que los únicos responsables son unos pocos, a quienes han considerado “manzanas podridas” dentro de una institución que pide a gritos una reforma.
Si bien ha sido conocido que los Magistrados de la Jurisdicción compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría con el fin no solo de establecer la identidad de quienes instauraron esta práctica, sino de investigar su conducta, las organizaciones firmantes instamos a que se lleven a cabo acciones efectivas para determinar Quién dió la Orden de atentar contra la verdad y la memoria, que constituyen presupuestos para garantizar la no repetición, en un escenario de Justicia Transicional como el que atraviesa Colombia actualmente.
Es relevante, además, que la SRVR determine si integrantes del Ejército Nacional que se encuentran compareciendo ante dicho organismo han incidido en el diseño y materialización de esta práctica, en tanto esta situación representa un riesgo para la paz y para el cumplimiento de los fines del Sistema Integral y debería, por tanto, ser sujeto de las sanciones a las que haya lugar.
La verdad es un presupuesto para garantizar la no repetición de crímenes atroces y esta se debe construir de forma plena y genuina. ¡Las víctimas de crímenes de Estado exigimos una verdad completa para Colombia!
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice
Corporación Jurídica Libertad – CJL
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda – COFB
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – MODEP
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – Andas
Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC
[1] EL ESPECTADOR. “JEP indaga sobre presuntas presiones para que exmilitares cambien sus testimonios”. Febrero 8 de 2021. Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/jep-indaga-sobre-presuntas-presiones-para-que-militares-cambien-sus-testimonios/; WRADIO. “JEP pidió investigar supuestas presiones a militares que comparecen por falsos positivos”. Febrero 8 de 2021. Tomado de: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/jep-pidio-investigar-supuestas-presiones-a-militares-que-comparecen-por-falsos-positivos/20210208/nota/4108124.aspx